Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124028
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.028, "Blanco, Ana María contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, Soria .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, acogió parcialmente la demanda promovida, imponiendo las costas a la accionada vencida (v. fs. 198/213).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26 de diciembre de 2018).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal interviniente admitió la demanda promovida por la señora Ana María Blanco contra la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, condenó a ésta en su calidad de empleadora -autoasegurada- al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, el a quo juzgó acreditado que la actora, como consecuencia del accidente in itinere sufrido con fecha 7 de abril de 2017, padece de lesiones en su tórax que representan una incapacidad del 30% del índice de la total obrera (v. fs. 198/201 vta.).
Ya en la sentencia, procedió a liquidar la prestación reclamada de conformidad con lo normado en los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según modif. ley 27.348), decreto 1.694/09 y resolución de la Secretaría de Seguridad Social 387/16.
Por último, en oportunidad de imponer las costas, declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432, en tanto juzgó que modifica el régimen arancelario para abogados que establecen el decreto-ley 8.904/77 y la ley 14.967, por corresponder a la órbita legal jurisdiccional exclusiva y no delegada de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 209/213).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación del decreto reglamentario 472/14; de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 12 de la ley 24.557; 3, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 1 y 2 de la ley 27.348; de las leyes 23.928 y 25.561; 3 del Código Civil y de doctrina legal que invoca (v. presentación electrónica de fecha 26 diciembre de 2018).
II.1. En primer lugar, objeta la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, considerando transgredida la doctrina de esta Suprema Corte sentada en las causas L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005); L. 90.651, "Gómez" (sent. de 29-VI-2011) y L. 91.430, "Gásperi" (sent. de 12-X-2011), entre otras que cita.
II.2. Luego, alega que el a quo , en la determinación del Ingreso Base Mensual (IBM), utilizó el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes de setiembre de 2018, cuando debió aplicar la alícuota correspondiente a la fecha del accidente (7 de abril de 2017) y, a partir de allí, efectuar el cómputo de intereses.
Denuncia que con esta práctica se provoca una doble imposición, es decir, la actualización de un valor y luego la aplicación de intereses por el mismo período. Expresa que debe fijarse la indemnización a la fecha del accidente y actualizar dicha suma con los debidos acrecidos o bien determinarse aquella a valores actuales, sin adicionar ningún interés, no siendo plausible utilizar el método seguido por el juzgador. Manifiesta que las previsiones de los arts. 1 y 2 de la ley 27.348 son claras al respecto.
II.3. Por último, sostiene que el tribunal valoró absurdamente la prueba rendida cuando tuvo por acreditado que el dictamen médico que otorga un 30% de incapacidad de la total obrera arribó firme al momento de sentenciar.
Afirma que ello no es así, ya que fue cuestionado en todas sus partes en oportunidad de alegar. Cita doctrina legal en apoyo de su argumentación.
Asimismo, invoca absurdo en la elección del baremo utilizado para meritar la minusvalía porque sostiene que no coincide con aquel que corresponde conforme la legislación en la cual el actor basó su reclamo.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, habré de señalar que la impugnante no se ocupa de demostrar que el valor de lo cuestionado ante instancia extraordinaria, en atención a lo que constituye materia de agravio, supere el monto mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Ello importa el incumplimiento de uno de los requisitos a los que hace alusión la norma referida. Tal falencia no puede ser salvada por esta Corte, pues es el recurrente quien tiene la carga procesal de acreditar que el valor del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 95.744, "Toscano", sent. de 14-VII-2010; L. 107.973, "Cale", sent. de 4-VII-2012; L. 104.322, "Echave", sent. de 11-VII-2012; L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; L. 117.480, "Chaparro", sent. de 11-III-2015 y L. 120.141, "Lencina", sent. de 22-VIII-2018; e. o.).
De allí que, sin perjuicio de la aclaración que más adelante habré de formular, corresponde ingresar en el análisis de los agravios que porta el presente medio de impugnación en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
Desde este punto de vista, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal que se denuncia en la impugnación, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.283, "Guzmán", sent. de 24-IX-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; L. 119.782, "Galarza", sent. de 7-IX-2016 y L. 121.961, "Paz", sent. de 20-XI-2020; e. o.).
III.2. Ahora bien, toda vez que el tema vinculado con la inconstitucionalidad de la reforma introducida por la ley 24.432 a los arts. 505 del anterior Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo reviste la naturaleza de cuestión federal, corresponde darle tratamiento a ese tramo de la impugnación por ante esta Suprema Corte sin las restricciones derivadas de las normas procesales locales, a fin de que el recurrente pueda eventualmente acceder a la instancia federal (art. 14 inc. 1, ley 48; CSJN Fallos: 308:490 y 311:2478; SCBA causas L. 90.223, "Collado", sent. de 28-V-2010; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-II-2011; L. 103.103, "Lazarte", sent. de 11-V-2011 y L. 97.703, "Vega", sent. de 22-VI-2011; e. o.).
III.3. Aclarado lo expuesto, por cuestiones de índole metodológica, he de alterar el orden del tratamiento de los agravios que trae la queja.
III.3.a. Desde esa perspectiva, el reproche dirigido a controvertir el porcentaje de incapacidad que padece el actor no es atendible porque remite al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del ámbito de la casación por la vía examinada.
En este sentido, expresamente se ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine, de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba (causas L. 118.662, "Aiello" y L. 118.678, "Vizgarra", resols. de 1-VII-2015 y L. 118.735, "Subeldia", resol. de 15-VII-2015; e. o.), como la indicada.
Por lo demás, cabe señalar que la jurisprudencia de otros tribunales de justicia no constituye doctrina legal en los términos y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte (causas L. 118.486, "Izaguirre", resol. de 15-IV-2015; L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019 y L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020).
III.3.b. Por otro lado, también en el estrecho marco de revisión señalado, el cuestionamiento concerniente al modo en que se estableció el Ingreso Base Mensual (IBM) tampoco merece recepción.
Al respecto, se observa que el recurrente prescinde denunciar la conculcación de doctrina legal relacionada con el agravio que expone, razón por la que el recurso deviene inadmisible en esta parcela (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016 y L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020).
III.3.c. En conclusión, dado que mediante los temas propuestos a revisión el interesado pretende un renovado análisis de aspectos fácticos y probatorios, que claramente exceden el ámbito de aplicación del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, a la vez que omite la denuncia de violación de doctrina legal en ese acotado molde, corresponde desestimar las críticas ensayadas.
III.4. Finalmente, como anticipé, el agravio dirigido a cuestionar la declaración de invalidez constitucional de la ley 24.432 (modificatoria de los arts. 505 del Código Civil de Vélez y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo), habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.4.a. Desde esta óptica, corresponde señalar que asiste razón a la agraviada cuando denuncia que el órgano judicial de grado transgredió la doctrina legal elaborada en torno a dicha preceptiva.
Antes de continuar, he de destacar que dicho criterio ha de mantenerse vigente aún bajo el régimen normativo del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto último, toda vez que la reforma introducida por la ley 24.432 al art. 505 del Código Civil (ley 340) fue receptada en idénticos términos en el art. 730 de dicho ordenamiento de fondo.
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en las citadas normas legales ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por mayoría que hube de integrar (así, causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015 y L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e. o.; art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), a cuyo fin me remito, por razones de brevedad, a lo expuesto -en lo pertinente- en mis respectivos votos.
III.4.b. De modo tal que debe casarse el pronunciamiento de fs. 203/213 y devolver las actuaciones a la instancia ordinaria para que el tribunal proceda, teniendo en cuenta los lineamientos provenientes de la doctrina legal transgredida y de acuerdo a lo preceptuado en la mencionada normativa.
IV. Por todo lo dicho, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia atacada con el alcance indicado en el párrafo precedente.
Los autos deberán remitirse al órgano de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se propone resolver.
Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani.
Sólo he de señalar que, en aquello vinculado con lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432, lo hago, en virtud de los argumentos que hube de exponer al emitir mi voto en las causas L. 74.119, "Hait" (sent. de 11-VIII-2010); L. 117.286, "Rodríguez" (sent. de 17-VII-2015); L. 121.845, "Romero" (sent. de 27-VII-2020) y L. 121.786, "Ortellado" (sent. de 4-VIII-2020); a los que remito por razones de brevedad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani.
Sólo he de señalar que en el punto III.4.a. lo hago en tanto se corresponde con la doctrina legal que emerge, entre otras, de la causa L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2000 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Bajo la siguiente aclaración, habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Pettigiani.
En lo tocante a la objetada declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, comparto lo decidido por el ponente pues observo que le asiste razón al interesado cuando denuncia transgredida la doctrina legal de este Tribunal (entre otras, la invocada con sustento en lo juzgado en las causas L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 90.651, "Gómez", sent. de 29-VI-2011).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 22:20:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2021 09:44:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2021 10:25:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:53:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 08:14:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia