Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127840
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la accionada, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley cit.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Romina Paula Attis Rodríguez y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias de la ley 24.557, por la incapacidad derivada del accidente in itinere sufrido, con más intereses en el modo y forma en que determinó (v. pronunciamiento de fecha 16-VII-2021).
II. Contra dicho pronunciamiento, ambas partes deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 12-VIII-2021 y 17-VIII-2021), los que fueron concedidos por el a quo (v. providencia de fecha 19-VIII-2021).
III.1. En la vía articulada por la parte actora, bajo la denuncia de absurdo, cuestiona, por un lado, el ingreso base que el juzgador de grado tomó para el cálculo de las prestaciones previstas en la ley 24.557, alegando que no refleja el salario real percibido por la trabajadora.
Por otro lado, objeta que el a quo se apartara del porcentaje de incapacidad determinado por la prueba pericial médica y fijara uno inferior.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. En primer lugar, cabe señalar que, tal como reiteradamente lo ha dicho esta Corte, determinar la minusvalía que aqueja al trabajador, así como establecer su porcentual y el quantum indemnizatorio, constituyen potestades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y, por lo tanto, exentas de revisión en casación, salvo absurdo (causas L. 121.502, "Slezak", resol. de 26-IX-2018; L. 124.112, "Esquivel", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.769, "Gravante", resol. de 2-III-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.2.a.i. En el caso, el tribunal de grado evaluó en forma pormenorizada la prueba producida, incluidos los escritos constitutivos de la litis y la pericia médica que la impugnante denuncia como erróneamente ponderados y, sobre tales premisas, juzgó -por mayoría- que la actora presentaba una incapacidad del 35,21% del índice de la total obrera.
Para arribar a dicha conclusión, valoró que la perito medica actuante, al brindar su informe inicial, manifestó que coincidía con el dictamen que oportunamente había elaborado el doctor Delrío, tanto por respeto a su especialidad y experiencia, como por la forma tan detallada en que había relatado los hechos, y que si bien luego -ante el pedido de explicaciones formulado por la accionante- se apartó de su propia experticia y fijó un porcentaje de incapacidad mayor, lo hizo sin dar razón de sus dichos.
Tal conclusión no logra ser descalificada por la recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el órgano de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020).
Al respecto, cabe recordar que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020), lo que -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
III.2.a.ii. Para más, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la valoración de los distintos medios probatorios resulta materia privativa de los jueces de grado, facultad que comprende la evaluación de las pericias rendidas y la eficacia que les adjudiquen a las conclusiones de los expertos (causas L. 122.162, "Alarcón", resol. de 10-IV-2019; L. 123.382, "Santín", resol. de 11-III-2020 y L. 123.931, "San Martín", resol. de 16-VI-2020), salvo la hipótesis de configuración de absurdo, el cual, como se dijo, no logra evidenciarse en el caso.
III.2.b. La misma suerte adversa ha de tener el restante reproche vinculado al ingreso base mensual determinado en autos.
III.2.b.i. Tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso, así como evaluar la prueba y determinar la remuneración que le corresponde al trabajador, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo (causas L. 99.031, "Luque", sent. de 23-IV-2014; L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; L. 119.994, "Quintana", sent. de 25-IV-2018 y L. 127.057, "Martínez", resol. de 7-X-2021).
Respecto del cuestionamiento, el tribunal de grado, también por mayoría, consideró, por un lado, que no habiendo sido citada la empleadora AROU S.A., ni tampoco intimada a presentar los libros de sueldos y jornales, ni las planillas horarias, sino que sólo por oficio se le requirió que acompañara los recibos de haberes, no podía hacerse valer una presunción en su contra, ya que no había tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Asimismo, por otro parte, destacó que la propia actora, al practicar su liquidación, denunció el salario que surge de sus recibos de haberes, sin cuestionar ni reclamar diferencia alguna, en relación a una jornada diferente a la registrada, sumado que tampoco se había ofrecido en los puntos de pericia contable.
A partir de ello, concluyó que el ingreso base mensual correspondía calcularse a partir de lo que surgía en los referidos recibos de haberes.
III.2.b.ii. Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser conmovida por la recurrente, que, si bien invoca absurdo, su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020).
En efecto, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-IX-2018; L. 122.135, "Rojas", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal de la recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causa L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018 y L. 124.703, "Canollán", resol. de 28-VIII-2020).
IV. La vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida por la parte demandada tampoco puede prosperar.
En su presentación individualiza las normas y la doctrina legal que considera conculcadas.
Se agravia, en primer lugar, de la aplicación al caso del decreto 669/19, en cuanto entiende que no corresponde su aplicación por el principio de irretroactividad de las normas, citando vulnerada, entre otras, la doctrina sentada en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Por otro lado, argumenta que el sentenciante incurrió en absurdo al fijar, con sustento en una deficiente pericia médica, un porcentaje de incapacidad mayor al que le correspondía a la accionante a partir de lo dictaminado por la Comisión Médica Central.
IV.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen, no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 126.696, "Aguirre", resol. de 11-VI-2021).
IV.2.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del agravio dirigido a cuestionar la aplicación del decreto 669/19, desde que la doctrina traída por la recurrente, en apoyo de su pretensión, ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
IV.2.b. Por otro lado, igualmente inatendible resulta el restante planteo, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019 y L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2. Denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la accionada, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley cit.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2022 09:29:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2022 10:14:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2022 13:43:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/03/2022 11:53:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2022 12:09:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia