Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124171
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.171, "Gutiérrez, Mario Gabriel contra Ministerio de Producción Astillero Rio Santiago. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 208/231 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 237/249).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo consideró acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo in itinere sufrido el día 27 de marzo de 2017, el señor Mario Gabriel Gutiérrez padece una incapacidad laboral permanente parcial del 42,9% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 208/209 vta.).
En lo que resulta relevante, en la sentencia declaró que el accionante resultaba acreedor de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, calculada según las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
Con sustento en dicha norma, cuantificó el ingreso base mensual del trabajador partiendo del informe efectuado por el Área Contable de la Fiscalía de Estado y arribó a la suma de $36.716,18 aplicando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; v. sent., fs. 213 y vta.). A este monto le aplicó, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (precisó: conforme el art. 12 apartado 2, ley cit.), elevando el ingreso base del actor a la suma de $68.508,02 (v. sent., fs. 213 vta.).
Luego, abocado a analizar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada respecto del mencionado art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), comenzó por señalar que su interés por cuestionar la norma era evidente, pues de juzgársela inconstitucional, correspondería tomar como base la suma de $32.046,37 (ingreso base determinado con las pautas de la redacción anterior de la ley 24.557).
Seguidamente, sostuvo que el precepto legal incorporó un mecanismo de actualización de créditos orientado a mantener el valor económico real de las prestaciones previstas en los arts. 14 y 15 de la ley 24.557 a través de la aplicación de la variación del índice RIPTE y su posterior ajuste con la utilización de la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12 apdos. 1 y 2). Con relación a esta última, señaló que no tiene una función compensatoria o punitoria, sino que está destinada precisamente a sustituir al RIPTE (art. 12 apdo. 1, LRT) como mecanismo de actualización, para evitar que se deprecie el crédito indemnizatorio en el período de tiempo que transcurre desde la primera manifestación invalidante hasta el momento en que se determine el importe de la indemnización (v. sent., fs. 214 vta. y 215). Afirmó así, que la norma utiliza dos mecanismos de ajuste diferentes, que tienen ámbitos de aplicación temporal distintos: durante el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante mediante el índice RIPTE (art. 12 apdo. 1, LRT); y desde ese momento y hasta la determinación de la indemnización por conducto de la tasa activa del Banco Nación (art. 12 apdo. 2, LRT). Estos, destacó, son compatibles con el carácter de deudas de valor que -según argumentó- revisten las indemnizaciones por incapacidad definitiva derivada de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siendo una categoría que -en contraposición con la postura esgrimida por la accionada- encuentra respaldo en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. sent., fs. 215/216).
Expuso que tampoco era acertado el argumento del accionado sustentado en que el art. 11 de la ley 27.348 vulnera el "principio nominalista" establecido en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561. Reputó que el art. 7 citado no era aplicable al caso, por cuanto refiere a las obligaciones de "dar una suma determinada de pesos", carácter que -reiteró- no reviste la obligación de reparar la pérdida de capacidad de ganancias provocada por un siniestro laboral. Expresó que aun de considerarse aplicables los preceptos mencionados, su concurrencia conflictiva con la norma laboral conducía inexorablemente a desplazarlos por la ley 27.348, normativa posterior, especial y más favorable al sujeto protegido conforme los principios constitucionales de protección al trabajador y progresividad. Agregó que la norma especial tiene un valor jerárquico y axiológico superior que no puede ser menoscabado por una añeja regulación de rango meramente legal que, para más, fue pensada para un contexto diferente al actual (v. sent., fs. 216 vta./217 vta.). Dijo que de todas maneras la emergencia sobre la que se basaba el mantenimiento de la prohibición de indexar de la ley 23.928, modificada por la ley 25.561, fue prorrogada hasta el día 31 de diciembre de 2017 (art. 1, ley 27.200), por lo que ya no se encontraba vigente (v. sent., última fs. cit.).
Manifestó que no resultaban aplicables al caso los precedentes L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009); L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016) de este Tribunal denunciados por la demandada, ni el fallo "Massolo" de la Corte federal, en tanto habían sido elaborados en base a un marco normativo disímil al que se presentaba en la especie. Por el contrario, argumentó que esta Suprema Corte admitió en la causa C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), la fijación del importe indemnizatorio a valores actuales, haciéndose cargo de la flexibilización que (incluso en ausencia de ley especial expresa que desplace su aplicación) ha debido hacerse de la prohibición plasmada en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (v. sent., fs. 218 vta. y 219).
Entendió que tampoco le asistía razón a la demandada, al denunciar que el art. 11 de la ley 27.348 era confiscatorio y violatorio del derecho de propiedad por consagrar "un doble mecanismo de actualización". Ello, porque -conforme lo dicho en párrafos anteriores- los mecanismos de ajuste previstos en los apartados 1 y 2 del art. 12 de la ley 24.557 no se superponen, sino que se complementan, se configura una única actualización que se realiza en dos períodos diferentes y por medio de dos herramientas distintas (v. sent., fs. 219 y vta.).
Agregó que, al introducir esa regulación, el Poder Legislativo no hizo sino efectivizar lo que venía sosteniendo la doctrina y la jurisprudencia al tratar la validez constitucional del art. 12 en su redacción anterior (v. sent., fs. 220 y vta.).
Por los argumentos expuestos, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según art. 11, ley 27.348) incorporado por la parte demandada y procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. sent., fs. 224 y vta.).
Finalmente, dispuso implementar entre la fecha de "la toma de conocimiento de la incapacidad" hasta la sentencia una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual, y luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial y 12 apartado 3 de la ley 24.557 -modificada por la ley 27.348-.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4 de la ley 25.561-; 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 237/249).
En concreto, cuestiona que el tribunal de grado haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (conf. ley 27.348) plasmado al contestar la demanda.
II.1. Afirma que la decisión fue gestada a partir de un razonamiento absurdo y arbitrario, que evidencia la ausencia en el caso de un acto jurisdiccional válido.
Manifiesta que el argumento del tribunal referido a que la ley 27.348 fue sancionada con posterioridad a la ley 23.928 (texto según ley 25.561), no es suficiente para considerarla constitucionalmente válida si no puede superar el test de razonabilidad.
Sostiene que la norma objetada arriba a una solución incoherente, en tanto, mientras la indemnización por responsabilidad civil debe justipreciarse bajo los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -modificada por la ley 25.561-, el referido art. 12 se aparta de las limitaciones de dichos preceptos e incorpora un mecanismo de actualización que arroja una indemnización completamente desproporcionada.
Agrega que deviene irrelevante la consideración que hizo el tribunal en cuanto a que la norma en cuestión no importa un mecanismo de indexación en el sentido literal del término, porque la prohibición establecida por la citada ley 23.928 no se limita a ello, sino que se extiende a todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Entiende que lo señalado genera una notoria afectación de las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
Pone de resalto que no existe una mínima proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido. Afirma que la carencia de proporcionalidad entre el sistema general de reparación y el especial diseñado por la ley 27.348, se revela con facilidad a partir de los montos que arroja la determinación del ingreso base mensual denunciado por su parte y el que fijó el tribunal por aplicación del nuevo art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Expresa que dicho resultado jamás podría haber sido alcanzado por un empleado medio (docente) en la hipótesis de haber sufrido el mismo accidente fuera del ámbito laboral, lo que demuestra que los principios protectorios del Derecho del Trabajo han traspasado los límites de la razón.
II.2. Sostiene que la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual, jamás podría reflejar la variación real de un salario durante el período de su aplicación; ello así, en tanto el precio que cobra un banco por prestar dinero (tasa activa) responde a razones ontológicamente distintas a la remuneración. Acudiendo al precedente de este Tribunal registrado como C. 101.774, "Ponce" (sent. de 21-X-2009), afirma que la "tasa activa" tiene incorporado un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales, el cual resulta también desproporcionado por la actual rentabilidad y sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero.
Manifiesta que, a diferencia de lo señalado en el fallo de grado, la ley especial no impone al empleador el pago de una "deuda salarial" cuando el trabajador sufre alguna de las contingencias allí previstas, sino que solo coloca al ingreso base mensual como uno de los factores preponderantes para establecer la reparación.
II.3. Cuestiona lo afirmado por el sentenciante al categorizar a la deuda salarial como una deuda de valor. Alega que si bien la actualización de los créditos laborales es un tema que el legislador tuvo presente y trató en la Ley de Contrato de Trabajo, su art. 276 se encuentra derogado desde el dictado de la ley 23.928.
Asimismo, denuncia que el juzgador realizó una justificación errónea al explicar que la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador fue menoscabada de manera definitiva por un comportamiento imputable a la patronal, desde que para la ley especial la conducta de la empleadora no es un presupuesto a tener en consideración para que nazca el deber de reparar, solo se requiere un vínculo entre la contingencia prevista y el trabajo.
II.4. Alega que el principio de progresividad no es absoluto y que, igualmente, en el presente no se encontraba comprometido. Expone que la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó en el caso Acevedo (sent. de 1-VII-2009), que dicho postulado no siempre debe ser entendido como una prohibición de medidas que restrinjan el ejercicio de un derecho.
II.5. Expresa que los intereses a la tasa activa dispuestos hasta la fecha del efectivo pago en el art. 12 apartado 2 (texto según ley 27.348) constituyen un mecanismo encubierto de actualización monetaria que se encuentra prohibido por la ley 23.928 (ratific. por el art. 4, ley 25.561).
Arguye que si bien ambas leyes pueden ser de igual rango, es claro que no aportan similar jerarquía, ya que las leyes que prohíben la indexación atienden al interés general de la comunidad mientras que la ley 27.348 es de carácter netamente sectorial.
Puntualiza que, de todas formas, tampoco podrían ser dejadas sin efecto por el solo motivo de ser una ley posterior de igual rango. En este punto, explica que no toda ley posterior invalida la ley anterior sin una decisión expresa. Expone que esta Corte señaló en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016), que la ley 26.994 no suprimió ni importó una derogación tácita de la prohibición de indexar dispuesta en la legislación anterior.
Asimismo, cita en apoyo de su postura, lo resuelto por este Tribunal en las causas Ac. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015) y C. 122.322, "Wagner" (resol. de 3-V-2018), entre varias.
Por último, objeta lo argumentado por el sentenciante al sostener que la ley 25.561 ha perdido vigencia, en tanto aduce que el cese de la emergencia económica no implica que las leyes que fueron dictadas en el marco de aquel escenario hayan perdido toda virtualidad. Refiere que se trata de una interpretación que no se compadece con la doctrina legal.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar que el cuestionamiento que busca encontrar sostén en la alegada falta de razonabilidad y desproporcionalidad que se configuraría al cotejarse el monto resultante del cómputo del ingreso base mensual que consagra la norma impugnada en relación con el que arrojaría el quantum indemnizatorio según los parámetros del derecho común, es fruto de una reflexión tardía.
Esa estructura argumental, bien pudo ser llevada a consideración del tribunal de origen en la etapa procesal oportuna para su concreto abordaje, sin embargo, ello no fue así, pues al intervenir en el litigio y atacar la validez de la norma únicamente se aludió a la violación de las "garantías" previstas en los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y a la alteración del principio nominalista (v. apdo. VII del escrito de contestación de la demanda).
En este orden, tiene dicho esta Suprema Corte que no resultan atendibles los planteos novedosos que no fueron arrimados a examen en la instancia de grado (causas L. 116.945, "Bernachea", sent. de 26-III-2014; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; e.o.). Con análogo criterio, también ha sostenido que son inaudibles en esta sede casatoria los argumentos que importan alterar el enfoque o dimensión del pedimento inicial o de la defensa esgrimida (causas L. 104.919, "Roncayoli", sent. de 21-XII-2011; L. 117.099, "Schlotthaver", sent. de 8-IV-2015 y L. 120.190, "Peppi", sent. de 13-X-2020; e.o.).
III.2. Los demás cuestionamientos, afincados en la pretendida vulneración de las leyes 23.928 y 25.561, todavía, en la hipótesis de receptarse la vigencia que se postula de tales normas, no lucen hábiles para rebatir lo juzgado al respecto en el pronunciamiento de grado.
III.2.a. Sin que implique asumir postura alguna sobre dicho tópico, corresponde destacar que ningún embate atendible porta el recurso acerca del carácter de "deuda de valor" que el tribunal le confirió a la prestación en juego para juzgar la inaplicabilidad de la regla prevista en el art. 7 de la ley 23.928, carácter, dijo, receptado en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación y que a la vez le resta entidad al planteo llevado por la accionada fundado en que la citada ley 23.928 habría eliminado esa clase de obligaciones en el ordenamiento jurídico.
Soslayando desplegar razones aptas para neutralizar aquellos argumentos, en su referencia más directa a esta parte de la sentencia el quejoso alude a la derogación del art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin embargo, esta norma no formó parte del elenco de preceptos legales aplicados en el fallo y por ello ha de quedar aquí marginada de todo examen.
III.2.b. Aun cuando lo expresado precedentemente signifique dejar firme un argumento de la sentencia con aptitud por sí mismo para fundar la conclusión que se objeta en esta sede extraordinaria, otras reflexiones abonan en su integralidad la apuntada insuficiencia que se le endilga al recurso deducido.
En su abanico de motivaciones, sostuvo el sentenciante que aun dejando de lado su tesitura respecto de la "deuda de valor", igualmente la ley 27.348 por ser una norma de igual jerarquía, posterior, especial y más favorable al trabajador, desplaza a la ley 23.928.
Sin otro apoyo más que su propia opinión, el impugnante efectúa una distinción entre "rango" y "jerarquía" de las normas para afirmar que ambas leyes comparten la primera cualidad, pero que la ley 23.928 -lo mismo predica de la ley 25.561- atiende al interés general de la comunidad siendo de mayor jerarquía que la legislación laboral del caso. Tal afirmación, que de suyo se contrapone con el juicio desplegado por el tribunal, tampoco se ocupa de desvirtuar la especial naturaleza protectoria del trabajador que los magistrados le otorgaron a la ley 27.348 con sustento -entre otros preceptos- en los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.2.c. Además, prescinde el quejoso cuestionar de modo concreto el tramo de la decisión de origen en el que se dijo que lo allí resuelto no vulneraba la doctrina legal establecida por esta Corte en materia de intereses moratorios (causas L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016) ni la jurisprudencia de la Corte federal sobre la validez constitucional de la ley 23.928 (CSJN causa "Massolo"), por cuanto, más allá que los apartados 1 y 2 del citado art. 12 de la ley 24.557 -en su nueva redacción- refieren a instituciones con finalidades en parte diferentes, aquellas habían sido elaboradas en base a un marco normativo disímil al del sub lite .
Tampoco hace referencia el interesado a los fundamentos expuestos por el juzgador de grado para sostener que la norma objetada no afectaba el derecho de propiedad de la demandada ni resultaba confiscatoria, así como tampoco devenía en un doble mecanismo de actualización.
III.2.d. Definida la ausencia de eficacia del embate para conmover las motivaciones qu
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.