Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127291
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.102, "Cruzzetti, María Ester contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 189/212).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-II-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por María Ester Cruzzetti y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, más las sumas adicionales que estableció con fundamento en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 20 del mismo cuerpo legal, ello, como consecuencia de la incapacidad que porta la actora derivada del accidente in itinere que protagonizó el día 26 de mayo de 2017.
En lo que reviste interés, en el veredicto, con sustento en las conclusiones establecidas en las pericias médica legal, traumatológica y psicológica, juzgó acreditado que como consecuencia del mentado infortunio, la actora sufre de desorden mental orgánico postraumático que la invalida en un 20%, guarismo que, incluyendo los factores de ponderación, elevó al 28% de la total obrera; síndrome del túnel carpiano izquierdo, que le afecta un 14,53% del mismo índice; y desarrollo psíquico postraumático leve (RVAN grado II) que la incapacita en un 10% del índice de la total obrera. Concluyó que la disminución de la capacidad laboral indemnizable ascendía al 52,53% de la total obrera (fs. 189 vta./190 vta.).
En dicho análisis, precisó que, pese a las impugnaciones formuladas por la parte demandada, no habría de apartarse de las conclusiones brindadas por los peritos, pues consideró que -con la salvedad que indicó en relación con una lesión columnaria- los informes lucían fundados y resultaban claros. Sostuvo que correspondía desestimar aquellos cuestionamientos porque se reducían a pretender disputarle a los expertos sus funciones, máxime cuando los peritos habían ratificado sus conclusiones. Luego, estimó que en los escritos de fecha 6 de noviembre de 2018 y 30 de noviembre de 2018, la impugnante se limitó a cuestionar las conclusiones de la pericia médico legal con simples afirmaciones genéricas, sin evidenciar error alguno. Agregó, que se pretendió rebatir la excelentemente fundada pericia psicológica mediante aseveraciones que no alcanzaban para descalificarla. También descartó la objeción dirigida contra el informe traumatológico (de fecha 7-II-2019), ya que no había encontrado error alguno en la determinación de los factores de ponderación del especialista. Asimismo, dijo que no mediaba contradicción entre los dictámenes, pues si bien era cierto que el médico legista se pronunció sobre ciertas lesiones que no eran de su incumbencia (dolencias en la mano), su opinión no había sido ponderada para fijar incapacidad por esa secuela del accidente, pues fue definida con arreglo a lo dictaminado por el perito traumatólogo.
Por otro lado, cabe destacar que, ya en la sentencia, al calcular la prestación dineraria mencionada, declaró aplicable el art. 12 de la ley 24.557 según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348, dijo, por imperio del principio iura novit curia y en virtud de que se trata de una norma de orden público laboral que mejora el nivel de protección de los trabajadores (v. fs. 194 vta.). Rechazó allí el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada, señalando que aquella norma utiliza dos mecanismos de ajuste diferentes, que tienen ámbitos de aplicación temporal distintos, en tramos sucesivos: durante el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante mediante el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; art. 12 apdo. 1); y desde ese momento y hasta la determinación de la indemnización por conducto de la tasa activa del Banco Nación (art. 12 apdo. 2). Explicó que estos son compatibles con el carácter de deudas de valor puesto que -según argumentó- en la ocasión en que resulta determinada la liquidación de la indemnización, lo que adeuda la demandada no es una suma líquida de dinero, sino una prestación que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago (v. fs. 196 vta. y 197).
Expuso, además, que la ley 27.348, por ser posterior, especial y más favorable al sujeto protegido constitucionalmente, desplaza a la ley 23.928 de igual jerarquía (v. fs. 198 y vta.).
Sobre ese razonamiento, procedió a calcular el ingreso base mensual pertinente con arreglo a las pautas del mentado art. 11 de la ley 27.348 y luego, la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (v. fs. 205). A su vez, con fundamento en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 20 del mismo cuerpo legal, ordenó pagarle a la accionante los montos que indicó en concepto de compensación dineraria adicional de pago único y costo del tratamiento de psicoterapia, respectivamente (v. fs. 205 y vta.).
En ese marco, el tribunal señaló que en tanto la accionada no había pagado en tiempo y forma la indemnización, correspondía adicionar al capital de condena los intereses moratorios devengados entre la fecha de exigibilidad del crédito y la del efectivo pago. Fue allí que consideró aplicable el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557 -conforme el texto dado por la ley 27.348-, el cual interpretó- "...opera como una norma especial que determina una tasa legal en materia de intereses moratorios, en los términos del art. 768 inc. b) del Código Civil y Comercial..." , desplazando así, tanto a la prevista en el art. 48 de la ley 11.653 -texto según ley 14.399- por ser una ley nacional posterior y resultar más favorable al trabajador, como a la fijada por esta Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), toda vez que, a diferencia del presente caso -continuó expresando- lo dicho allí lo fue ante la ausencia de una ley nacional especial en materia de intereses moratorios (v. fs. 206 y vta.).
A continuación, estableció a partir de cuándo correspondía aplicar al capital de condena la tasa activa del Banco de la Nación Argentina prevista en la norma indicada. En ese trance, aclaró que cabía diferenciar entre los créditos reconocidos en esta sentencia fijados a valores actuales (prestación del art. 14 apartado 2 inc. "b", ley 24.557, cuantificada del modo arriba indicado), de aquellos otros que, en cambio, fueron fijados a valores históricos, es decir, a la fecha de la primera manifestación invalidante (prestaciones de los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 20, ley 24.557). En lo que respecta a estos últimos rubros (cuantificados a valores vigentes al 26-V-2017), ordenó que devenguen intereses desde esa misma fecha y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (indicó, conforme el art. 12 apdo. 3, ley 24.557; v. fs. cit.).
En cambio, en lo que se vincula con la prestación del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley de infortunios laborales, consideró que el mentado art. 12 apartado 3 de la misma ley debía ser interpretado en forma sistemática con los apartados 1 y 2 que ordenan actualizar el ingreso base mensual a la hora de cuantificar la prestación (v. fs. 207). A partir de ello, precisó que resultaba evidente que la tasa de interés bancaria prevista en la norma en análisis no podía ser aplicada desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad, puesto que, de lo contrario, implicaría actualizar en el mismo período dos veces el importe del crédito (v. fs. 208). En ese marco, y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte (entre ellos, C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), concluyó que, desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad y hasta el dictado de la sentencia, el importe de condena debía ser incrementado con intereses a una tasa "pura" del 6% anual. Seguidamente, decidió que la suma obtenida en dicho cálculo se capitalice conforme los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, debiendo devengar -desde el momento del fallo y hasta el efectivo pago- un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina (v. fs. 208 y vta.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 768 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación; 6 apartados 1, 2 y 3, 11 apartado 4, 12 -texto según ley 27.348-, 14 apartado 2 incs. "a" y "b", 20 y 30 de la ley 24.557; 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4, ley 25.561-; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 331, 354 inc. 1, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 37, 38, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 11-II-2021).
II.1. Cuestiona que el tribunal haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 (texto dado por el art. 11 de la ley 27.348) plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño.
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
II.2. Objeta a su vez la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según texto ley 27.348.
Alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí previstas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
Controvierte el argumento dado por el juzgador de grado respecto a que una vez que el importe deja de quedar fijado a valores actuales, recobra su ámbito de actuación la aplicación de la tasa activa de interés legal prevista en el art. 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ello por cuanto -afirma- la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial citado en la sentencia no refiere a un mecanismo de actualización de deudas, sino a un modo especial de computar los intereses.
II.3. Impugna también la decisión del a quo respecto a los intereses de los rubros otorgados con fundamento en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Señala que aquí, al computar la tasa prevista en el art. 12 apartado 3 (promedio de la activa del Banco Nación) desde la primera manifestación (y no desde la sentencia), incurrió en una absurda y arbitraria contradicción, vulnerando la doctrina legal que esta Suprema Corte sentó sobre el tópico en las referidas causas C. 101.774, "Ponce"; L. 94.446, "Ginossi" y C. 119.176, "Cabrera".
II.4. Alega que el sentenciante efectuó una errónea interpretación del texto del art. 20 de la ley 24.557, porque modificó las prestaciones en especie allí establecida en beneficio del trabajador transformándola en una indemnización dineraria. Asegura que estas no son compensables en dinero.
II.5. Por último, aduce que el juzgador al determinar el porcentaje de incapacidad que padece la actora, incurrió en absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos y las constancias objetivas de la causa.
Indica que las pericias médica y psicológica, evidencian contradicciones que al ser ignoradas por el juzgador descalifican el fallo. En concreto, le reprocha no haber ahondado en el análisis del dictamen pericial médico de fecha 28 de octubre de 2018, a pesar de la impugnación formulada, que en parte reitera.
Critica también el análisis llevado a cabo por el tribunal del informe psicológico; lo considera dogmático, parcializado y sin vinculación con las conclusiones de los distintos expertos.
Sostiene que al convalidar las conclusiones del perito médico traumatólogo en orden al 14,53% de incapacidad que fijó por el "síndrome de túnel carpiano bilateral", el tribunal transgredió el principio de congruencia, pues la parte actora no denunció en la demanda esa patología ni formuló reclamo sobre ella, sumado a que la afección detectada es bilateral cuando en el siniestro la actora únicamente se fracturó la muñeca derecha no quedando secuelas.
Concluye que las falencias que presenta el razonamiento del tribunal son fruto de no haber valorado en conjunto las pericias practicadas en autos.
III. El recurso no prospera.
III.1. Dejando a un lado el orden en que fueron expuestos los agravios en el medio de impugnación, por razones metodológicas habrá de darse respuesta liminarmente a la crítica que formula el recurrente en torno al porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo.
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo la acreditación del absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021 y L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022). Con análogo razonamiento, asimismo ha sostenido que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, excepto que se demuestre aquel extremo vicio valorativo (causas L. 119.791, "Argüello", sent. de 29-VI-2020; L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 122.102, "González", sent. de 7-IX-2020 y L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021).
III.1.b. Bajo tales directrices, el agravio se revela insuficiente, pues el recurrente no logra acreditar la configuración del absurdo.
El impugnante parte de su subjetiva opinión en orden a la eficacia probatoria que a su entender correspondería asignarle a los dictámenes médico y psicológico y a las respectivas explicaciones, blandiendo su mera disconformidad con el modo en que fueron analizados por el tribunal; en gran medida, insiste en un cúmulo de señalamientos que fueron oportunamente incorporados en las impugnaciones formuladas por la parte demandada en la instancia y atendidos por el a quo, en una labor jurisdiccional que -pueda compartirse o no- no exhibe los graves yerros que habilitarían su revisión extraordinaria.
En rigor, en la crítica expuesta el interesado solo se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de las facultades que -por regla- le resultan privativas, la objeción trasunta -en definitiva- el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de la prueba según el personal criterio valorativo del impugnante, método que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
Dable es recordar, que este vicio valorativo no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias del expediente (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
III.1.c. Igualmente inatendible es el planteo en el que se intenta evidenciar una supuesta violación al principio de congruencia.
El impugnante parte de una premisa errónea, toda vez que -como surge de la descripción del fallo efectuada en párrafos anteriores- el tribunal de grado no fijó aquel 14,53% de incapacidad al que se alude en la impugnación teniendo en consideración que la actora padece de "síndrome del túnel carpiano bilateral".
Es que el a quo lo hizo en función del "síndrome del túnel carpiano" que presenta la trabajadora pero en uno solo de sus miembros superiores, y si bien hubo de precisar que se trató del izquierdo -y en relación con esta peculiaridad no se ha formulado ataque alguno en el recurso-, una integral y armónica interpretación del pronunciamiento en el marco de lo debatido en estas actuaciones y de sus constancias conduce innegablemente a concluir que en verdad el sentenciante quiso indicar que se trataba del miembro derecho. En ese sentido, dable es observar que en el punto el tribunal acudió a lo dictaminado por el perito traumatólogo, quien en su dictamen -no obstante haber también incurrido en un pasaje en la misma confusión apuntada- reiteradamente se refirió al miembro derecho, más aún, fue determinante cuando expresó que "El síndrome del túnel carpiano derecho moderado, es a consecuencia directa de la fractura de muñeca", todo ello con sustento, además, no solo en el electromiograma -aquel que menciona el recurrente- sino también en el "...interrogatorio médico, examen clínico-funcional, Resonancia Nuclear Magnética, TAC de muñeca derecha..." (v. pericia de fecha 18-XII-2018).
Con todo, lo juzgado en el punto encuentra suficiente conexión con la "fractura de muñeca" que mencionó la actora en su demanda al explicar los motivos que la llevaron a iniciar el reclamo de autos, lo que descarta la violación al postulado procesal de la congruencia que se trae a esta Sede extraordinaria.
III.2. Tampoco es de recibo la objeción vinculada con el crédito que el tribunal declaró procedente con fundamento en el art. 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
La crítica que porta el medio de impugnación, que pretende adquirir vigor postulando que las prestaciones en especie establecidas en beneficio del trabajador no son compensables en dinero, se advierte novedosa toda vez que no fue esgrimida en el escrito que contiene a la contestación de la demanda (v. fs. 106/124 vta.). En tales condiciones, cobra virtualidad la doctrina que establece que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos novedosos -fruto de una reflexión tardía-, toda vez que no fueron introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023 y L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023).
En una hipótesis distinta, el cuestionamiento se muestra deficientemente fundado, pues se soslaya
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.