Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125176
I. Contra el pronunciamiento de esta Suprema Corte que hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada con fecha 28 de agosto de 2019, la parte actora interpone recurso extraordinario federal en el que alega la vulneración de las garantías previstas por los arts. 14 bis, 16, 18, 28, 75 incs. 18, 19 y 22, 109 y 116 de la Constitución nacional; 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 8.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. Resol. de fecha 29-VI-2020 y presentación electrónica de fecha 21-VII-2020).
II. Ordenado el traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído electrónico de fecha 29-VII-2020), el mismo fue contestado mediante escrito electrónico del 11 de agosto de 2020.
III. En su presentación, desde un doble orden de razones -conforme se expondrá a continuación-, la recurrente intenta descalificar el pronunciamiento de esta Suprema Corte que, con ajuste a lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 121.939, "Marchetti", (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo", (sents. de 28-V-2020), en lo vinculado a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), revocó el fallo de la anterior instancia y determinó la incompetencia en este estado del tribunal de grado para entender en las presentes actuaciones (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.1. De un lado, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, alega que el tribunal sentenciante inaplicó los arts. 283 y 284 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, privó al actor de ser oído y de poder mantener su planteo federal, violando su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso legal.
Denuncia, asimismo, que el fallo en crisis se encuentra desprovisto de una adecuada fundamentación, toda vez que no se brindó tratamiento alguno respecto de los argumentos que su parte expuso al promover la demanda para justificar el planteo de inconstitucionalidad del régimen especial previsto por la ley 27.348.
En ese orden de ideas, refiere que el pronunciamiento no contiene suficientes precisiones para demostrar la correcta aplicación al caso de la doctrina en que se sustenta el decisorio. Agrega que la economía y sencillez que allí se invocan no pueden suplir la obligación de fundar y argumentar la sentencia en debida forma.
III.2. Del otro, entiende que se halla configurada en la especie una cuestión federal genuina (definida en los términos del art. 14 de la ley 48) al encontrarse en juego la validez constitucional de la ley 27.348.
En este aspecto, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 14 de dicho régimen legal, en cuanto otorgan carácter de cosa juzgada administrativa al acuerdo homologado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en clara violación al art. 14 bis de la constitución nacional.
Manifiesta que el sometimiento a cumplir con un trámite administrativo previo en forma obligatoria altera el principio de irrenunciabilidad de los trabajadores.
Expresa, además, que la intención de quitarle al trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional- su derecho a accionar ante la justicia laboral, constituye una discriminación en beneficio de las aseguradoras de riesgos del trabajo que no supera el test de razonabilidad consagrado por los arts. 14 y 18 de la Constitución nacional.
Por último, alega que el régimen especial previsto por la ley 27.348 pone en manos de profesionales de la medicina la determinación del carácter profesional de la enfermedad o contingencia, la estimación del porcentual de incapacidad y el otorgamiento de las correspondientes prestaciones dinerarias establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
En tales condiciones -concluye- las comisiones médicas no cumplen con los requisitos de independencia e imparcialidad, provocando ello una lesión irreparable a la defensa en juicio del actor, una restricción total al acceso a la jurisdicción y una afectación al sistema de división de poderes, en clara violación de los arts. 18 y 109 de la Constitución nacional.
IV. Con apoyo en lo que de seguido se expondrá, el embate revela el cumplimiento de las condiciones que habilitan la instancia federal.
IV.1. En lo concerniente a la arbitrariedad alegada no se advierte que en el escrito recursivo se formulen cuestionamientos suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN; Fallos 249:530; 250:373; 252:164; 310:1542; 322:1888).
En efecto, la argumentación que contiene el recurso no abastece la carga de una adecuada fundamentación, toda vez que no constituye más que una diferencia de opinión con el contenido de la decisión, insuficiente para habilitar la competencia federal que autoriza el art. 14 de la ley 48.
En orden a lo expuesto, es dable recordar que el más alto Tribunal de la República ha declarado que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, toda vez que su intervención se circunscribe a descalificar a aquellos que, por la extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones, no pueden adquirir validez jurisdiccional (CSJN causas G.1999.XL "Gobet, Jorge Aníbal c/ Telefónica Argentina Entel Estado nacional s/ accidente de trabajo", sent. de 13-VI-2006; Fallos: 324:3421 y B.75.XLII "Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros s/ despido", sent. de 22-XII-2009, cons. 3°; e.o.).
IV.2. En cambio, corresponde brindar apertura de la instancia federal respecto de los agravios afincados en la supuesta transgresión de las garantías de defensa en juicio, acceso irrestricto a la justicia y juez natural, pues en este punto el remedio se muestra, prima facie valorado, hábil e idóneo para dar sustento a la pretensión de que sea considerado por el carril que autoriza el art. 14 de la ley 48, exhibiendo además la cuestión federal invocada relación directa e inmediata con el objeto del pleito y lo decidido en esta sede extraordinaria (arts. 14 y 15, ley 48).
Por lo dicho en el punto IV.2, encontrándose cumplida la condición de la habilitación de la instancia y demás requisitos formales exigidos por la citada ley y Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia
Conceder el recurso extraordinario federal deducido.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y remítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2021 21:10:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2021 19:17:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2021 15:51:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2021 00:02:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2021 10:35:36 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia