Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125863
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
2Declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada y revocar, con el alcance establecido en el punto V, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Sandra Esther Agustina contra la Provincia de Buenos Aires y condenó a esta última al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 por la disminución de su capacidad laboral derivada de las afecciones físicas que padece como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó. Descartó, en cambio, por las razones que expuso, la existencia de daño psíquico.
Por otro lado, declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432 porque entendió que modifica el régimen arancelario para abogados regido por el decreto-ley 8.904/77 y la ley 14.967 (sobre cuya base fijó los estipendios de los profesionales que intervinieron en el proceso). En lo sustancial, juzgó que dicha temática pertenece a la órbita legal exclusiva y no delegada del Estado provincial (v. sent., fs. 371/386 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, ambas partes dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de 4-IX-2019 y 12-IX-2019), los que fueron concedidos a fs. 397 y vta.
III.1. En el remedio interpuesto con fecha 4-IX-2019 la parte actora, en sustancia, objeta el porcentaje de incapacidad que le fuera reconocido como consecuencia del accidente de trabajo sufrido. En este sentido, bajo la denuncia de absurdo, cuestiona que el a quo se hubiera apartado de las conclusiones expuestas en el informe pericial médico respecto de la existencia de daño psicológico atribuible a causas laborales.
III.2. El recurso no prospera.
III.3. En primer lugar, cabe destacar que el impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, si bien alegó que el importe de lo cuestionado supera el mínimo fijado por la normativa aplicable, no estableció cómo estaría representado su valor ni cuantificó su monto, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el valor del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falencia que no puede ser salvada por esta Corte (art. 278, CPCC; causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017 y L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.4. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, porque, mediante la invocación de doctrina legal de esta Corte, el confuso planteo recursivo propuesto -más allá de otras consideraciones que pudiera merecer- remite -en rigor- al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias, como lo es, el valorar el material probatorio a los fines de determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador, análisis que constituye una facultad privativa del juzgador de grado, que, como tal, se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 120.994, "Heitt" y L. 120.384, "Rocha", sents. de 19-II-2020).
Cabe señalar, por lo demás, que la doctrina invocada por el recurrente en apoyo de su postura ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los propios del caso en juzgamiento y no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019 y L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019), no resultando idónea, en consecuencia, en el marco del estrecho carril en tratamiento.
Por tales razones, corresponde desestimar el recurso traído, con costas (art. 289, CPCC).
IV. En la vía extraordinaria articulada por la legitimada pasiva, objeta el monto de las costas a su cargo. En este orden, defiende la validez constitucional de la ley 24.432, denunciando que el pronunciamiento de grado conculca el art. 505 del anterior Código Civil (conf. ley cit.), que -indica- se mantiene vigente con la sanción del art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y que -asimismo- infringe la doctrina legal elaborada por este Tribunal y la jurisprudencia de la Corte federal que individualiza.
IV.1. Cabe destacar que el valor del litigio -como lo reconoce el propio recurrente en su impugnación- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del recurso deducido sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
IV.2. Así las cosas, la impugnación resulta atendible, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial contraría la doctrina legal cuya transgresión se invoca en la postulación recursiva.
En efecto, en reiterados precedentes esta Suprema ha declarado que la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en los arts. 505 del antiguo Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (ambos según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación es constitucional y aplicable en el ámbito provincial (art. 31 bis, ley 5827 y modif.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
V. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad traído, casar lo resuelto por el órgano de origen en los términos expuestos y, en consecuencia, devolver las actuaciones para que proceda a adecuar el pronunciamiento a efectos que la responsabilidad por el pago de las costas no supere la limitación porcentual prevista en la normativa de aplicación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
2. Declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada y revocar, con el alcance establecido en el punto V, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:30:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:44:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 23:38:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:58:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 16:09:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:40:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia