Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128459
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas del recurso que se resuelve se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Marta Beatriz Martínez contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del accidente in itinere que denunció padecer. Luego, fijó los honorarios de los profesionales intervinientes tomando como base regulatoria el monto reclamado en la demanda actualizado a la fecha de la sentencia (v. pronunciamiento de fecha 19-VIII-2021).
II. Contra dicho pronunciamiento, ambas partes dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos del 31-VIII-2021 y 8-XI-2021). El órgano judicial de grado desestimó el incoado por la legitimada activa y concedió el interpuesto por Fiscalía de Estado, en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resoluciones de fechas 8-IX-2021 y 15-IX-2021, respectivamente).
En el único remedio sobre el que corresponde expedirse a esta Corte, la interesada objeta que el a quo utilizara, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda actualizada, alegando que debió estar aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Sobre tal piso de marcha, sostuvo abusiva y desproporcionada la cifra fijada por los estipendios de los auxiliares de la justicia y enunció la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 del decreto ley 8.904/77.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 128.091, "Torres", resol. de 7-IV-2022), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 127.298, "Vargas", resol. de 30-VIII-2021 y L. 128.087, "Rizzo", resol. de 7-IV-2022).
III.2. Sentado ello, la impugnación resulta atendible con relación a la conformación de la base económica sobre la cual el juzgador reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
III.3. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) -citada por el impugnante- y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), y más recientemente en los precedentes L. 122.685, "Sánchez" (resol. de 15-IX-2020) y L. 128.175, "Cuervo" (resol. de 26-IV-2022), resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967- queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio.
En tales situaciones se ha dicho que el hecho de que la parte actora -en tanto trabajadora- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
III.4. De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones correspondería, previamente, determinar la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo) -aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado- pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito.
De tal suerte, para evitar una estimación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben fijarse previa determinación de la base regulatoria en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir a la actora de prosperar su reclamo (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.241, "Rizzo", resol. de 11-II-2022).
Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar que esta Corte señaló que, cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.945, "Fioritti", resol. de 10-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas del recurso que se resuelve se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2022 16:28:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 09:09:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 10:00:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 00:46:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:48:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2022 15:06:01 hs. bajo el número RR-770-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia