Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127852
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón, en el marco del juicio iniciado por el señor Sebastián Carabajal contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en lo que interesa destacar, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa y el planteo de caducidad interpuestos por la demandada (v. pronunciamiento de 1-VI-2021).
Para así decidir, juzgó que el trámite administrativo transitado por el actor hasta el dictado de la resolución del Titular del Servicio de Homologación no constituyó cosa juzgada en los términos del artículo 31 de la ley 11.653, atento que dicho acto está sujeto a posterior control judicial.
Asimismo, entendió que no se encontraba vencido el plazo de noventa (90) días hábiles establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 para iniciar la acción laboral ordinaria. Ello así, señaló, porque el mismo comienza a contarse a partir del dictamen emitido por aquel organismo el día 6 de enero de 2020, habiéndose interpuesto la demanda en fecha 25 de junio del mismo año.
II. Contra dicho pronunciamiento la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-VI-2021), el que fue concedido en la instancia de grado (v. resol. de 6-IX-2021).
Sostiene que, contrariamente a lo dictaminado en la instancia de grado y lo manifestado por el accionante en su escrito de promoción de la demanda, la ley 14.997 no resulta inconstitucional.
Manifiesta que deviene inobjetable que las homologaciones de los acuerdos sobre incapacidades a resarcir gozan del status de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, en forma similar a la que prevé la ley 24.635 para acuerdos celebrados ante el SECLO (v. pág. 19).
Alega que la cosa juzgada es administrativa, concepto disímil al de res iudicata jurídica, por lo cual aquella queda supeditada al control judicial suficiente.
Luego, afirma que el procedimiento previsto en la ley 27.348 otorga en su art. 14 la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional a fin de que efectúe un control judicial suficiente de lo actuado en el ámbito administrativo, por lo que su constitucionalidad no resulte discutible (v. pág. 21).
Concluye que por las razones desarrolladas en el recurso "…el planteo de inconstitucionalidad del actor debe ser desestimado" (v. pág. 25).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Luego, es dable poner de resalto, a propósito de los argumentos desplegados por la impugnante, que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021). En este sentido, es menester precisar que, tal como surge del relato de antecedentes, el órgano judicial de grado no declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997, como erróneamente aduce el recurrente (v. rec., págs., 5 y 6).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; e. o.).
III.2. En este contexto, no se encuentra configurado en la especie el citado supuesto excepcional, pues la recurrente omite citar como transgredida doctrina legal de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de excepción por la que transita la impugnación (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012; L. 118.846, "Vaello", resol. de 21-X-2015; L. 120.807, "Linares", resol. de 17-V-2017; L. 124.137, "Lucas", resol. de 27-V-2020 y L. 126.331, "Williams", resol. de 13-VII-2021).
Para más, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018; L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021 y L. 125.520, "Rodríguez", resol. de 12-IV-2021; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/07/2022 11:04:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 12:06:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 19:01:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/07/2022 10:41:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2022 13:05:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2022 15:00:25 hs. bajo el número RR-923-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia