Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128683
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que los planteos analizados en el punto III.1. han sido desestimados en casos sustancialmente análogos y el abordado en el punto III.2. se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 en el marco de la demanda promovida con fecha 7 de diciembre de 2017 (v. cargo de fs. 28) por Sebastián Andrés Ochoa contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a quien condenó al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por accidente in itinere (v. fs. 206/217 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor el día 12 de mayo de 2017 sufrió un siniestro mientras se dirigía a prestar servicios a órdenes de su empleadora, a consecuencia del cual padece lesiones en su hombro derecho, rodilla, tobillo izquierdo y en su psiquis, que lo incapacitan en forma parcial y permanente en un 44,64% del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-XI-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 21-XII-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, denuncia violación al principio de congruencia, de las normas y doctrina legal que cita.
En primer lugar, objeta que el juzgador haya declarado la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557. Asimismo, entiende que el a quo no tuvo en consideración que el accionante promovió su reclamo judicial sin cumplir con el procedimiento administrativo previo previsto por la ley 27.348. Denuncia, además, la transgresión de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Pogonza" (Fallos: 344:2307, sent. del 2-IX-2021).
Finalmente, postula que el tribunal incurrió en arbitrariedad al determinar el grado de incapacidad que porta el reclamante.
III. El recurso no prospera.
III.1. El primero de los cuestionamientos reseñados debe rechazarse.
Esta Suprema Corte, en supuestos sustancialmente análogos al presente, a cuyos fundamentos cabe remitirse y darlos por reproducidos (causas L. 75.708, "Quiroga", sent. del 23-IV-2003; L. 81.339, "Sparnochia", sent. del 14-X-2003 y L. 82.688, "Fedczuk", sent. del 14-IV-2004), declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos, sin que las razones ensayadas por la impugnante justifiquen el apartamiento de la doctrina legal allí sentada (causas L. 112.117, "Blanco", resol. del 13-IV-2011 y L. 118.609, "Peralta", resol. de 13-V-2015).
Asimismo, resta indicar, que, además, lo resuelto en el fallo impugnado se ajusta al criterio delineado por esta Corte en la causa L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020), en lo vinculado a la aplicación temporal y validez constitucional de las leyes 14.997 y 27.348, a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.; causa L. 127439, "Bulacio", resol. de 7-VI-2022).
Luego, en cuanto sustenta la crítica en el precedente "Pogonza Jonathan Jesús c. Galeno A.R.T. S.A." de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 344:2307, sent. de 2-IX-2021), cabe recordar que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte, y no la que proviene de los fallos de otros tribunales (causas L. 122.169, "Ortiz", resol. de 20-II-2019 y L. 119.725, "Mogliani", sent. de 30-VIII-2021).
III.2. La misma suerte adversa ha de correr el restante reproche vinculado al porcentaje de minusvalía que porta el dependiente.
Al respecto, cabe recordar, que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, constituye el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de grado, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020).
En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó en forma pormenorizada la prueba producida, incluida la pericia médica que la impugnante denuncia como erróneamente ponderada y sobre tales premisas, estableció que el trabajador padece una minusvalía del 44,64% del índice de la total obrera como secuela de traumatismo a nivel de hombro derecho y rodilla y tobillo izquierdo, presentando limitaciones funcionales y a raíz de ello, también en su faz psíquica (R.V.A.N. de grado II con manifestación mixta de depresión fóbica).
Tal conclusión no logra ser descalificada por la impugnante, pues su crítica no controvierte de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 126.316, "Schwindt", resol. de 20-X-2021 y L. 127.628, "Benítez", resol. de 28-XII-2021).
A mayor abundamiento, es del caso recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 121.546, "Cabrera", resol. de 28-XI-2018; L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Por otro lado, resta agregar que el argumento que gira en torno a la violación del principio de congruencia deviene inviable, en tanto reiteradamente este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción al citado principio, limita su impugnación a la disconformidad con respecto a la interpretación de los términos del escrito de demanda, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 119.556, "Costa", sent. de 22-VIII-2018; L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019 y L. 126.316, "Schwindt", resol. 20-X-2021), tal y como sucede en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que los planteos analizados en el punto III.1. han sido desestimados en casos sustancialmente análogos y el abordado en el punto III.2. se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2022 19:00:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 11:02:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/08/2022 10:27:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/08/2022 18:57:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2022 08:06:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2022 13:21:00 hs. bajo el número RR-1065-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia