Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130082
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, hizo lugar a la demanda promovida por Jorge Andrés Brizuela condenando a Federación Patronal Seguros S.A. a abonar la suma que indicó en concepto de indemnización por incapacidad laboral como consecuencia del accidente in itinere que denunció padecer. Asimismo, juzgó que correspondía aplicar la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. veredicto de fecha 7-VII-2022).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, entendió que la conducta asumida por la aseguradora resultó temeraria y maliciosa.
Concretamente, tuvo en consideración la postura que exhibió la accionada para escudarse en una supuesta falta de responsabilidad y el no haber concurrido a las audiencias de conciliación y de vista de la causa que habían sido fijadas en distintas oportunidades.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 12-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 9-XI-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulnerada. Cuestiona la decisión del tribunal de grado de considerar a la conducta de la demandada como temeraria y maliciosa, como así también la magnitud económica de la misma. Asimismo, alega absurdo en la valoración de la prueba.
Finalmente, se agravia de la imposición de costas.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De manera liminar, cabe recordar que establecer la existencia -o no- de temeridad y malicia es facultad privativa de los jueces de origen (causas L. 59.054, "Degano", sent. de 25-III-1997; L. 116.426, "Fantini", resol. de 3-V-2012; L. 121.717, "Sívori", resol. de 13-III-2019; L. 123.110, "Sánchez", resol. de 11-IX-2019 y L. 128.405, "Gutierrez", resol. de 15-VI-2022), y -por lo tanto- tal conclusión no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se alegue y demuestre la existencia de absurdo (causas L. 90.105, "Romero", sent. de 28-IX-2005; L. 94.963, "González", sent. de 26-XI-2008; L. 120.702, "Frisicale", resol. de 6-XII-2017 y L. 120.349, "Rosales", sent. 27-III-2019).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.381, "Pare", resol. de 15-IV-2015; L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 117.960, "Acuña", resol. de 8-X-2014; L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
En la especie, si bien el recurrente sostiene que la sentencia del tribunal de grado es descalificable por absurda, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, en cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas de la causa, lo cual-y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración de la arbitrariedad derivada de absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015 y L. 123.057, "Jaldin", resol. de 11-IX-2019).
En este orden, cabe recordar que esta casación tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que -como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 118.080, "Maletti", resol. de 29-X-2014; L. 120.881, "Berger", resol. de 27-XII-2017; L. 123.154, "Argüello", resol. de 11-XII-2019 y L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020).
III.2. Asimismo, no se advierte que lo resuelto por el tribunal de origen carezca de fundamentos, toda vez que surgen explicitadas en el fallo las razones que llevaron al tribunal a considerar que se hallaban reunidos los presupuestos requeridos por la citada norma.
III.3. De igual modo, la objeción relativa a la imposición de costas a su cargo deviene inatendible.
En efecto, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 121.962, "Giménez", resol. de 10-IV-2019, L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020 y L. 127.932, "Naranjo", resol. de 23-II-2022), supuesto que no se presenta en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:31:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:21:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2023 17:02:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 20:14:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2023 08:48:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2023 10:05:11 hs. bajo el número RR-1180-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia