Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130038
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en el marco de la acción entablada por Claudio Leonardo Manuel Flores contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, por la que procuraba la reparación del accidente in itinere que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 30-IX-2022).
Para así resolver, con apoyo en lo dispuesto en los arts. 12 de la ley 11.653 y 315 del Código Procesal Civil y Comercial, juzgó que la parte actora no produjo, habiendo sido previamente intimada, actividad procesal útil para la prosecución del trámite de las actuaciones.
II. Frente a lo así resuelto, se alza el legitimado activo con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-X-2022) el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 7-XI-2022).
En su impugnación, se agravia de la decisión del tribunal de grado que decretó la perención de la instancia. En ese orden, afirma que, contrariamente a lo dispuesto en el fallo, su parte ha expresado la intención de mantener viva la acción.
Asimismo, esgrime que el instituto en cuestión debe aplicarse con carácter restrictivo ponderándose como una medida excepcional.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). En consecuencia, el tratamiento de la impugnación bajo examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En estas condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que la doctrina legal contenida en el escrito recursivo remite a una cuestión estrictamente procesal, como es la referida al instituto de la caducidad de la instancia, que -como tal- se halla detraída de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el citado precepto adjetivo (causas L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015; L. 121.582, "Cano", sent. de 5-IV-2018 y L. 123.925, "Muñoz", resol. de 27-5-2020).
Finalmente, dable es señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:04:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:50:02 hs. bajo el número RR-493-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia