Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127486
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa destacar, hizo lugar al allanamiento formulado por Federación Patronal Seguros S.A. en la causa que iniciaran Nancy Verónica Pérez, por sí y en representación de sus hijos menores de edad, Siro Adriano Tello y Giovanni Lionel Tello, y por Ana Ludmila Tello, en concepto del pago de las prestaciones dinerarias correspondientes al fallecimiento del señor Gastón Ángel Tello -conviviente y padre, respectivamente, de los accionantes-, con motivo del accidente in itinere sufrido el 24 de mayo de 2020, imponiendo las costas a la demandada (v. pronunciamiento del 18-XII-2020).
Para así decidir, -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- juzgó que, al momento del inicio de las presentes actuaciones, la aseguradora se encontraba en mora respecto de las prestaciones debidas a los reclamantes, en el marco del régimen de reparación de infortunios laborales, circunstancia que, a la luz de los dispuesto en el art. 70 inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial, impedía la eximición de costas a su parte.
Asimismo, considerando la teoría de los actos propios, derivada del principio de buena fe procesal, agregó que, en todo caso, ante la infundada incertidumbre que pudo tener la accionada con relación a beneficiarios de las prestaciones de ley, debió de todos modos haber consignado las sumas de dinero adeudadas, a fin de extinguir las obligaciones a su cargo.
II. Contra este aspecto de la decisión, se alza la asegurada accionada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 10-II-2021), el que fue concedido por el a quo (v. proveído del 12-III-2021) habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico del 12-XI-2021).
En su presentación se agravia por la imposición de costas a su parte vinculada al allanamiento, denunciando absurdo, arbitrariedad y la transgresión de las normas que cita.
Cuestiona la decisión del tribunal de grado por la cual concluyó que la aseguradora había incurrido en mora o dado lugar a la reclamación, pues ninguno de los evocados supuestos -afirma- se presentan en el caso. Por el contrario, a su juicio, surge palmario que la parte actora, al momento de iniciarse la demanda, no había completado la documentación imprescindible y necesaria según la legislación vigente, a fin de que la accionada abonase las prestaciones de ley.
III. Coincidiendo con la opinión del señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
Cabe señalar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que la imposición y distribución de las costas constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 125.038, "Vera"; L. 125.422, "Casalone" y L. 125.471, "Chiminelli", resols. de 6-XI-2020).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
En el caso, los argumentos expuestos por la quejosa, referidos al pretendido yerro valorativo en que habría incurrido el judicante, trasuntan su particular punto de vista, no logrando acreditar dicha anomalía en orden a desvirtuar los fundamentos esgrimidos en la sentencia, vinculados a la decisión que ataca.
En efecto, no se evidencia que lo resuelto por el a quo, aun cuando pudiera resultar opinable, sea fruto de una irrazonable o burda valoración de las constancias de la causa que conduzca a alterar la condición de vencido o que refleje una manifiesta iniquidad en el criterio de distribución utilizado, extremos -como se adelantó- exigibles en este tipo de cuestionamientos para que se configure el excepcional vicio de absurdo (causas L. 121.097, "Rodríguez", resol. de 21-III-2018 y L. 120.005, "Marti", resol. de 3-X-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia