Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127932
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida por Pablo Daniel Naranjo contra la Provincia de Buenos Aires por la que procuraba el cobro de una indemnización por incapacidad laboral con fundamento en las disposiciones de la ley 24.557 (v. pronunciamiento de fecha 17-XII-2020).
Para así decidir, con sustento en los distintos elementos probatorios, juzgó no acreditado el accidente de trabajo denunciado por el actor.
II. Frente a lo así resuelto se alza el legitimado activo mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-II-2021), el que fue concedido por el a quo (v. providencia del 2-VII-2021).
En su impugnación, denuncia absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas y violación del principio de congruencia, así como de las normas y garantías constitucionales que cita.
En este sentido manifiesta, por un lado, que el sentenciante de grado no tuvo en cuenta que el evento dañoso por el cual se reclama fue oportunamente denunciado a la accionada, quien aceptó el siniestro y otorgó prestaciones en especie al trabajador. Por otro, sostiene que el juzgador no le otorgó plena eficacia probatoria al dictamen médico.
Finalmente se agravia de la imposición de costas.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. En primer lugar, corresponde recordar que determinar si, en un caso, el accionante demostró o no, el acaecimiento del infortunio de trabajo invocado, la existencia de la relación causal o concausal entre tal siniestro y la minusvalía que lo afecta, como el análisis del material probatorio, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 122.053, "Montecitos", resol. de 10-IV-2019 y L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014; L. 118.387, "Sala", resol. de 19-II-2015; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.2. En el caso, el juzgador de grado, tras valorar los escritos constitutivos del proceso y la prueba producida, puntualizó que el actor no aportó a estas actuaciones ningún elemento de convicción sobre la existencia del hecho denunciado. Sumado a ello, afirmó que de los informes emitidos por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. incorporados a la causa, surge que el mismo día en que el actor habría tenido el accidente por el que aquí se reclama, sufrió otro infortunio -por el que se le brindaron las prestaciones médicas- cuya mecánica en nada coincide con la relatada en autos.
III.3. Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser descalificada por el interesado, quien, si bien denuncia absurdo, sus argumentaciones resultan insuficientes para demostrarlo, en tanto no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013; L. 122.509, "Martínez", resol. de 12-VI-2019; L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 126.508, "Gorjon", resol. de 28-V-2021).
Asimismo, cabe indicar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), el cual -como se dijo- no ha sido demostrado.
III.4. Tampoco se observa la concurrencia del déficit denunciado respecto del principio de congruencia.
Ello así, por cuanto éste importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020 y L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020), situación que no concurre en el caso.
Por el contrario, de la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
Cabe agregar que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
III.5. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento relativo a las costas, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 102.094, "Córdoba", sent. de 24-VII-2011; L. 106.545, "Falcón", sent. de 24-IV-2013; L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013 y L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014), supuesto que no se presenta en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia