Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127055
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario traído en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda promovida por Diego Hernán Gorosito y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por las secuelas físicas y psíquicas padecidas con origen en el siniestro denunciado (v. sentencia electrónica de fecha 22-XII-2020).
En lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravios, tuvo por acreditado que la parte actora se encuentra disminuida en su capacidad laborativa de manera parcial y permanente en un total del 31,6% del índice de la total obrera. Luego, para calcular la prestación de pago único establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, actualizó el ingreso base mensual conforme el índice RIPTE. Y al monto resultante adicionó, desde la fecha del siniestro y hasta la de la sentencia, un interés equivalente a la tasa de interés activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con fundamento en el art. 12 apartado 2 de la ley 24.557.
II.1. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 9-II-2021), el cual fue concedido por el tribunal de grado en fecha 11 de febrero de 2021.
En sustancia, cuatro agravios estructuran su crítica.
En primer lugar, objeta la aplicación de la ley 27.348, en tanto entiende que el accidente acaecido, resulta anterior a la fecha de su entrada en vigencia.
Seguidamente, cuestiona la interpretación que el a quo realiza de la ley precedentemente citada, en relación al cálculo indemnizatorio.
Luego, impugna la estimación de intereses calculados conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, en tanto entiende resulta contraria a la doctrina de esta Corte.
Finalmente, objeta la decisión de grado en cuanto no aplicó, al caso de marras, el decreto 669/19.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la parte impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017; L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013; L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 117.693, "Medina", sent. de 11-III-2015 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se impone indicar que, en relación con los agravios vinculados a la aplicación temporal de la ley 27.348, el cálculo indemnizatorio practicado por el tribunal de grado y la inaplicabilidad del decreto 669/19, no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en la norma citada, dado que la recurrente no cita como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016 y L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020).
III.3. En lo que respecta a la tasa de interés aplicable, se observa que las doctrinas que se denuncian violadas no resultan idóneas para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009 y L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; e.o.).
En efecto, en los precedentes invocados por la parte recurrente (causas L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009; L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013; L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016; e.o.), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Por otro lado, en la causa L. 113.328, "M., O. E." (sent. de 23-IV-2014); se discutía sobre la tasa fijada para el procedimiento administrativo en una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348); lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 122.776, "Galeano", sent. 27-VIII-2020 y L. 124.807, "Juárez", resol. de 28-VIII-2020).
III.4. Por último, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario traído en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/09/2021 18:04:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 09:40:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/09/2021 11:02:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2021 23:42:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2021 08:40:25 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia