Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127614
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, en el marco del juicio iniciado por el señor Juan Leonardo Ruiz contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del cobro de una indemnización por accidente laboral, rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada (v. fs. 97/98 vta.).
Para así decidir, juzgó que el accionante había cumplido con la instancia administrativa previa y obligatoria prevista por la ley 27.348, y que a partir de lo establecido por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 tenía habilitada la competencia del tribunal de trabajo para la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-VI-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 5-VIII-2020).
En lo sustancial, refiere que no resultó un hecho controvertido la fecha de notificación de la resolución de clausura del procedimiento administrativo emitida por el titular del Servicio de Homologación, habiendo dejado consentir el trabajador dicho acto al no interponer el pertinente recurso de apelación dentro del plazo de quince días (conf. Res. SRT 298/17).
Señala además, que tampoco hubo de articular una demanda de revisión, en los términos del art. 2 inc. "j" de la Ley 15.057, dentro del plazo de 90 días, pues la que fuera deducida en estas actuaciones no es otra cosa que una acción ordinaria, que no rebate -como es menester- los argumentos en los que dicho funcionario sustentó la disposición de alcance particular , indicando concretamente cual es el error, omisión o deficiencia incurrido por la Comisión Médica Jurisdiccional actuante.
Defiende la plena aplicabilidad al caso de las leyes 14.997 y 27.348 y manifiesta que al momento de quedar expedita la vía judicial para el actor no había entrado en vigencia la ley 15.057.
Denuncia absurdo y la vulneración de derechos constitucionales y de la doctrina legal que cita.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 124.713, "Juárez", resol. de 2-X-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 126.116, "Pérez", resol. de 19-IV-2021). Por tal razón, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. del 1-IV-2015 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021).
III.2. Desde esa perspectiva de análisis, es dable advertir que no se verifica la excepcional hipótesis referida ni bien se repara en que el principal agravio que trae la recurrente remite al análisis de cuestiones de índole fáctica -cuya definición constituye una facultad privativa de los jueces de grado- como lo es determinar si, en el caso, concurren las condiciones necesarias para declarar configurada la cosa juzgada administrativa alegada (causas L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 127.524, "Testa", resol. de 6-XII-2021 y L 127.514, "Cardozo", resol. de 7-IV-2022; L. 126.563, "Galván", resol. de 15-VI-2022).
Por otro lado, los precedentes de esta Corte que el recurrente cita en apoyo de sus agravios no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 120.820, "Lastape", resol. de 11-X-2017; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
Finalmente, es dable recordar que la doctrina legal es la que emana de los propios fallos de la Suprema Corte y no la que deriva de la opinión de los autores o de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia (causas L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018; L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (arts. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para el recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:59:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 11:02:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/08/2022 10:27:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/08/2022 18:57:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2022 08:06:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2022 13:20:40 hs. bajo el número RR-1054-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia