Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127101
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la demanda que Javier Alejandro Muñoz promovió contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. pronunciamiento de fecha 12-II-2021).
Para así decidir, tras analizar en conciencia las pruebas rendidas, concluyó que el accionante presenta una dolencia derivada directamente del accidente in itinere que sufrió y que le provoca una incapacidad laboral del 8% del índice de la total obrera que, computada sobre la capacidad funcional que porta a la fecha, arroja una minusvalía del 1,55% del citado índice.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-III-2021), concedidos por el tribunal actuante, el segundo de ellos, en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resolución del 5-III-2021). Habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. proveído de 10-VI-2021 y dictamen electrónico de fecha 2-IX-2021).
III. En la primera de las vías intentadas, con apoyo en lo normado en los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, denuncia que el tribunal de grado omitió el tratamiento de una cuestión esencial para la resolución de la litis, como lo es -según apunta- la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557.
Asimismo, afirma que no fundamentó jurídicamente la sentencia en forma adecuada, ni tampoco invocó preceptos legales pertinentes.
III.1. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no es de recibo.
III.2. Corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
Por otro lado, sabido es que la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es la referida a la falta de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez, no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 123.161, "Díaz", resol. de 19-II-2020 y L. 124.083, "Skretkowicz", resol. de 10-VIII-2020).
III.3. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, desde que, de la lectura del escrito de inicio, se observa que la temática que se reputa soslayada (esto es, la supuesta pretensión vinculada al cobro de la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo) no fue allí planteada ni llevada a conocimiento del a quo , siquiera de modo subsidiario.
Por lo tanto, no acompaña razón al recurrente en cuanto denuncia que el tribunal de grado ha soslayado el tratamiento de dicha reparación, incurriendo -de esa manera- en la violación del art. 168 de la Constitución provincial.
III.4. Por otra parte, se impone aclarar que la declaración oficiosa de la nulidad de un pronunciamiento judicial -a la que se acude en situaciones especialísimas- es una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte y, por ende, no resulta dable que su actuación sea propiciada por las partes (causas L. 117.190 "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 117.552 "Ibañez", sent. de 2-IX-2015; L. 118.023 "Monte", sent. de 21-X-2015; L. 119.170, "Diz", sent. de 6-IV-2016 y L. 120.300, "Antognoli", sent. 13-X-2020).
III.5. Finalmente, deviene inatendible la invocada violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 93.559, "Elinger", sent. de 3-III-2010; L. 99.778, "Nievas", sent. de 5-V-2010 y L. 105.984, "Dafnos", sent. de 12-X-2011), hipótesis que no concurre en la especie.
IV. En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de las normas y de la doctrina legal que identifica.
Insiste en que el tribunal de grado omitió referirse en su pronunciamiento a la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557.
IV.1. El recurso no puede prosperar.
IV.2. Liminarmente se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 125.843, "Aguirre", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 125.826, "Veinticinco", resol. de 17-II-2021).
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal el recurrente trae a consideración, por un lado, agravios vinculados a cuestiones privativas de los tribunales de grado, como es si se configuran -o no- los presupuestos a los que la Ley de Riesgos del Trabajo subordina la aplicación de su art. 11 apartado 4, detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causa L. 124.353, "Bogao", sent. de 23-II-2020) y, por el otro, precedentes que, además de haber sido elaborados sobre presupuestos fácticos disímiles, se hallan vinculados a la definición del vicio de absurdo, los cuales, conforme se ha sostenido en reiteradas oportunidades, resultan carentes de idoneidad a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 120.492, "Olmos", resol. de 21-VI-2017 y L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020).
IV.4. Por último, corresponde indicar que reiteradamente ha resuelto esta Corte que la denuncia de omisión de tratamiento de planteos o cuestiones resulta ajena al ámbito del recurso aquí examinado y propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 121.612, "Díaz", resol. de 17-X-2018 y L. 124.434, "Cejas", resol. de 23-X-2020), aspecto que -por lo demás- ha recibido respuesta en el apartado III.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2021 13:45:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/10/2021 08:42:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 09:56:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 16:43:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2021 08:11:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/10/2021 10:57:02 hs. bajo el número RR-1291-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia