Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 127595
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por Marcelo Fabián Morales condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de la prestación por incapacidad física laboral derivada de accidente in itinere en los términos de la ley 24.557, con más intereses fijados en la forma que estableció (v. sent. de fecha 30-XII-2020).
Para así resolver, -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- tuvo por acreditado que el actor, como consecuencia del infortunio denunciado, padece una incapacidad del 18,9% del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica 19-II-2021), concedido por el órgano de grado mediante resolución de fecha 24 de febrero de 2021.
Por un lado, se agravia de la decisión de grado en cuanto, con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso la acumulación de los intereses al capital de condena.
Por otro, objeta la imposición de intereses punitorios para el caso de incumplimiento del fallo dictado en autos, afirmando que ello atenta contra la doctrina legal.
Finalmente, denuncia absurdo en la valoración de la prueba por parte del tribunal de grado, cuestionando el porcentaje de incapacidad otorgado en el fallo respecto a la lesión en la mano.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente se impone observar que, en el caso, como el propio impugnante lo manifiesta, el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo del capital y los intereses que fijo el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que el recurrente postula-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 125.349, "Bustamante", resol. de 14-XII-2020 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2. Bajo las señaladas premisas, e invirtiendo el orden de los agravios ensayados, en relación al porcentaje de incapacidad reclamado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativo a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 121.960, "Albornoz", resol. de 20-II-2019; L. 124.775, "Gómez", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021).
Igual suerte adversa a las pretensiones del recurrente han de correr la doctrina referida al vicio de absurdo, en tanto no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021).
III.3. Respecto al agravio destinado a desvirtuar la parte del pronunciamiento que capitaliza los intereses al capital de condena, tampoco se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que se advierte que las doctrinas que se denuncian como vulneradas han sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.141, "Amarilla", resol. de 2-XI-2020).
III.4. En cuanto al planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial también debe ser desestimado.
Ello así, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.641, "Quirós", resol. de 12-II-2021).
Por último, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia