Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127821
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo de Moreno-General Rodríguez rechazó la demanda promovida por José Luís Lauro contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la que perseguía el cobro de las diferencias en el pago de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgo del Trabajo, por el accidente in itinere que denunció padecer (v. fs. 354/358).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó que el actor no demostró ser portador de una incapacidad mayor a la determinada en sede administrativa, por la cual fue resarcido oportunamente por la demandada.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y -subsidiariamente- de nulidad (v. presentación electrónica de 10-VI-2020), siendo concedido por el tribunal de grado el primero de los nombrados y denegado el segundo (v. resoluciones de fechas 30-VI-2020 y 9-II-2022, respectivamente).
En la única vía extraordinaria concedida, cuyo tratamiento corresponde abordar en esta instancia casatoria, el interesado denuncia las normas y garantías constitucionales que considera infringidas.
Alega violación del debido proceso. Según su criterio, ello se verifica, por un lado, a partir de la duración del trámite de la causa, porque -aduce- la demandada impugnó de manera irracional, sistemática y repetitiva las distintas pericias y explicaciones del experto. Por otro parte, se evidencia -a su modo de ver- en la conducción del proceso, pues -sostiene- el tribunal debió controlar que las conclusiones brindadas por el galeno estuvieran fundadas desde el punto lógico-jurídico, antes de dar conclusión a la etapa probatoria o bien citar al profesional a la audiencia de vista de la causa, tal como su parte lo había solicitado.
A ello agrega la defectuosa practica que atribuye al órgano a quo orientada a no permitir la producción de prueba testimonial en casos en los que se debate sobre accidentes de trabajo.
Asimismo, cuestiona la valoración de las probanzas de la causa, las que -asegura- dan cuenta que el trabajador es portador de una grave incapacidad que supera con holgura la otorgada por las Comisiones Médicas, y que la totalidad de las dolencias que presenta aquel se relacionan causalmente con el infortunio laboral sufrido.
Finalmente, advierte que si bien en los considerandos de la sentencia se dispuso que las costas debían ser soportadas por el actor, con excepción de los honorarios de los peritos intervinientes, en la parte dispositiva de aquella se soslayó esta última salvedad, y se condenó al trabajador a pagarlas en su totalidad.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, debe advertirse que las cuestiones vinculadas con la duración de la causa y la dirección y conducción del proceso por parte del tribunal de grado no importan una crítica razonada del decisorio que se pretende atacar.
En rigor, refieren a situaciones previas al dictado de aquél, y, sabido es, esta Suprema Corte tiene dicho -reiteradamente- que las infracciones relacionadas con presuntos defectos anteriores a la sentencia son ajenas al ámbito del recurso extraordinario (causas L. 112.627, "Estevez", resol. de 10-XI-2010; L. 123.182, "Santin", resol. 11-III-2020 y L. 124.098, "Cabre", resol. de 11-VIII-2020).
III.2.a. Por otro lado, también ha sostenido este Tribunal que establecer las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, así como evaluar el material probatorio y determinar la existencia de relación causal o concausal entre el hecho y el daño, como el grado de minusvalía que afecta al trabajador, constituyen el ejercicio de atribuciones privativas del tribunal de trabajo, y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 101.006, "Falcón", sent. de 22-IX-2010; L. 120.386, "Roldán", sent. de 3-X-2018 y L. 122.611, "Funaro", sent. de 20-VII-2020).
III.2.b. En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, pues la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
Los argumentos que trae se estructuran sobre la base de la distinta significación que atribuye a los elementos probatorios de la causa, en particular, a los informes periciales médicos obrante en autos. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarles a las referidas experticias, el impugnante no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
En efecto, los cuestionamientos sólo exteriorizan un criterio discrepante, limitándose a señalar pretendidas fisuras en la evaluación realizada por el sentenciante, pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar tal grave error.
En este sentido, conviene recordar que el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los jueces pueda calificarse de objetable, discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F., A. E.", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020), que en el caso -como se anticipó- no logra ser acreditado por el impugnante.
III.2.c. Por lo demás, carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014), supuesto que no verificado en el caso.
III.3. Finalmente, no merece recepción el reproche relativo a las costas.
Esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que una sentencia es un todo compuesto de diversas partes consideradas entre sí armónicas y solidarias, de tal manera que lo que se dejara de decir en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del juez, debe suplirse o interpretarse por lo que el mismo iudicante ha dicho claramente al fundar su resolución (causas L. 62.109, "Figueroa", sent. de 11-II-1997; L. 66.588, "Espinosa", sent. de 6-VII-1999 y L. 117.023, "Villalba", sent. de 8-X-2014).
En el caso, desde la lectura del pronunciamiento se observa que cuando trató la única cuestión planteada, el órgano de origen estableció que las costas debían ser soportadas por el actor vencido, con los alcances del art. 22 de la ley 11.653, con excepción de los honorarios de los peritos médico y contador, respecto de los cuales dispuso que quedaran a cargo de la demandada, por resultar de su interés y necesarias para dilucidar la controversia (art. 487, CPCC).
De suyo, aun cuando no se hubiera consignado esta última salvedad en la parte dispositiva del fallo, la decisión del tribunal del trabajo resultó por demás nítida en cuanto a la forma en que las costas fueron impuestas, lo que -conforme lo anticipado- torna inatendible el planteo traído.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2022 15:57:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2022 21:01:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/06/2022 08:18:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 10:24:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 10:53:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/06/2022 13:34:04 hs. bajo el número RR-811-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia