Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127217
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.217, "Georgevich, Carlos Ariel contra La Segunda ART. S.A. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2028): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora acogió la acción deducida e impuso las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 3-II-2021).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 23-II-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Carlos Ariel Georgevich y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, por la incapacidad que contrajera como consecuencia del accidente in itinere que protagonizó el día 20 de marzo de 2018, mientras se dirigía a prestar tareas bajo relación de dependencia de la firma Danone S.A.
Para así decidir, en el veredicto -con apoyo en las conclusiones establecidas en los informes periciales agregados a fs. 174 y 251- tuvo por acreditado que, como consecuencia del siniestro referido, el actor sufrió afecciones físicas (traumatismo de columna cervical, cervicalgia con discopatía, lumbalgia con discopatía, traumatismo de rodilla derecha, síndrome menisco ligamentario, traumatismo de tobillo derecho y esguince de tobillo derecho) y psicológicas (reacción vivencial anormal neurótico de grado III), que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 40,6% y 10%, respectivamente (v. segunda cuestión del vered. de fecha 3-II-2021).
Al momento de dictar la sentencia, en lo referente a la cuantía de la incapacidad padecida por el trabajador por el siniestro acreditado en autos, declaró que la integridad psicofísica debía reputarse como una unidad indivisible a los fines indemnizatorios del daño.
A partir de esa definición y teniendo en cuenta, por un lado, que el perito psicólogo había visto disminuida la capacidad del accionante partiendo del presupuesto que poseía el 100% del índice de la total obrera; y por el otro, que el perito médico había fijado la incapacidad física en un 40,6%, consideró que la minusvalía por el daño psicológico solamente podía proyectarse sobre la capacidad residual, es decir, sobre el 59,4% del índice de la total obrera.
Sobre estas reflexiones, estableció "...una incapacidad total del 52,48% de la T.O. (40,6% incapacidad física + (59,4% capacidad residual X 20% incapacidad psíquica= 11,88%)..." (v. apdo. II.3. de la sent. de fecha 3-II-2021).
Seguidamente, determinó el valor mensual del ingreso base en la suma de $61.292,39 y el monto del resarcimiento en la suma de $3.068.659 -conforme a las pautas de los arts. 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo-; a la que agregó una compensación adicional de pago único de $697.718, para alcanzar así el importe total de $3.766.377 (v. apdo. II.5. de la sent. de fecha 3-II-2021).
II. Contra dicho pronunciamiento la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; del decreto 656/96 y de la doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de fecha 23-II-2021).
Cuestiona el grado de incapacidad que tuvo en cuenta el tribunal de origen para fijar el quantum indemnizatorio.
Señala que dicho guarismo fue estimado por conducto de una absurda apreciación de los peritajes médico y psicológico, que no ha tenido en cuenta las impugnaciones formuladas por la aseguradora.
Indica que el dictamen médico contiene una grave falencia, que la sentencia reproduce, toda vez que no detalla los procedimientos y factores de ponderación que impone el decreto 659/96 para determinar la incapacidad física en el orden del 40,6%. Destaca que, a raíz de la impugnación efectuada por la accionada, el galeno aplicó el método de la capacidad restante solicitado, y aquella quedó reducida a un 35,1%.
Reprocha al a quo no haber utilizado la fórmula de Baltazhard o de la "capacidad restante", como lo hizo al cuantificar la minusvalía psicológica. También le imputa la falta de consideración de las constancias del expediente administrativo.
A su vez, expresa que, al valorar la experticia psicológica, el juzgador de grado soslayó un elemento que -en su opinión- resulta esencial: esto es, que el accionante es portador de un "RVAN DEPRESIVA GRADO III" por un siniestro que sufrió dos años antes. Al respecto, denuncia que no justificó ningún tratamiento psicológico, sin perjuicio de lo cual siguió prestando las mismas tareas en relación de dependencia para su empleadora. Agrega que la licenciada en psicología tampoco ha empleado los parámetros y procedimientos establecidos por el mencionado decreto 659/96.
Afirma que el sentenciante, desatendiendo las demás constancias de la causa, aplicó de manera mecánica y automática el grado de invalidez fijado en las respectivas pericias, a pesar de ser excesivo, abultado, encontrarse marginado de pautas médico-legales y carecer de fundamento científico.
Alega que el órgano de origen cuando estableció un porcentaje sumamente elevado y superior al que se había reclamado en la demanda, transgredió el principio de congruencia. Explica que el accionante en su escrito de inicio denunció que era portador de un 35% de incapacidad física y 15% de incapacidad psíquica, mientras que el fallo le otorgó más de lo peticionado en una decisión ultra petita y viciada de absurdo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, corresponde señalar que la interesada no ha demostrado que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supere el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En efecto, de la lectura del escrito en examen se advierte que, en el apartado inicial, titulado "OBJETO-ADMISIBILIDAD-REQUISITOS", la impugnante se ha limitado a señalar que "...el valor del pleito admite esta vía recursiva..." (v. pág. 2 de la presentación electrónica de fecha 23-II-2021), pero no intentó justificar tal aseveración de ningún modo.
En concreto, no cuantificó la diferencia existente entre la suma que, en concepto de prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, fijó el tribunal interviniente -con arreglo a las circunstancias fácticas que juzgó acreditadas- y aquella otra que resultaría de aplicarse -a la fórmula contenida en dicha norma- el porcentaje de incapacidad que se postula en el recurso.
El señalado déficit cobra especial relevancia cuando se repara en la circunstancia de que la parte recurrente impugnó el informe pericial médico -y específicamente la minusvalía reconocida (40,6%)-, planteando que la suma de las incapacidades debía realizarse bajo el criterio de la capacidad restante y no de forma aritmética (v. presentaciones electrónicas de fechas 21-XI-2019 y 3-XII-2019). Y, ante dicho requerimiento, el galeno aplicó el método solicitado, estableciendo "un valor total y definitivo de 35,1%", conclusión que no solamente no fue cuestionada por la demandada, sino que -ahora en el recurso sub examine- invoca como fundamento de la denuncia de absurdo.
Lo expuesto evidencia claramente que la agraviada no ha procurado demostrar el cumplimiento del mentado requisito (art. 278, CPCC). Tal falencia no puede ser salvada en esta sede extraordinaria, toda vez que esta Suprema Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018 y L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022).
III.2. Atento a que, en la especie, la interesada no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, el recurso solo puede ser analizado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2.a. Desde esa perspectiva las críticas que nutren la impugnación son inadmisibles porque, al estar dirigidas a cuestionar el grado de incapacidad que tuvo en cuenta el tribunal de origen para fijar la suma del resarcimiento reconocido al actor, remiten al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya definición es privativa de los tribunales de grado, y -por ende- están excluidas del ámbito de la casación por la vía excepcional examinada.
En ese sentido, esta Suprema Corte ha declarado reiteradamente que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el citado precepto de la ley procesal del fuero del trabajo, pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba (causas L. 120.539, "Gauna", sent. de 6-XI-2019 y L. 121.213, "Roldan", sent. de 12-II-2020).
III.2.b. Asimismo, carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el excepcional conducto mencionado, la mención de doctrina legal que se relaciona con el vicio de absurdo o fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.819, "Natiello", resol. de 18-VII-2014; L. 118.612, "Altamirano", resol. de 25-II-2015 y L. 124.353, "Bogao", sent. de 23-II-2021).
III.2.c. Por similares razones, también es inadmisible el planteo final que exhibe la postulación bajo análisis, toda vez que al referirse a la supuesta transgresión del principio de congruencia y a la apreciación de los escritos constitutivos de la litis, no resulta aplicable la hipótesis prevista en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 101.058, "Sánchez", sent. de 29-VI-2011; L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015 y L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Solo me permito aclarar, respecto de lo manifestado en el apartado III.2.c. del voto inaugural con relación a la denunciada violación del principio de congruencia, que si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes); cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modificaciones, acompaño -como lo anticipé- la propuesta del ponente (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021 y L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2023 10:10:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 11:48:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2023 17:39:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:03:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 10:37:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/05/2023 11:09:27 hs. bajo el número RS-46-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia