Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126314
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda incoada por Carlos Daniel Palacio y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 de la ley 24.557, con más intereses, desde la fecha del accidente y hasta el efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en virtud de lo dispuesto por la ley 27.348 (v. vered. y sent. de fecha 19-V-2020).
II. Contra este último aspecto del pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-VI-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resol., 6-VII-2020).
En sustancia, cuestiona la tasa de interés aplicada al capital de condena, denunciando vulnerada la doctrina legal de esta Corte -que cita- en cuanto se pronunció por la aplicación de la tasa de interés pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por la diferencia que se verifica entre el importe del cálculo de los intereses que fijó el a quo y el que habría de obtenerse según las pautas propuestas por el impugnante- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina traída por el recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L.118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
En efecto, en las causas invocadas por el interesado (L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009; C.119.176 y "Cabrera", sent. de 15-VI-2016, entre otras), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil, respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando las partes y la legislación especial no habían previsto una alícuota determinada.
Dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 12, ley 24.557, texto según ley 27.348), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada.
Finalmente, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 117.861, "Ale", sent. de 10-VI-2015; L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:01:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:53:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 23:09:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:10:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:36:38 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:09:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia