Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128397
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.), con costas (art. 303, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción por accidente in itinere iniciada por el señor Jorge Ismael Rolón contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Federación Patronal Seguros S.A., declaró la existencia de cosa juzgada administrativa y ordenó el archivo de las actuaciones (v. pronunciamiento de fecha 25-XI-2021).
Para así decidir, inicialmente desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y sostuvo, de un lado, que los fundamentos esgrimidos por la parte actora para descalificar la validez constitucional de la aludida norma resultaban puramente teóricos y redundantes, toda vez que había omitido mencionar los motivos por los cuales entendía que su aplicación al caso concreto resultaba contraria a la Carta Magna.
No obstante ello, señaló que la pretensión de la accionante no podía prosperar porque era el producto de una errónea consideración sobre la naturaleza jurídica del remedio previsto en tal precepto. En ese sentido, explicó que lejos de tratarse de una acción autónoma tiene por finalidad que el órgano judicial se expida en relación a los dictámenes emanados de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales; como así también que aquella no es más que un recurso de apelación, toda vez que la provincia de Buenos Aires -como cualquier otra- carece de poder para crear una acción que no se encuentra prevista en la normativa de fondo.
Indicó que el plazo de 90 días previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 es de caducidad y no de prescripción, y que al tratarse de un término procesal no guarda relación con las disposiciones del art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. En esta lógica, declaró que no resulta contrario al art. 15 de la Constitución provincial, apareciendo como una razonable reglamentación al ejercicio del derecho a acceder al poder judicial.
Precisó asimismo el a quo que el recurso de apelación ante la Comisión Médica Central se encuentra regulado en el apartado 3 de la ley 15.057.
Luego, tras analizar las constancias de la causa, tuvo por probado que el trabajador había cumplimentado el procedimiento establecido en el art. 1 de la ley 27.348, obteniendo dictamen de la Comisión Médica Central (el 8-IV-2020), que ratificó el emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional, habiendo cuestionado la actora dicha decisión luego de trascurrido el plazo de 15 días hábiles administrativos (el 5-V-2020), por lo que correspondía declararlo extemporáneo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica del 10-XII-2021), el que fue concedido en la instancia de grado (v. resolución de fecha 17-XII-2021); habiéndose conferido vista al señor Procurador General con fecha 22 de marzo de 2022 (v. dictamen del 1-VI-2022).
En su escrito impugnativo, reitera el planteo de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 formulado al interponer la demanda.
Señala que el plazo de 90 días para la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas resulta incompatible con las garantías constitucionales y convencionales de igualdad, acceso irrestricto a la justicia y defensa en juicio contenidas en los arts. 16, 18 y 33 de la Constitución nacional y 8 del Pacto de San Jose de Costa Rica.
En lo sustancial de la crítica, sostiene que el trabajador cuenta con el plazo bienal previsto por el art. 259 de la Ley de Contrato de Trabajo para acudir a la justicia ordinaria, de modo que el tránsito por la vía administrativa no puede constituir la vulneración de sus derechos, como -entiende- que ocurre en el caso.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. De la lectura de la sentencia puesta en entredicho surge que el tribunal actuante, si bien hubo de pronunciarse por la validez constitucional del plazo de caducidad de 90 días establecido por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, tuvo esencialmente en consideración las actuaciones llevadas a cabo por el trabajador en el curso del trámite administrativo cumplido con anterioridad a la iniciación de la presente causa, para arribar a la esencial conclusión de que "… el dictamen emitido por la Comisión Médica Central ha sido cuestionado por el actor transcurrido el plazo de quince días hábiles administrativos (5/5/2021), razón por la cual corresponde declararlo extemporáneo… ", para asimismo determinar que "… la acción que intenta ejercer la actora no se encuentra prevista en la legislación vigente " y que, en consecuencia, correspondía "… declarar la existencia de cosa juzgada administrativa ".
Los agravios que porta la crítica resultan insuficientes para obtener la modificación de lo decidido, en tanto orientados -en rigor- a descalificar la validez constitucionalidad del plazo contemplado en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 para el ejercicio de la acción laboral ordinaria prevista para la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, se aparta y deja sin réplica a los fundamentos de orden fáctico y jurídico que llevaron al tribunal de grado a resolver la controversia.
En ese orden, tiene dicho esta Corte que resulta un requisito indispensable de una adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inconstitucionalidad la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento (causas A.75.445, "Wal Mart Argentina S.R.L."; resol. de 21-VIII-2021 y A. 74.746, "Clavero", sent. de 6-X-2021; e. o.).
Siendo ello así, y tal como lo pone de manifiesto el representante del Ministerio Público en su dictamen, el remedio procesal incoado no abastece los requisitos mínimos de suficiencia necesaria para ingresar en el conocimiento del caso constitucional planteado en torno al plazo de caducidad regulado en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.), con costas (art. 303, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/11/2022 14:32:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/11/2022 09:17:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 13:27:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 17:11:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:26:30 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/11/2022 11:30:40 hs. bajo el número RR-1453-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia