Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126199
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con relación a los agravios tratados en los puntos III.2. y III.3. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, corresponde declarar procedente la vía extraordinaria respecto del planteo desarrollado en el punto III.4. y revocar, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68, segundo párrafo, y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, por mayoría, hizo lugar a la demanda promovida por Mauricio Adrián Buceta condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de reparación por incapacidad física derivada del accidente de trabajo in itinere denunciado, en los términos de la ley 24.557, con más intereses fijados en la forma que estableció (v. sentencia de fecha 12-III-2020).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-V-2020), el que fue concedido por el órgano de grado (v. pronunciamiento electrónico de fecha 21-V-2020).
En su presentación individualiza las normas y la doctrina legal que considera conculcadas.
Cuestiona la decisión de grado en cuanto, con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso la acumulación de los intereses al capital de condena.
Asimismo, se agravia por la imposición de intereses punitorios para el caso de incumplimiento del fallo dictado en autos, afirmando que ello atenta contra la doctrina legal.
Finalmente, ataca la condena en costas. En este marco, sostiene que los honorarios regulados a los profesionales exceden el veinticinco por ciento del monto de la sentencia. Invoca vulnerado el art. 730 del Código Civil y Comercial y la doctrina legal que surge de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002), la que -afirma- permanece inalterable en atención a que la reforma introducida por la ley 24.432 al art. 505 del Código Civil, fue receptada en análogos términos por el nuevo ordenamiento de fondo. Menciona doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de constitucionalidad del citado art. 730.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente se impone observar que, en el caso, como el propio impugnante lo manifiesta, el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses y costas que fijo el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que el recurrente postula-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causa L. 118.368, "Arce", sent. de 4-VII-2018).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 118.272, "García", resol. de 20-XI-2014; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2. Bajo las señaladas premisas, en cuanto al agravio destinado a desvirtuar la parte del pronunciamiento que capitaliza los intereses al capital de condena, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que se advierte que las doctrinas que se denuncian como vulneradas han sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014; L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020).
III.3. Por otro lado, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010; L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017 y L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020).
III.4. Finalmente, en relación a las costas la impugnación resulta atendible, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial resulta contraria a la doctrina legal cuya transgresión se invoca en la postulación recursiva.
En efecto, en reiterados precedentes esta Suprema Corte ha declarado que la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en el art. 505 del Código Civil (según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación es constitucional y aplicable en el ámbito provincial (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad traído, casar lo resuelto por el órgano de origen en los términos expuestos y, en consecuencia, devolver las actuaciones para que proceda a adecuar el pronunciamiento a efectos que la responsabilidad por el pago de las costas no supere la limitación porcentual prevista en la normativa de aplicación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con relación a los agravios tratados en los puntos III.2. y III.3. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, corresponde declarar procedente la vía extraordinaria respecto del planteo desarrollado en el punto III.4. y revocar, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68, segundo párrafo, y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/07/2021 21:58:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/07/2021 10:54:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2021 12:44:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 17:32:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2021 08:11:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia