Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128625
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
RIVAS ELENA ALEJANDRA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIDENTE IN-ITINERE.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por Elena Alejandra Rivas y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 por la incapacidad que porta la reclamante derivada del accidente in itinere que protagonizó (v. pronunciamiento del 21-XII-2021).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, dispuso, a los fines de calcular el resarcimiento, aplicar al caso las disposiciones del decreto 669/19.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 7-II-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 7-II-2022).
En su presentación, invoca las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, se agravia de la decisión con arreglo a la cual el tribunal de grado aplicó en el caso las prescripciones del decreto 669/19. En ese orden, denuncia que el fallo infringe el principio de congruencia, por cuanto su aplicación no fue peticionada por las partes y, además, sostiene que la norma se utilizó en forma retroactiva.
Por otro lado, bajo la denuncia de violación de doctrina legal, objeta la tasa establecida en concepto de intereses para el caso de incumplimiento del fallo dictado en autos.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el monto obtenido como resultado de la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el a quo y el pretendido por el recurrente- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 120.946, "Haal", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por el interesado en el apartado III.d. de su presentación, es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se exhibe nítida respecto del agravio orientado a cuestionar la aplicación en el caso del decreto 669/19, desde que los precedentes invocados por el recurrente en apoyo de su pretensión no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 128.387, "Rocha", resol. 26-IV-2022).
Desde otroángulo, tampoco se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado en cuanto la impugnación bajo examen se estructura, asimismo, sobre la eventual infracción del principio de congruencia, asunto detraído de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018).
Finalmente, el reproche vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial también debe ser desestimado. Ello así, pues no se advierte configurada la violación de doctrina legal que cita el interesado, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.641, "Quirós", resol. de 12-II-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2022 18:12:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 20:54:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2022 15:20:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:21:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:11:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/09/2022 17:46:49 hs. bajo el número RR-1219-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia