Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127046
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se anula parcialmente el pronunciamiento de fecha 28 de septiembre de 2020 con el alcance indicado en el voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que -con diferente integración- renueve los actos procesales necesarios y dicte un nuevo fallo con arreglo a lo aquí resuelto (art. 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.046, "Báez, Claudia Beatriz contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su carácter de vencida (v. pronunciamiento de fecha 28-IX-2020).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 19-X-2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 26-VIII-2021), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por Claudia Beatriz Báez y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de la minusvalía que contrajo como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 12 de julio de 2017. Asimismo, rechazó el reclamo por prestación dineraria por incapacidad psíquica, por afecciones en mano, brazo, codo y rodilla derechos.
En lo que resulta relevante, para así decidir, realizó el cálculo del resarcimiento según las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
Con apoyo en las disposiciones citadas y según las remuneraciones brutas de la trabajadora durante los doce meses anteriores al accidente objeto de litis (informado por la accionada en la presentación electrónica del día 26 de abril de 2018) estimó el ingreso mensual base en la suma de $35.581,07. A este monto (ajustado por el índice RIPTE) le aplicó el interés previsto en el art. 12 de la ley 24.557, modificado por la ley 27.348 (promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta -30- días del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la de liquidación del crédito). Con tal método, elevó el ingreso base de la actora a la suma de $83.991,86 (v. vered., pág. 2).
Determinado ese guarismo, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, fijando su cuantía en la suma de $715.190,75.
Luego, sostuvo que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en su actual redacción, reviste la condición de ley especial que regula la actualización e intereses de las prestaciones dinerarias del subsistema reparatorio, excluyendo la aplicación de la tasa prevista en el art. 48 de la ley ritual (texto según ley 14.399), así como la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la mora de los créditos laborales establecidas en las causas L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2015) y B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016; v. sent., pág. 7).
Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19, por lo que entendió abstracto expedirse sobre los planteos de inconstitucionalidad deducidos con relación a los arts. 8 y 49 de la Ley de Riesgos del Trabajo y de los decretos 658/96, 1.278/00 y 54/17 y rechazó la tacha argüida respecto de las leyes 24.432 y 25.561.
Finalmente, dispuso que, una vez firme la sentencia, el valor de condena devengue -desde la mora en el cumplimiento del decisorio y hasta el efectivo pago- un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la ley 24.557 -modificado por ley 27.348-.
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. presentación electrónica de fecha 19-X-2020).
Alega que en el pronunciamiento impugnado se incurrió en la omisión de tratamiento de una cuestión esencial, conducente para la resolución del litigio.
Explica que, a los fines del cálculo de la indemnización otorgada a la accionante, el tribunal de origen aplicó el art. 12 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348), sin abordar el planteo de inconstitucionalidad de esa norma, oportunamente articulado en el capítulo IX.b. de su responde.
Añade que en esa ocasión expuso claramente los motivos por los cuales, en el caso, se imponía invalidar el método indexatorio previsto en la disposición citada.
Conforme los términos de la sentencia, afirma que el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de la mentada norma resultaba prioritario, puesto que la estimación del resarcimiento tuvo anclaje, precisamente, en el precepto objeto de censura.
Considera que no se vislumbra que la cuestión hubiera quedado desplazada por el modo en que fue resuelto el litigio, ni tampoco que fuera abordada de manera implícita. Repara en que la objeción constitucional no fue siquiera mencionada en el relato de los antecedentes del caso.
Finalmente, cita doctrina de esta Suprema Corte acerca del carácter esencial que ostenta todo planteo de inconstitucionalidad de una norma, como el deducido por su parte con relación al art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), cuya omisa consideración, entiende, acarrea inevitablemente la nulidad del pronunciamiento impugnado.
III. El recurso debe prosperar con el siguiente alcance.
III.1. Cabe recordar que el medio de impugnación deducido solamente puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la ausencia de mayoría de opiniones (causas L. 108.445, "Servini", sent. de 5-VI-2013; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014 y L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; e.o.).
Asimismo, que la alegación de inconstitucionalidad de una norma constituye, por su naturaleza, cuestión esencial en los términos del art. 168 de la carta local (causas L. 99.171, "Torres", sent. de 16-II-2011; L. 115.189, "Bermejo", sent. de 5-IV-2013 y L. 118.329, "Rayson", sent. de 14-X-2015).
III.2. Es dable advertir que el tema que se denuncia preterido fue sometido a conocimiento del tribunal de trabajo en la etapa procesal pertinente.
En efecto, surge del escrito de contestación de demanda que el accionado objetó la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 (modificado por la ley 27.348; v. fs. 66 vta. y sigs.). En prieta síntesis, argumentó que el indicado precepto vulnera su derecho de propiedad y la garantía de igualdad (arts. 16 y 17, Const. nac.), en razón de contemplar un esquema indexatorio vedado por nuestro sistema jurídico.
Sin embargo, lo argumentado en tal sentido no fue evaluado en el pronunciamiento en crisis.
Al desarrollar su propuesta decisoria y cuantificar el ingreso base mensual conforme las pautas establecidas en el art. 12 de la ley 24.557 -según ley 27.348- el a quo no realizó consideración alguna en torno a la validez constitucional de dicha norma.
Lo dicho es suficiente para considerar configurada la infracción del art. 168 de la Constitución local, toda vez que la cuestión soslayada integró la petición liminar, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debió atender para la correcta solución de la controversia. Ese grave descuido, sin expresión alguna que concretamente lleve a comprender el motivo por el cual no fueron tratados todos los planteos llevados oportunamente, muestran la presencia en el caso de una incongruencia por omisión que conlleva a la nulidad parcial del pronunciamiento de grado (causas L. 116.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 116.658, "Racedo", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, en consonancia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 61/62 vta.), corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y, en consecuencia, disponer la anulación parcial del pronunciamiento de fecha 28 de septiembre de 2020, debiendo volver los autos al tribunal de origen, a fin de que -con diferente integración- renueve los actos procesales necesarios y dicte un nuevo fallo con arreglo a lo resuelto (art. 298, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se anula parcialmente el pronunciamiento de fecha 28 de septiembre de 2020 con el alcance indicado en el voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que -con diferente integración- renueve los actos procesales necesarios y dicte un nuevo fallo con arreglo a lo aquí resuelto (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/04/2023 09:58:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:11:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:38:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/04/2023 10:04:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2023 11:04:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/04/2023 11:39:53 hs. bajo el número RS-43-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia