Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127150
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el remedio extraordinario incoado en atención a que los planteos introducidos en los puntos III.2. y III.4. no reúnen los requisitos esenciales y el analizado en el punto III.3. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por Victoria Belén Romano Moscovich y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de las prestaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" y 20 de la ley 24.557, con motivo de la incapacidad laboral que padece (v. pronunciamiento de fecha 28-XII-2020).
Para así decidir, tras valorar las pericias médica y psicológica de la causa, juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 6 de septiembre de 2017, la actora padece inestabilidad anterior o posterior por rotura del ligamento cruzado que -sumado a los factores de ponderación que estimó: 10% del 15%, por dificultad leve para realizar las tareas habituales y 2% por el factor edad- la incapacitan en un 18,50% de la total obrera. En cuanto al guarismo de edad mencionado, entendió que, con arreglo a lo estipulado en la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales -art. 9, ley 26.773-, debía sumarse en forma directa al resultante de los anteriores y no -como lo determinó el galeno- en forma proporcional sobre la incapacidad. A su vez, señaló que a la dolencia mencionada correspondía adicionarle un 10% de invalidez por stress postraumático, encuadrable en reacción vivencial anormal neurótica de grado II; totalizando una minusvalía global del 28,50% del índice de la total obrera.
A su vez, consideró que para atenuar las secuelas psíquicas derivadas del infortunio, la trabajadora debía realizar un tratamiento psicológico de frecuencia semanal, durante un año, con un costo de $500 por sesión.
Desde otroángulo -y en lo que también resulta de interés por ser materia de agravio-, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348- solicitado por la demandada y realizó el cálculo del resarcimiento según las pautas allí establecidas.
Finalmente, dispuso implementar desde la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad (la cual -sostuvo- coincidía con la del infortunio) hasta la del dictado de la sentencia una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual, y luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación y 12 inc. 3 de la ley 24.557 -modif. por la referida ley 27.348-.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-II-2021), el que fue concedido por el a quo , mediante la resolución de fecha 19 de marzo de 2021.
II.1. En primer término, se agravia de la valoración efectuada por los jueces de mérito de la prueba pericial psicológica y, en tal sentido se disconforma del porcentaje de minusvalía determinada. En sustento de su postura, cita doctrina legal de esta Corte que aduce vulnerada.
II.2. Sostiene que el sentenciante se apartó de las directrices establecidas en el baremo nacional decreto 659/96, al efectuar el cálculo de los factores de ponderación utilizados para arribar al porcentaje total de la incapacidad física. Puntualmente reprocha que sumara linealmente el guarismo "edad" junto a los restantes, cuando -entiende- el mismo constituye un porcentaje a aplicar sobre el de esta última afección determinada.
II.3. Desde otroángulo, cuestiona que el tribunal de grado haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado precepto plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17, 19 y 28, Const. nac.).
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
II.4. Por otro lado, manifiesta que -contrariamente a lo resuelto en el fallo- las prestaciones en especie establecidas en el artículo 20 de la ley 24.557 no pueden sustituirse en dinero. En ese entendimiento se contrapone a la condena a pagar los gastos por tratamiento psicológico.
II.5. Objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según el texto de la ley 27.348.
Alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver el tramo posterior (es decir, desde allí y hasta el momento del efectivo pago) ignoró las directivas establecidas en las citadas causas, imponiendo irregularmente a su parte cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación de la norma, en tanto la misma refiere al incumplimiento en el pago de la liquidación de la indemnización en sede administrativa y no judicial.
Controvierte el argumento dado por el juzgador de grado respecto a que una vez que el importe deja de quedar fijado a valores actuales, recobra su ámbito de actuación la aplicación de la tasa activa de interés legal prevista en el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte quedaría circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L.126.959, "Rojas", resol. de 13-VII-2021).
Empero, el agravio dirigido a rebatir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -modif. por ley 27.348- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria, debiendo en consecuencia, abordarse dicho cuestionamiento sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.a. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado detraídas de revisión en el acotado margen por el que transita el recurso. Tales son aquellas vinculadas a la valoración de los hechos y las pruebas -como son la valoración de la pericia psicológica y la definición del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador, así como también el método para arriba a su cálculo y las prestaciones a otorgarse-, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 117.762, "Elormendi", resol. de 5-III-2014; L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021 y L. 127.241, "Rizzo", resol. de 20-X-2021).
III.2.b. Por otro lado, tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la conculcación de doctrina legal, citada por el interesado, referida al vicio de absurdo (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
III.3. Luego, el cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo de la petición de inconstitucionalidad del texto del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -reformado por la ley 27.348-, y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de fecha 21-X-2022). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado al respecto.
III.4. En otro orden, los cuestionamientos vinculados a los intereses aplicados no resultan atendibles.
En efecto, debiendo resolverse la cuestión en el estrecho marco de análisis, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las únicas doctrinas legales denunciadas por el quejoso han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021).
En las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), se dijo que habiéndose determinado la indemnización por daños y perjuicios a valores actuales, debía emplearse para computar los intereses moratorios el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, el que se estableció en el 6% anual sobre el crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia impugnada y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (conf. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.) y que; de allí en más, resultaba aplicable la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Ahora bien, en estos últimos precedentes citados, y que también invoca la recurrente, el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
De lo expuesto, se evidencia que -conforme lo anticipado- dichos antecedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 122.776, "Galeno", sent. de 27-VII-2020 y L. 126.459, "García", resol. de 28-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el remedio extraordinario incoado en atención a que los planteos introducidos en los puntos III.2. y III.4. no reúnen los requisitos esenciales y el analizado en el punto III.3. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/04/2023 14:10:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:11:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:39:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/04/2023 10:03:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2023 11:03:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/04/2023 13:42:13 hs. bajo el número RR-425-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia