Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128678
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por Duilio Adrián Moyano y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Asimismo, ordenó a la accionada abonar el importe que determinó para cubrir el tratamiento psicoterapéutico al que debía someterse el demandante.
Finalmente, para caso en que esta última incurriera en mora en el pago de tal indemnización, dispuso la aplicación de un interés equivalente al promedio emergente de la cartera general nominal anual vencida a 30 días, atinente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, hasta el efectivo pago, acumulándose los acrecidos al capital en forma semestral, según lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. pronunciamiento de fecha 29-X-2021).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo sufrido, el actor es portador de una incapacidad del 27% del índice de la total obrera -incluidos los factores de ponderación previstos en la normativa intrasistémica-, por presentar una disminución física y psíquica, debiendo, según lo informado por el experto médico, realizar un tratamiento psicológico.
Luego, procedió a calcular el quantum de la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial derivada del infortunio laboral padecido, disponiendo que no correspondía aplicar ningún tipo de interés, dada la forma en que se calculó el ingreso base mensual.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 24-XI-2021), los que fueron concedidos por el órgano de grado (v. resolución de fecha 30-XII-2021), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 14-IX-2022).
III. En la primera de las vías interpuestas, la aseguradora demandada denuncia omisión de cuestiones esenciales y alega afectación de los derechos de propiedad y defensa en juicio.
Al respecto, señala -en primer lugar- que el tribunal de origen fundamentó su decisión en un único informe psiquiátrico.
Asimsimo, cuestiona la valoración de la prueba porque la demandada dio cumplimiento con las obligaciones legales a su cargo
Por último, afirma que no consideró en forma completa el informe pericial médico.
III.1. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no prospera.
En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2. En ese sentido, del análisis de su escueta presentación surge que, en rigor, contrariamente a lo afirmado en el recurso, la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de la decisión impugnada, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 121.707, "Leiva", resol. de 27-II-2019 y L. 125.439, "Juárez", resol. de 2-XI-2020).
Es dable recordar que, en el marco de la vía extraordinaria en tratamiento, no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba, e incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito y propios -en cambio- del de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.917, "Abadie", resol. de 25-X-2017; L. 121.293, "Insua", resol. de 29-VIII-2018 y L. 125.386, "Tito", resol. de 4-V-2021).
Asimismo, cabe agregar que el eventual desacierto jurídico del fallo, como la supuesta afectación del derecho de defensa en juicio y de propiedad, constituyen temas ajenos al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 93.027, "Coto", sent. de 19-III-2008; L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 122.646, "Márquez", resol. de 12-VI-2019 y L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la accionada cita las normas y doctrina legal que considera violadas.
En primer lugar, con denuncia de afectación al principio de congruencia, cuestiona la condena en concepto de daño psicológico determinado en el fallo.
Asimismo, denuncia absurdo en la valoración del informe pericial médico, objetando, el porcentaje de incapacidad.
Luego, le reprocha -al juzgador de origen- haber quebrantado la distribución de la carga probatoria.
Así también, objeta la determinación del monto de la condena, en tanto entiende que es arbitrario.
Por último, se agravia de la estimación de intereses calculados conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, denunciando vulnerada la doctrina legal de esta Corte que cita.
IV.1. El recurso no prospera.
IV.2. En primer lugar, no se observa, en el caso, la concurrencia del déficit denunciado respecto del principio de congruencia.
Ello así, por cuanto éste importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020 y L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020), situación que no concurre en el caso.
Por el contrario, la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
IV.3. Por otro lado, respecto al planteo dirigido a impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado a los fines de determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador, cabe recordar que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, así como la evaluación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales y establecer el grado de minusvalía que afecta al trabajador, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre eficazmente por quien lo invoca el referido vicio (causas L. 105.461, "Berton", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015; L. 118.090, "Mayer", sent. de 27-IX-2017 y L. 127.639, "Herrera", resol. de 23-V-2022).
En el caso, la recurrente no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, pues la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
En efecto, el cuestionamiento se estructura sobre la base de la distinta significación que le atribuye, en particular, al informe pericial médico obrante en autos. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la referida experticia, la impugnante no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
Es sabido que el absurdo es un instituto excepcional para casos extremos, que no queda configurado aun cuando el criterio de los jueces pueda calificarse de objetable, discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F., A. E.", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020) que en el caso -como se anticipó- no logra ser acreditado por la interesada, pues el planteo se limita a señalar eventuales fisuras en la evaluación realizada por el sentenciante, pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el grave error denunciado.
IV.4. Tampoco evidencia la recurrente que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020; L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.790, "Molina", resol. de 25-III-2021), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
IV.5. También debe ser desestimado el agravio por el que se objeta el monto de condena.
Sabido es, que determinar el quantum indemnizatorio, en tanto constituye el análisis de cuestiones de hecho y de la apreciación del material probatorio, resulta una atribución privativa de los jueces de grado y exenta de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 118.134, "Vaccarezza", resol. de 20-XI-2014; L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016 y L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019), el cual, como se dijo, no logra demostrarse.
Desde esa óptica, se advierte que el embate introducido por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no contiene un desarrollo argumental idóneo para demostrar el yerro valorativo que se le atribuye al juzgador, soslayando formular una réplica eficaz de las motivaciones esenciales esgrimidas respecto del tópico (art. 279, CPCC).
IV.6. En otro orden, respecto del reproche por el cual la interesada objeta la tasa de intereses que -a su criterio- fijó el a quo sobre el capital de condena, parte de una premisa errónea, puesto que de la lectura del fallo atacado surge que -contrariamente a lo afirmado por la impugnante- órgano judicial de grado expresamente ordenó la no aplicación de intereses moratorios, sino que, por el contrario, estableció la alícuota que habría de corresponder en caso de incumplimiento de la sentencia.
De este modo, el cuestionamiento de la interesada transita por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 116.617, "Clerici", sent. de 11-IX-2013; L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013; L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015 y L. 125.479, "Blanco", resol. del 9-XII-2020).
A ello cabe agregar, que no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente -elaborada en torno a los intereses moratorios- toda vez que la impugnación se dirige a objetar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.641, "Quirós", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2022 18:18:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2022 20:21:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2022 09:22:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 10:00:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 11:03:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/11/2022 12:34:27 hs. bajo el número RR-1395-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia