Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125086
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.086, "Raimundo, Ana María contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 355/365).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-IX-2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia extraordinaria, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Ana María Raimundo contra la Provincia de Buenos Aires, condenándola al pago del resarcimiento tarifado previsto por el régimen especial de reparación de infortunios laborales (arts. 6, 11 apdo. 4 inc. "a" y 14 apdo. 2 inc. "b", ley 24.557; resol. Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14; v. fs. 355/365).
Para así decidir, en el veredicto consideró acreditado que el día 27 de octubre de 2014 la actora sufrió un accidente in itinere que le provocó una minusvalía del 57,46% del índice de la total obrera (v. fs. 355 y vta.).
Señaló que, aunque de modo ambiguo, aquella acumuló en su escrito liminar dos pretensiones diversas: por un lado, la acción sistémica fundada en la Ley de Riegos del Trabajo; por otro, la reparación basada en el derecho común (v. fs. 357 vta., 358 y 359 vta.).
Bajo dicho esquema, y considerando que a la fecha del acaecimiento de dicho siniestro se encontraba vigente la ley 26.773 -dado lo prescripto en su art. 4 en lo relativo a la opción excluyente-, juzgó que correspondía -aún de oficio- pronunciarse respecto de la limitación de la doble vía resarcitoria (v. fs. 358).
Con sustento en sus propios precedentes y en doctrina autoral, sostuvo que, si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción excluyente contendida en la ley 9.688 en sus distintas versiones, tal posición no resultó pacífica y que esa incongruencia fue superada a partir del art. 39 de la ley 24.557 que, si bien provocó una serie de insostenibles injusticias, también actuó como un eficaz revulsivo de las mismas. A partir de entonces, explicó, los superiores tribunales, tanto nacionales como provinciales, encadenaron una serie de sucesivos fallos que -enfatizó- impiden retrogradar legal, jurisprudencial y doctrinariamente hacia la reinstauración de la opción en cuestión (v. fs. 358).
Destacó en el fallo que no puede existir un subsistema de reparación de daños excluyente del común y que, de ser ello así, siempre deberá complementarse y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima, en conjugación de las distintas vertientes de atribución de responsabilidad, evitando la superposición o duplicación de reparaciones. Señaló que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace años y no puede desandarse, sino por conducto de quebrantar el principio de progresividad (v. fs. 358 vta.).
Expuso que la ausencia de razonabilidad de la opción excluyente viola los principios básicos de indemnidad, protección especial e irrenunciabilidad, al obligar al trabajador, en estado de necesidad, a tomar una decisión crítica que implica una renuncia a priori de una hipotética o eventual mejor reparación (v. fs. cit.).
Con todo, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 por considerar que colisiona con lo normado por los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo, habilitando consecuentemente la reunión de pretensiones intentada por la actora en las presentes actuaciones (v. fs. 358/359 vta.).
Luego, sostuvo que no podía atribuirse a la demandada responsabilidad civil que se proyectara en obligación de resarcir a la trabajadora, toda vez que no se había logrado acreditar en autos la intervención de cosa riesgosa o viciosa, ni acción u omisión del Fisco provincial que hubieran incidido causal ni concausalmente en la ocurrencia del infortunio, correspondiendo -en consecuencia- rechazar el pedido de resarcimiento integral con sustento en derecho común (arts. 499, Cód. Civ. y 726, Cód. Civ. y Com. de la Nación; v. fs. 359 vta.).
Sin perjuicio de ello, juzgó que en tanto la actora reclamó la reparación de las consecuencias incapacitantes del accidente in itinere del que fue víctima, y a pesar del ambiguo planteo, la pretensión cuadraba en los términos de la ley especial, "...en un todo de acuerdo con lo expuesto por la demandada a fs. 164 y sgtes. de su responde..." (fs. 360). Fundó tal definición -entre otros conceptos- en el art. 14 bis de la Constitución nacional, el principio iura novit curia, la naturaleza de los derechos involucrados, la existencia de mínimos irrenunciables, la normativa tuitiva del sujeto hiposuficiente y la doctrina autoral que postula que todo reclamo motivado en un accidente laboral es alcanzado por la normativa específica que le brinda cobertura (v. fs. 359 vta. y 360).
Consecuentemente, acogió la demanda en cuanto procuraba al pago de la prestación dineraria por incapacidad parcial, permanente y definitiva en los términos de los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 y la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14, por la suma de $632.230 (v. fs. 360 y vta. y 363 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la legitimada pasiva mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; de los Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; de los arts. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 4 de la ley 26.773 y 26, 27, 28, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653, y de la doctrina legal que cita.
Cuestiona la condena a resarcir a la señora Raimundo con apoyatura en el régimen especial de riesgos del trabajo porque entiende que el juzgador incurrió en absurdo y violación del principio de congruencia al interpretar erróneamente que la actora en su presentación liminar acumuló el reclamo emergente de la legislación especial y la acción fundada en el derecho civil e impugna la declaración de oficio de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, que establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo.
Con fundamento en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos casos "Mill de Pereyra" y "Rodríguez Pereira", sostiene que -en el caso- no se verifican los extremos que habilitan a los jueces a descalificar de oficio la validez constitucional de una ley.
Arguye que no puede considerarse como un retroceso lo normado en el art. 4 de la normativa legal citada en comparación con el art. 39 de la ley 24.557, pues esta última disposición vedaba todo acceso a una reparación plena e integral, lo que no ocurre con el dispositivo en crisis.
Argumenta que las modificaciones de la nueva ley implican una verdadera reforma de fondo del régimen de riesgos del trabajo, que avanza en una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos de dicho sistema reparatorio, estableciendo prestaciones plenas, justas, integrales y de percepción inmediata, dando previsibilidad y certeza a los actores sociales en el marco de especificidad que le es propio.
Sostiene que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley, tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño amparados por la Constitución nacional.
Refiere que no es el camino correcto el de acudir a infundados argumentos a efectos de derribar una normativa que es de carácter público y ha sido creada con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema regulado por la ley 24.557.
Con todo, asegura que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiendo en consecuencia casarse el fallo de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización especial normada en la Ley de Riegos del Trabajo.
III. El recurso prospera.
III.1. El valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por el capital de condena- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Desde esta perspectiva, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e.o.).
III.2. Ahora bien, visto que en el caso el debate central gira en torno a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, la cuestión medular a dirimir involucra el análisis de una cuestión de índole federal que, con prescindencia del valor del litigio, justifica la apertura de la instancia extraordinaria sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015; L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015 y L. 121.544, "Arce", sent. de 20-X-2021).
III.3. Aclarado ello, a los fines de otorgar suficiente respuesta al agravio por conducto del cual el interesado impugna el control oficioso de constitucionalidad efectuado por el tribunal de grado respecto de la norma citada, habré de estar, en lo pertinente, a los conceptos vertidos por esta Suprema Corte en precedentes análogos, en sustancia, al presente. Me refiero a los registrados como causas L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020), aunque no tuve oportunidad de intervenir y L. 121.544, "Arce" (sent. de 20-X-2021), en el que presté mi adhesión al voto de mi distinguida colega doctora Kogan.
Ello así, en tanto en el supuesto en estudio se verifica que el libelo de inicio adolece de los mismos defectos que fueron puestos de manifiesto en las causas citadas y que justificaron la procedencia de la impugnación (art. 47, ley 11.653).
En efecto, pese a que la ley 26.773 resultaba aplicable en la especie según las pautas de orden temporal denunciadas en la demanda (v. fs. 89 y vered., primera cuestión, fs. 355 y vta.), ningún análisis mereció el nuevo diseño del régimen de riesgos del trabajo implementado por ella.
Se observa, al respecto, que dicho escrito contiene un desarrollo impreciso y hasta contradictorio, en el que abundan genéricas consideraciones sobre disposiciones legales inaplicables al caso, pero nada dice la parte actora en dicha pieza procesal en relación con la opción "excluyente" que regula el segundo párrafo de la norma descalificada en la sentencia. Resta señalar que tampoco lo hizo en otras oportunidades procesales pues, aún frente al planteo que con tal sustento plasmó la contraria al diseñar su defensa, al evacuar el traslado conferido en los términos del art. 29 de la ley 11.653, la parte actora nada manifestó al respecto (v. contestación de demanda, fs. 165 vta. y escrito de fs. 182/186).
No obsta a la solución que aquí se propone lo resuelto por esta Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), toda vez que en este último precedente había mediado un concreto planteo de la parte actora cuestionando la validez constitucional del art. 4 de la ley 26.773.
III.4. A partir de lo anterior, no queda margen para abordar los restantes cuestionamientos que contiene el medio de impugnación.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto allí se juzgó la inconstitucionalidad del referido precepto.
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen a fin de que -con nueva integración y previa renovación de los actos procesales que estime necesarios- dicte un nuevo pronunciamiento que resuelva la controversia.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1.a. Sin perjuicio de que frente a la insuficiencia del monto en disputa el recurrente ha esgrimido fundamentos idóneos para desplazar el pertinente recaudo de admisibilidad, lo cierto es que en el caso el pronunciamiento de grado debe ser revocado pues contiene los mismos defectos que en su hora puse de relieve -en relación con una sentencia proveniente del tribunal que aquí intervino- en la causa L. 120.792, "Guarepi" (sent. de 18-VIII-2020), solución que fuera replicada en el caso L. 121.544, "Arce" (sent. de 20-X-2021).
En el citado precedente L. 120.792, sostuve como una pauta general, consistente con el respeto del debido proceso (art. 18, Const. nac.) la necesidad de resguardar que el debate constitucional sea instado oportunamente por la parte interesada con el fin de garantizar la audiencia y bilateralidad en el trámite, y permitir que los jueces, en el ejercicio de sus atribuciones (arts. 31, Const. nac. y 57, Const. prov.), se pronuncien sobre la validez de la norma objetada, criterio, desde luego, no exento de matices ni de excepciones.
Con arreglo a las consideraciones expuestas en aquella ocasión, a las que me remito por razones de brevedad, cabe afirmar que en el caso el tribunal de grado descalificó de modo improcedente la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y condenó a la accionada al pago de prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 -particularidad del caso que no obsta a seguir la definición propuesta-. Pues lo hizo sin que se hallaran configurados los supuestos habilitantes a tales fines.
El yerro de la sentencia de grado es inequívoco. En esta causa la parte actora se abstuvo de impugnar la norma luego invalidada por el a quo. A esto se suma que expresamente señaló en el escrito de demanda que hacía "...uso de la opción por la acción objetiva del derecho común por un accidente de trabajo..." (fs. 91 vta.), más allá de la confusa liquidación que luego plasmó en esa pieza procesal.
Ello justifica el progreso de la impugnación extraordinaria fundada -entre otras disposiciones- en el art. 47 de la ley 11.653.
I.1.b. Cabe aclarar, por fin, que no he participado de la definición a la que arribó este Tribunal en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), litigio en el que -con relevantes notas distintivas- planteada por la parte actora la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, el tribunal de grado hizo lugar al reclamo fundado en el sistema pergeñado por la ley 24.557, ello, ante el fracaso de la acción sustentada en el derecho civil.
I.2. Con todo, corresponde revocar lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto allí se juzgó la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773. Los autos han de regresar al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
I.3. A partir de lo anterior, no queda margen para abordar los restantes cuestionamientos que contiene el medio de impugnación.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso deducido con el alcance indicado en el punto I.2. del presente. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Tal como se desprende del relato efectuado por el ponente, los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 120.792, "Guarepi" (sent. 18-VIII-2020) y L. 121.544, "Arce" (sent. de 20-X-2021).
Al respecto, recuerdo que en tales causas este Tribunal acogió agravios estructurados de modo sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance atribuido por el doctor Torres. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso prospera.
Comparto los señalamientos expuestos por el doctor Torres en los puntos III.1. y III.2. de su voto y remito, en lo pertinente, a los fundamentos que expuse en el precedente L. 120.792, "Guarepi" (sent. 18-VIII-2020).
Luego, me sumo a los señalamientos que aluden al déficit en la postulación de la demanda con los alcances expresados por el doctor Soria en su exposición, demostrativo del dispar debate suscitado en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), también manifestado por el colega en el punto I.1.b. de su desarrollo.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y previa renovación -en su caso- de los actos procesales pertinentes, resuelva la controversia.
Las costas de esta instancia se imponen a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:40:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:11:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:49:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:55:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE S
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.