Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130564
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Nicolás, decretó la caducidad de la instancia en la causa promovida por el señor Silver Alejandro Suruguay contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que procuraba la reparación del accidente in itinere que denunció padecer (v. pronunciamiento de 10-III-2023).
Para así decidir, juzgó que en el caso se encontraban configurados los presupuestos previstos en el art. 12 de la ley 11.653, pues si bien el actor, ante el requerimiento efectuado por el tribunal actuante, realizó una presentación a fin de impulsar el proceso, dejó nuevamente trascurrir el plazo previsto en la citada norma sin realizar actividad procesal útil.
II. Frente a lo así resuelto el legitimado activo articuló, una revocatoria e interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 16-III-2023), la primera fue denegada y la vía extraordinaria fue concedida por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 11-IV-2023).
En su presentación denuncia la violación de los arts. 11, 12 y 38 de la ley 11.653; 310 y 311 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
En lo esencial, se agravia de la decisión de grado de decretar en el caso la caducidad de instancia. En tal sentido, afirma que existía un deber específico del tribunal actuante de instar el proceso.
Finalmente afirma que, en atención a la situación general de la pandemia, los plazos procesales estaban suspendidos. Concluye así que la reanudación de los términos debió ser por medio de una cédula de notificación (art. 135 inc. 5, CPCC).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020 y L. 129.642, "Palavecino", resol. de 22-XII-2022).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018, L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020; L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022 y L. 130.085, "Pedrozo", resol. de 10-IV-2023).
III.3. Por otro lado, sabido es, la cita de doctrina referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
III.4. Finalmente, dable es señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.192, "González", resol. de 11-VII-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes.
Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:30:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 12:24:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2023 10:06:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:11:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 08:56:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/10/2023 11:05:40 hs. bajo el número RR-1346-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia