Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127516
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedidos los remedios extraordinarios de nulidad y de inconstitucionalidad (arts. 296 y 299, CPCC).
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
GONZÁLEZ RICARDO C/ EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCIDENTE IN-ITINERE.
I. El Tribunal de Trabajo n°1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda promovida por Ricardo González y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que indicó, en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más intereses fijados en la forma que estableció (v. sentencia de fecha 23-IV-2021).
Para así decidir, tras analizar en conciencia las pruebas rendidas, juzgó verificado el nexo causal entre el accidente acaecido y las secuelas incapacitante padecidas por el trabajador.
II. Contra lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-V-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 13-V-2021. Posteriormente, también declaró admisibles un remedio de inconstitucionalidad y otro de nulidad (v. resolución de fecha 11-VII-2022).
III. En cuanto a los dos últimos carriles citados, cabe poner de resalto que de la lectura del escrito impugnativo se observa que no se ha desarrollado fundamento alguno en los términos de los arts. 161 inc. 1 e inc. 3 apartado "b" de la Constitución provincial y 296 y 299 del Código Procesal Civil y Comercial. En tales condiciones, los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad han sido mal concedidos (causas L. 120.195, "Da Silva", resol. de 14-XII-2016 y L. 124.852, "Viollaz", resol. de 6-XI-2020; e. o.).
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley deducida, la interesada cuestiona, en primer lugar, la decisión del tribunal de grado de establecer el ingreso base mensual conforme lo dispone el art. 12 de la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 27.348. En este sentido, entiende que no corresponde su utilización por el principio de irretroactividad de las normas.
Luego, denuncia absurdo en la valoración de la prueba, objetando el porcentaje de incapacidad que el a quo le reconoció al accionante.
IV.2. El recurso no puede prosperar.
IV.3.a. Liminarmente, se impone señalar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.673, "Fieres", resol. de 20-IX-2017; L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.457, "Ramos", resol. de 3-VIII-2020 y L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020 y L. 125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021).
IV.3.b. En este contexto, respecto del primer agravio enunciado, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida desde que la doctrina traída por la recurrente, en apoyo de su pretensión, ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021).
Además, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020, L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.470 "Asplindh", resol. de 27-V-2022).
IV.3.c. Por otro lado, igualmente inatendible resulta el restante planteo, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis a fin de establecer el grado de incapacidad que presenta el trabajador (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019; L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedidos los remedios extraordinarios de nulidad y de inconstitucionalidad (arts. 296 y 299, CPCC).
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2022 18:12:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 20:54:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2022 15:20:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:21:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:10:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/09/2022 17:46:25 hs. bajo el número RR-1207-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia