Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125994
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia ART S.A. y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por Nelson Juan Carini en concepto de las indemnizaciones derivadas del accidente in itinere que denunció padecer (fs. 102/111 vta.).
Para así decidir, juzgó que, en tanto el actor denunció el accidente con fecha 15 de mayo de 2017, el caso se encontraba comprendido dentro de las previsiones del decreto 3858/2007, siendo entonces el único sujeto pasivo de la contienda la Provincia de Buenos Aires, hacia quien debió dirigirse la demanda a través de la citación del Fiscal de Estado.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 21-I-2020), concedido por el a quo mediante resolución electrónica de 10-II-2020.
En su impugnación denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de la doctrina y normativa que cita.
En lo esencial se agravia del acogimiento de la excepción opuesta por Provincia ART S.A. Entiende vulnerada la doctrina de los actos propios en cuanto la aseguradora reconoció el siniestro en primer lugar.
Aduce violada la cláusula décimo segunda del decreto 3858/07, en cuanto era obligación de la demandada notificar al Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente denuncia error en la imposición de costas, puesto que su parte se creía con derecho a reclamar.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III.1. Los argumentos que porta la impugnación se muestran carentes de idoneidad para conmover la decisión atacada, en tanto no se dirigen a cuestionar íntegramente las motivaciones esenciales que la dotan de sustento.
Al respecto, ha señalado esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 119.609, "Kitiver", resol. de 6-IV-2016; L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018; L. 124.820, "Albarracín", resol. de 24-VIII-2020; L. 124.684, "Beltran", resol. de 25-IX-2020 y L. 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020).
También ha manifestado esta casación que no resulta idóneo para concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido por el tribunal de grado, el remedio basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos en la instancia anterior (causas L. 121.398, "Britos", resol. de 18-IV-2018; L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018 y L. 121.756, "Crego", resol. de 13-II-2019).
En definitiva, la impugnación transita sobre la exposición de meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, reiterando los argumentos vertidos al contestar el traslado efectuado conforme el art. 29 de la ley 11.653 (v. escrito electrónico de 22-V-2018), lo que resulta estéril para rebatir el argumento central en el que se sustenta el fallo atacado; cual es, que el infortunio denunciado en la causa ocurrió estando vigente el Convenio de Rescisión del Contrato de Afiliación 46.864 y de Administración del Autoseguro (ratificado por decreto 3.858/07), por medio del cual, la aseguradora demandada y la Provincia de Buenos Aires convinieron la rescisión en forma retroactiva al 1 de enero de 2007 del contrato de afiliación antes mencionado, reasumiendo el Estado provincial desde esa fecha la responsabilidad por la cobertura en forma íntegra, total y oportuna respecto de sus dependientes, por las contingencias contempladas en la ley de riesgos del trabajo. En ese contexto, juzgó que la eventual deudora de la prestación dineraria pretendida en autos es la Provincia de Buenos Aires.
III.2. Por otro lado, tampoco resulta hábil la denuncia de violación de doctrina que el interesado efectúa en el medio de impugnación traído, pues no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico (causas L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018; L. 125.513, "Junco" y L. 125.711, "Rodríguez", resols. de 14-XII-2020).
III.3. Finalmente, el cuestionamiento relativo a las costas tampoco es atendible. Como es sabido, los jueces ordinarios tienen amplias facultades en su aplicación, regulación y distribución, y su decisión en la materia no es, en principio, susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, a excepción de que se demuestre que ha mediado una irracional o irrazonable meritación de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar burdamente el carácter de vencido, o a establecer una iniquidad manifiesta en el criterio de distribución de las mismas (causas L. 121.320, "Nayar", resol. de 11-VII-2018 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
Aquí, la pretendida revisión no es viable, pues en el escrito recursivo se ha omitido denunciar y demostrar la existencia de alguno de los vicios precedentemente indicados.
Para más, conviene recordar que el beneficio de gratuidad consagrado en la legislación laboral no impide la imposición de costas al vencido, sino que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como un eximente de pago hasta que mejore de fortuna (causas L. 121.320, cit. y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2021 15:24:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2021 10:23:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2021 11:39:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2021 15:23:51 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2021 08:14:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Funcionario Firmante: 11/05/2021 11:05:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Fin de la sentencia