Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128032
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el remedio extraordinario incoado en atención a que los planteos introducidos en los puntos III.3.a. y III.3.b. no reúnen los requisitos esenciales y el analizado en el punto III.2. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por Julia Teresa Maldonado y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo in itinere sufrido el día 14 de marzo de 2017 (v. pronunciamiento de fecha 5-VIII-2021).
Para así decidir, y en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348- solicitado por la demandada y realizó el cálculo del resarcimiento según las pautas allí establecidas.
Finalmente, dispuso implementar desde la fecha de exigibilidad hasta la del dictado de la sentencia una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual, y luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la ley 24.557 -modif. por la referida ley 27.348-.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 24-VIII-2021), el que denegado por el a quo (v. proveído del 6-X-2021), fue concedido por esta Suprema Corte al hacer lugar a la queja interpuesta (v. resolución del 19-V-2022).
II.1. En primer término, objeta la forma en que han sido liquidados los acrecidos, alegando vulneración de la doctrina legal establecida por esta Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y denunciando que en la especie se constituyó un caso de anatocismo.
II.2. Desde otroángulo, cuestiona que el tribunal de grado haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado precepto plasmado al contestar la demanda.
A su vez, controvierte la forma en que aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según el texto de la ley 27.348.
Manifiesta que en el fallo se llevó a cabo una desacertada interpretación de la norma, en tanto la misma refiere al incumplimiento en el pago de la liquidación de la indemnización en sede administrativa y no judicial.
Denuncia que, al imponer el anatocismo previsto en el citado artículo "desde la fecha de la sentencia y hasta el efectivo pago", el decisorio resulta absurdo y arbitrario, por cuanto -entiende- al momento de la sentencia su parte no incurrió -tal como requiere la norma- en ningún tipo de mora.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
Empero, en la resolución de fecha 19 de mayo de 2022, mediante la cual esta Corte concedió la queja interpuesta por el Fisco provincial, se estableció que el agravio dirigido a rebatir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -modif. por ley 27.348- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria, debiendo en consecuencia, abordarse dicho cuestionamiento sin las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Sentado lo anterior, por cuestiones metodológicas, corresponde alterar el orden de tratamiento de los agravios planteados.
En este contexto, el cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo de la petición de inconstitucionalidad del texto del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -reformado por la ley 27.348-, y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de fecha 21-X-2022). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado al respecto.
III.3. En otro orden, los cuestionamientos vinculados a los intereses aplicados no resultan atendibles.
III.3.a. En cuanto al agravio destinado a desvirtuar la parte del pronunciamiento que capitaliza los intereses al capital de condena -en el acotado margen de análisis mencionado ut supra bajo el cual debe analizarse el agravio-, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que se advierte que la doctrina que se denuncia como vulnerada ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.141, "Amarilla", resol. de 2-XI-2020).
III.3.b. Luego, bajo las señaladas premisas, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto a los restantes cuestionamientos traídos en el medio impugnativo, ello así desde que las únicas doctrinas legales denunciadas por el quejoso han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021).
En el caso, se evidencia que los precedentes citados difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 122.776, "Galeno", sent. de 27-VII-2020 y L. 126.459, "García", resol. de 28-V-2021).
Por otro lado, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial también debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita el recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020; L. 127.541, "Crespo", resol. de 13-XII-2021 y L. 128.210, "Chiavetto", resol. de 9-VIII-2022), mientras que en los precedentes citados se resolvió respecto de los moratorios.
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el remedio extraordinario incoado en atención a que los planteos introducidos en los puntos III.3.a. y III.3.b. no reúnen los requisitos esenciales y el analizado en el punto III.2. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/05/2023 09:11:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/05/2023 08:49:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2023 17:40:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 20:10:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 09:02:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/05/2023 13:49:31 hs. bajo el número RR-613-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia