Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124825
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.2. en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.3 atento a que ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose, en consecuencia, la sentencia impugnada en lo concerniente a la aplicación de la ley 26.773 (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 de San Isidro hizo lugar a la acción promovida por Ana Clara Vilche Fisher y condenó a Experta ART S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad psicológica derivada del accidente in itinere denunciado en la demanda (v. fs. 320/336 vta.).
Para así decidir, y en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, rechazó la excepción de prescripción opuesta por la accionada, ello así, pues el plazo previsto en el art. 44 de la ley 24.557 debía computarse, en los casos de las enfermedades de evolución progresiva como la de autos, desde el momento en que la trabajadora tuvo pleno conocimiento de hallarse incapacitada. Asimismo, juzgó acreditado que la minusvalía que presenta la actora guarda vinculación con el hecho padecido.
Por otra parte, y en virtud de las especiales circunstancias del caso, entendió que correspondía aplicar a los pisos indemnizatorios el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
II. Frente a lo así resuelto, se alza la parte demandada con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 2-V-2019), concedido por el a quo a fs. 357/358.
En la vía recursiva interpuesta se agravia, por un lado, del rechazo de la excepción de prescripción opuesta por su parte. En segundo lugar, impugna la aplicación de la ley 26.773 a un siniestro acontecido con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, representado por el monto de condena, no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del presente recurso, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 121.245, "Leguizamón", resol. de 16-V-2018).
III.2.a. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado y vinculados a la valoración de los hechos y las pruebas, como son la determinación del comienzo del curso de la prescripción y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al valorar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017 y L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018).
III.2.b. Por otro lado, resultan ineficaces las citas doctrinales efectuadas por el interesado en la pág. 10 del escrito recursivo electrónico, en tanto limita su impugnación a su mera enunciación, sin explicar cómo o en qué forma habrían sido vulneradas. En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se produjo (causa L. 117.232, "Migliano", resol. de 17-IV-2013; L. 121.311, "Encina", resol. de 26-IX-2018 y L. 122.559, "De Asua", resol. de 8-V-2019).
III.3. Distinta suerte corre el segundo de los agravios traídos, donde corresponde reconocer la procedencia de la impugnación, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial de grado, en lo relativo a la aplicación de la ley 26.773 en forma retroactiva, es contraria a la doctrina que actualmente este Tribunal sostiene.
En vista a lo manifestado por la propia demandada (v. pag. 13/14) y conforme reiterada doctrina de este Tribunal emanada -entre otras- de las causas L. 118.695, "Staroni" y L. 119.317 "Bustamante", corresponde revocar la decisión de grado en cuanto no aplicó dichos precedentes y actualizó el piso indemnizatorio conforme el índice RIPTE.
En efecto, esta Suprema Corte -por mayoría- en la citada causa "Staroni", estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decreto 1.278/00, BO de 3-I-2000 y decreto 1.694/09, BO de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y o.", sent. de 8-II-2017).
Asimismo, cabe señalar que el criterio expuesto ha sido adoptado por la Corte federal en la causa "Espósito, Dardo Luis c. Provincia ART S.A. s. Accidente- ley especial", sent. de 7-VI-2016.
En consecuencia, teniendo en consideración que a la fecha de ocurrencia del accidente dela trabajadora, esto es, el 29 de enero de 2009, se encontraba vigente la ley 24.557, corresponde revocar el fallo de grado en cuanto dispuso la aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.2. en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.3 atento a que ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose, en consecuencia, la sentencia impugnada en lo concerniente a la aplicación de la ley 26.773 (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2020 12:22:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/10/2020 16:49:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 10:27:50 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:13:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 11:04:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia