Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128875
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar el pronunciamiento de grado con el alcance establecido en el punto III.2.b.
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas del recurso que se resuelve, así como los de la queja, se imponen por su orden (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento judicial de La Plata, en el marco de la acción promovida por la señora María Cristina Dure contra el Fisco de la provincia de Buenos Aires, mediante la cual procura el pago del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial de reparación de infortunios laborales por las secuelas incapacitantes derivadas de los accidentes de trabajo in itinere sufridos en fecha 7 de enero de 2020 y 25 marzo del mismo año, dispuso la apertura a prueba de la causa (v. providencia electrónica de fecha 8-II-2022).
Frente a lo así proveído, la legitimada pasiva dedujo recurso de revocatoria (v. escrito electrónico de fecha 15-II-2022), el cual fue rechazado por el órgano de grado el día 3 de marzo de 2022.
II. Contra esta última decisión, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-III-2022), el que, denegado en la instancia de origen (v. proveído electrónico de fecha 1-IV-2022), fue concedido por esta Suprema Corte (v. resol. electrónica de 9-VIII-2022) previa deducción de la queja respectiva (art. 292 del CPCC).
Denuncia que el tribunal de grado inaplicó los arts. 1 a 4 de la ley 27.348, en cuanto establecen el requisito de la instancia administrativa previa y obligatoria por ante las comisiones médicas. En ese sentido, afirma que tal modo de decidir habilitó de manera irregular la promoción de una acción original y novedosa, que no ha sido prevista por el legislador.
Señala que de conformidad a lo establecido por la Suprema Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales están obligados a transitar el trámite administrativo previo para poder concurrir a la justicia ordinaria.
Manifiesta que si bien la defensa de falta de acción no está taxativamente contemplada como excepción en la ley 11.653, su finalidad y alcance imponen su tratamiento como una cuestión previa, por la simple razón de resultar un presupuesto de admisibilidad.
Destaca que lo decidido por el a quo se traduce en una denegación de justicia, habida cuenta que -afirma- contraría la naturaleza del planteo, obligando a su parte a transitar un procedimiento ajeno al que prevé el régimen especial previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo.
Finalmente invoca gravedad institucional.
III. El recurso prospera.
III.1. De manera preliminar, cabe destacar que al resolver la queja deducida por el interesado (v. escrito electrónico de fecha 12-IV-2022), este Tribunal equiparó a definitiva la decisión bajo censura. Ello, por considerar que los cuestionamientos expuestos - prima facie - podían resultar susceptibles de provocar un agravio de imposible reparación ulterior, lo que condujo -en el caso- a excepcionar la regla general. Asimismo, destacó que el valor del litigio no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 (v. resol. de fecha 9-VIII-2022).
Ello conduce a que el tratamiento del recurso deducido sólo pueda justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019; e. o.).
III.2.a. En el caso, la cuestión traída a conocimiento de esta Corte radica en definir la aptitud jurisdiccional del órgano de grado para entender en las presentes actuaciones.
En tal sentido, el planteo traído por el recurrente halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir -entre muchas otras- las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020) -la primera de ellas, citada en el recurso que se analiza-, en lo vinculado a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.2.b. Bajo tales directrices, atento lo manifestado por la parte actora en el punto III del escrito de promoción de la demanda y las constancias obrantes en la causa (v. archivo adjunto a la presentación electrónica de fecha 21-IX-2021), corresponde remitir las actuaciones a la instancia de grado a sus efectos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar el pronunciamiento de grado con el alcance establecido en el punto III.2.b.
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas del recurso que se resuelve, así como los de la queja, se imponen por su orden (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/06/2023 16:33:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/06/2023 09:22:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 09:26:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 15:42:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 16:01:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/06/2023 17:25:49 hs. bajo el número RR-689-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia