Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127251
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la acción incoada por Carlos Jonathan Okinggton Miranda condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar la suma que indicó en concepto de indemnización por incapacidad laboral y permanente derivada del accidente de trabajo in itinere denunciado con fundamento en la ley 24.557, con más intereses en el modo y forma en que determinó (v. pronunciamiento de fecha 28-IX-2020).
Para así decidir, juzgó -conforme las conclusiones brindadas en los informes médico y psicológico- que el actor es portador de una incapacidad psicofísica parcial y permanente del 42,64% del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-X-2020), el cual fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 7-IV-2021).
En primer lugar, denuncia arbitrariedad en el análisis de las experticias médica y psicológica. En ese sentido, esgrime que el juzgador incurre en absurdo, pues apoyó su decisión en informes periciales que no encuentran respaldo en las constancias documentales de la causa.
Luego, impugna que no hayan sido aplicadas las pautas establecidas en el baremo del decreto 659/96.
Seguidamente, plantea el apartamiento a lo normado en el art. 20 de la ley de riesgos de trabajo, en cuanto al otorgamiento de las prestaciones en especie al trabajador.
Finalmente, cuestiona la tasa de interés aplicada al capital de condena, denunciando vulnerada la doctrina legal de esta Corte que cita.
III. El recurso no prospera.
III.1.a De modo liminar, se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2. Bajo las señaladas premisas, en relación al primero de los cuestionamientos, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019 y L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado.
Tampoco devienen idóneos los pronunciamientos definitorios del vicio de absurdo, los cuales reiteradamente ha sostenido este Tribunal que no resultan aptos para la habilitación del estrecho carril en tratamiento (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 124.450, "Sandoval", resol. de 30-VI-2020 y L. 125.711, "Rodríguez", resol. de 14-XII-2020).
Además, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.3 Respecto a las objeciones referidas vinculadas al decreto 659/96, y a las prestaciones en especie establecidas en el art. 20 de la ley 24.557, no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en la norma citada, dado que la recurrente no cita como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016 y L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020).
III.4. En cuanto al agravio dirigido a impugnar los intereses, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que las doctrinas que se denuncian como vulneradas han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 125.461, "Luna", resol. de 4-III-2021 y L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021).
En efecto, en los precedentes invocados, el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil, respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Dichos antecedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11 de la ley 27.348), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de las doctrinas que se denuncian violadas (causas L. 121.551, cit. y L. 122.776, "Galeno", sent. de 27-VII-2020). Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/11/2021 13:35:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/11/2021 08:14:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2021 09:41:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 14:36:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2021 08:31:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/11/2021 14:25:10 hs. bajo el número RR-1468-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia