Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128875
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Presidente del Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que aquí interesa destacar, en el marco de una acción por accidente in itinere incoada por María Cristina Dure contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, dispuso la apertura a prueba de la causa (v. providencia de 8-II-2022).
II. Frente a lo así proveído, la Fiscalía de Estado dedujo revocatoria (v. escrito de 15-II-2022), oportunidad en la que consideró prematuro el dictado de aquella decisión por no haberse resuelto como previa la excepción de falta de acción planteada en el escrito de contestación de la demanda, cuyo argumento fincó en la falta de agotamiento de la instancia administrativa y la improcedencia de la vía judicial, en trasgresión a las leyes 27.348 y 14.997 y a la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia in re L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
A su turno, el tribunal de grado, rechazó la reposición deducida, por juzgar que la defensa de falta de acción interpuesta en el escrito de conteste no resultaba ser una excepción regulada en el art. 31 de la ley 11.653 (v. pronunciamiento de 3-III-2022).
III. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 26-III-2022). Finalmente, el tribunal de origen lo declaró inadmisible (v. resolución de 1-IV-2022).
Para así resolver, sostuvo que, sin perjuicio de la extemporaneidad del embate articulado toda vez que el agravio que lo sustenta se originaba, en rigor de verdad, en la providencia dictada con fecha 8 de febrero de 2022, a contrario de lo postulado por el recurrente en el apartado II.b. del embate, la resolución que se pretendía cuestionar no constituía una sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la misma no pone fin al pleito ni impide su continuación. Además, destacó que la "definitividad" a la que alude la norma citada en último lugar se patentiza cuando se decide de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo, lo que -afirmó- no acontece en la presente causa al continuar su sustanciación.
IV. Contra esta última decisión, la demandada dedujo el recurso de queja previsto en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de 12-IV-2022).
En primer lugar, entiende que la definición del a quo , en cuanto sostuvo extemporáneo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, luce desacertada. Ello así, afirma, pues el plazo computable para la interposición del mismo, no puede sino originarse en la notificación de la resolución del 3 de marzo de 2022, que convalida, con la firma de los tres magistrados, el agravio originado en el auto del 8 de febrero de 2022.
Desde otro costado, sostiene que el pronunciamiento del tribunal laboral que, al desestimar la reposición intentada, expresamente se expidió rechazando el tratamiento de la excepción de falta de acción opuesta como de previo y especial pronunciamiento genera, en el sub lite , un agravio de imposible reparación ulterior y, como tal, debe equiparárselo a definitivo.
Afirma, que al no expedirse en torno a la validez de la ley 27.348 -que modifica, en su parte pertinente, el sistema de reparación por accidentes y enfermedades laborales vigente en la Provincia de Buenos Aires a partir del dictado de la ley 14.997- impide la intervención previa administrativa de las Comisiones Médicas creadas al efecto conculcando el criterio sentado por la Suprema Corte a partir de la causa in re L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
V.1. De modo liminar, corresponde observar que le asiste razón a la impugnante en cuanto sostiene que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido deducido en tiempo y forma.
Ello así, más allá de señalar que el órgano de grado se extralimitó al emitir su juicio sobre la idoneidad de la vía extraordinaria incoada, pues del análisis del escrito recursivo de fecha 26 de marzo de 2022 se observa que tanto en su objeto como en los argumentos desplegados en los agravios que porta, el Fisco cuestionó el pronunciamiento dictado el 3 de marzo de 2022, en cuanto -alegó- rechazó la reposición intentada contra el auto de apertura a prueba.
En ese contexto, huelga recordar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe articularse en término ante el órgano que dictó el pronunciamiento impugnado y dentro de los diez días siguientes de su notificación (arts. 279, CPCC y 63 de la ley 11.653).
En consecuencia, el plazo para recurrir, en el sub lite , debe contarse desde la notificación de la decisión dictada el 3 de marzo de 2022, por lo que, en la especie, la vía impugnativa intentada contra ésta, cabe concluir, ha sido interpuesta de modo oportuno (v. constancias de la notificación electrónica de fecha 11-III-2022 y del cargo electrónico del escrito ingresado el 26 de marzo de 2022).
V.2. Sentado ello, se impone recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que los remedios extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal del litigio o sobre un artículo, producen el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación (art. 278, CPCC; causas L. 116.761, "Ibarra", resol. de 4-VII-2012; L. 116.905, "Juárez", resol. de 17-X-2012; 119.452, "Tristán", resol. de 29-XII-2015 y L. 122.874, "Faina", resol. de 8-VII-2020).
En el caso, las particularidades que se presentan, alegadas por el Fisco recurrente, ameritan apartarse de la línea directriz señalada (causas L. 125.936, "Peña" y L. 126.026, "Delgado", resols. de 10-V-2021).
En efecto, como se anticipó, en la especie la demandada plantea que, más allá de las cuestiones procesales vinculadas al carácter previo -o no- de la defensa de falta de acción invocada, la decisión del tribunal interviniente debe equipararse a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que sus efectos podrían generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior, desde que podría resulta violatoria de la doctrina legal sentada en L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y los que siguieron su doctrina, a saber, L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020).
En estas condiciones, con relación a los restantes recaudos de admisibilidad de la vía otorgada, si bien cabe señalar que el valor del presente litigio, en orden al cumplimiento del requisito establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 55, ley 11.653), se encuentra representado para la recurrente por el importe reclamado en la demanda (v. escrito de 21-IX-2021; causas Ac. 99.076, resol. del 8-XI-2006; Ac. 101.358, resol. del 20-VI-2007 y L.122.374, "Romero", resol. de 13-XI-2019), el que no supera la suma establecida en aquella norma ritual, lo cierto es que corresponde, en atención a los agravios desplegados por el Fisco reseñados, admitir el carril del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado por la impugnante en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/08/2022 10:44:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2022 13:27:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/08/2022 19:21:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 13:36:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 13:54:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2022 19:47:09 hs. bajo el número RR-1010-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia