Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125085
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por Viviana Andrea Vitale y, en consecuencia, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria por incapacidad parcial permanente, en los términos de la ley 24.557, con más los intereses fijados en la forma que estableció (v. fs. 210/214, y su aclaratoria fs. 221 y vta. y 226/227).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-X-2019), concedido por el órgano de grado a fs. 224.
En su presentación individualiza las normas y la doctrina legal que considera conculcadas.
Alega cuestión federal a fin de habilitar la instancia extraordinaria local de acuerdo a la doctrina emanada de los precedentes "Strada" y "Di Mascio"; como así también, y a iguales efectos, que se trata de un supuesto de gravedad institucional.
En lo esencial se agravia de la decisión de grado en cuanto, con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso la acumulación de los intereses al capital de condena.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que en el caso, como el propio impugnante lo manifiesta, el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que fijo el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que el recurrente postula-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.251 "Ponce" y L. 118.272 "García", ambas resols. de 20-XI-2014; L. 117.919 "García", sent. de 6-V-2015 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2. Sentado lo que antecede, corresponde destacar que la impugnante pretende prescindir del límite económico en la restricción de la admisibilidad (art. 278, CPCC) a la luz de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), entre otras. Sin embargo, el tenor de los planteos ensayados por la interesada no permite considerarse involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48; causas L. 109.338 "Santillán", resol. de 23-XII-2009; L. 117.172 "Corvalan", resol. de 5-IV-2013 y L. 125.695, "Gómez", resol. de 9-XII-2020).
Como es sabido, dicho criterio jurisprudencial condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa (como -en el caso- el valor del litigio previsto en el citado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial), a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el acceso a esta instancia de embates que porten agravios federales.
Pues bien, los cuestionamientos del embate impugnativo se vinculan, en definitiva, a cuestiones de hecho e interpretación y aplicación del derecho común, que resultan ajenas a la vía establecida en la mencionada normativa (causas L. 101.951 "Pereira", resol. de 16-IV-2008; L. 109.466 "Silveiro", resol. de 29-XII-2009; L. 118.282 "Franco", resol. de 17-XII-2014 ; y L. 125.695, cit.; CSJN, Fallos: 310:1545; 2192, 1145).
Finalmente, en lo atinente a la causal de gravedad institucional, no se han expuesto circunstancias excepcionales que habiliten su admisibilidad (CSJN, Fallos: 327:5826, 323:287 y sus citas; v. también 317:1162, 331:2799, 330:5052).
III.3. Bajo las señaladas premisas, el agravio destinado a desvirtuar el tramo del pronunciamiento con arreglo al cual se dispone la capitalización de intereses no es de recibo en el restrictivo y excepcional marco por el que transita el examen del carril en tratamiento, toda vez que la doctrina legal que se denuncia vulnerada en la pieza recursiva ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014; L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gomez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.335, "Rocha", resol. de 12-II-2021).
III. 4. Para terminar, resta recordar que no goza de aquella naturaleza, en el sentido y con los alcances en que esta Suprema Corte la ha definido, el criterio que deriva de la opinión de los autores ni de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018 y L. 125.472, "Avila", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:54:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 19:14:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:01:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2021 16:14:05 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 08:32:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia