Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130330
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el remedio extraordinario incoado en atención a que el planteo introducido en el punto III.2. no reúne los requisitos esenciales y el analizado en el punto III.3. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por Rocío Soledad Lencina y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de las prestaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con motivo de la incapacidad laboral que padece (v. pronunciamiento de fecha 7-XII-2022).
Para así decidir, tras valorar la pericia médica, juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente sufrido el día 13 de junio de 2017, la actora padece secuela de fractura cerrada de escafoides derecho con pie plano secundario y edema en medio pie con limitación funcional que -sumado a los factores de ponderación- la incapacitan en un 32,20% de la total obrera.
Desde otroángulo -y en lo que también resulta de interés por ser materia de agravio-, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348- solicitado por la demandada y realizó el cálculo del resarcimiento según las pautas allí establecidas.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 29-XII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 3-II-2023).
II.1. En primer término, se agravia de la valoración efectuada por los jueces de mérito de la prueba pericial médica y, en tal sentido se disconforma con que haya tenido por acreditada la relación de causalidad entre la patología que padece la trabajadora y el siniestro de autos.
En esa misma línea, objeta el porcentaje de minusvalía determinada, alegando la errónea aplicación del Baremo establecido en el decreto 659/96. En sustento de su postura, cita doctrina legal de esta Corte que aduce vulnerada.
II.2. Por otro lado, cuestiona que el tribunal de grado haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado precepto plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17, 19 y 28, Const. nac.).
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe resaltar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte quedaría circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L.126.959, "Rojas", resol. de 13-VII-2021).
III.2.a. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado respecto de los dos primeros agravios, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, las críticas que porta el recurso remiten a cuestiones de hecho y prueba -tales como la existencia de relación causal entre el accidente y las patologías que afectan al trabajador, y la determinación del porcentaje de incapacidad-, cuya definición es privativa del sentenciante de grado, y se encuentran detraídas de revisión en el acotado margen por el que transita el recurso (causas L. 121.659, "Onorato", resol. de 17-X-2018; L. 123.359, "Berrino", resol. de 26-XII-2019; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021 y L. 128.819, "Farías", resol. de 9-VIII-2022).
III.2.b. En ese aspecto, tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la conculcación de doctrina legal, citada por la interesada, referida al vicio de absurdo (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
III.2.c. Para más, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de los fallos de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 128.392, "Raiteri", resol. de 13-VII-2022).
III.3. Luego, y más allá de la insuficiencia del monto de lo debatido, lo cierto es que el cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo de la petición de inconstitucionalidad del texto del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -reformado por la ley 27.348-, y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria por incapacidad permanente parcial debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de fecha 21-X-2022). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado al respecto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el remedio extraordinario incoado en atención a que el planteo introducido en el punto III.2. no reúne los requisitos esenciales y el analizado en el punto III.3. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/06/2023 16:25:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/06/2023 09:23:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 09:24:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 15:43:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 16:00:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/06/2023 17:25:47 hs. bajo el número RR-687-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia