Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 127567
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 7 con asiento en la ciudad de Pilar, perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro, hizo lugar a la demanda promovida por Olga Angélica Barraza y Walter Amieva contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y, en consecuencia, la condenó a abonar la suma que indicó en concepto de diferencias en la indemnización por muerte establecida en la ley 24.557. También juzgó que, habiendo la demandada obrado con temeridad y malicia, correspondía aplicar la sanción del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent. de fecha 31-III-2021).
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21-IV-2021), el que fue concedido por el órgano de grado, en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 20-V-2021).
En su impugnación relata los antecedentes de la causa y denuncia la violación de las normas y la doctrina legal que cita, agraviándose de la sanción prevista en el art. 275 de la ley 20.744 que le fuera impuesta.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 127.298, "Vargas", resol. de 30-VIII-2021).
III.2. Sentado ello, cabe señalar que, en el marco de la referida hipótesis de excepción, no es idónea la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la determinación de la existencia o no de un comportamiento en los términos del precepto citado importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 117.682, "Avalos", resol. de 22-X-2014; L. 118.505, "Maestu", resol. de 8-IV-2015; L. 122.561, "Lucuman", resol. de 29-V-2019 y L. 123.132, "Monasterio", resol. de 15-IV-2020).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021) o la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.853, "Ábalos", resol. de 23-IX-2020 y L. 127.194, "Benítez", resol. de 30-VIII-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia