Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126306
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.306, "Amarante, Olga Ester contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 226/233).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-VIII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Olga Ester Amarante y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, como consecuencia de la incapacidad derivada del accidente in itinere que protagonizó el día 14 de septiembre de 2017, mientras regresaba a su domicilio desde su lugar de trabajo.
Interesa destacar -por ser materia de agravio- que el tribunal de origen, en el veredicto, con sustento en las conclusiones establecidas en el informe pericial médico, declaró acreditado que, como consecuencia del siniestro referido, la actora sufre diferentes dolencias (del raquis superior e inferior, hombro derecho y de la mano y muñeca derecha), que le provocan una disminución de su capacidad laborativa del orden del 35,58% de la total obrera, teniendo en cuenta la incidencia de los distintos factores de ponderación.
Por otro lado, en la sentencia, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348- solicitado por la demandada, y realizó el cálculo del resarcimiento según las pautas allí establecidas.
Asimismo, dispuso que de no abonarse la suma que estableció en el plazo de diez días desde la notificación de la sentencia, se aplique lo dispuesto en el inc. 3 de la última norma legal citada.
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 6 incs. 1, 2 y 3, 12 -texto según ley 27.348- y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme art. 4 de la ley 25.561-; 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6, 331, 354 inc. 1 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 37, 38, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 18-VIII-2020).
II.1. Señala que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos y las constancias objetivas de la causa.
Aduce que la actora, en la demanda, circunscribió el reclamo a dos afecciones concretas -del hombro derecho y la columna cervical-, las que, conforme la prueba documental acompañada por la accionada, responden a factores biológicos anteriores y son ajenas al accidente que motiva el reclamo de autos.
Indica que, a pesar de haber quedado claramente delimitadas las regiones del cuerpo afectadas, el perito médico interviniente efectuó un análisis del estado de salud de la accionante ateniéndose a la versión de los hechos que esta le brindó. Así, reprocha al galeno que haya incorporado otras lesiones, en la mano y muñeca derecha y en la columna lumbar ("hernia de disco del raquis inferior, de ubicación L5-S1, y discopatías L3-L4 y L4-L5") que no habían sido incluidas en la pretensión contenida en el escrito inicial, ni tampoco denunciadas ante la aseguradora de riesgos del trabajo.
Cuestiona el fallo porque -en su opinión-, en forma mecánica y automática, el juzgador se limitó a tener por probadas todas las dolencias que infundadamente determinó la experticia, sin detenerse a examinar su rigor científico y las reiteradas observaciones que realizó la demandada al respecto.
II.2. Por otro lado, cuestiona que el tribunal haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 (texto dado por el art. 11 de la ley 27.348) plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño.
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
III. El recurso no prospera.
III.1. Por un lado, las críticas que la impugnante formula al porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo objetado resultan técnicamente insuficientes (art. 279, Cód. cit.).
III.1.a. En el veredicto, con apoyo en las conclusiones establecidas en el informe pericial médico agregado a la causa (v. fs. 197/205), el órgano judicial de grado declaró acreditado que la actora padece: i) hernia de disco del raquis superior, de ubicación C3-C4, C4-C5 y C5-C7; ii) hernia de disco del raquis inferior, de ubicación L5-S1, y discopatías L3-L4 y L4-L5; iii) secuela postraumática crónica del hombro derecho; y iv) secuela postraumática de mano y muñeca derecha. También estableció que el accidente in itinere que aquella protagonizó el día 14 de septiembre de 2017, mientras regresaba desde su lugar de trabajo hacia su domicilio, constituyó la génesis de tales patologías (v. fs. 226 vta.).
A su vez, teniendo en cuenta el método de la capacidad restante y la incidencia de los distintos factores de ponderación, el tribunal juzgó que dichas dolencias provocan a la trabajadora una incapacidad del 35,58% de la total obrera. En esa faena, atento a las impugnaciones formuladas por el Fisco (v. fs. 207/209 y 216/217) y las explicaciones brindadas por el galeno interviniente (v. fs. 211/214), indicó el sentenciante que no advertía razones que justificasen apartarse del referido dictamen (v. fs. 227).
III.1.b. Pues bien, al respecto tiene dicho esta Suprema Corte que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo acreditación de absurdo (causas L. 120.028, "Estigarribia", sent. de 16-V-2018; L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021 y L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023). Asimismo, ha declarado que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo también constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado, y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en esta instancia extraordinaria a menos que el impugnante demuestre aquel vicio extremo valorativo (causas L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016; L. 119.791, "Argüello", sent. de 29-VI-2020 y L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023), que se configura por la verificación de un error grave grosero y fundamental, plasmado -por el sentenciante- en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016; L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018; L. 121.667, "Tula", sent. de 10-VIII-2020 y L. 126.832, "Velazco", sent. de 27-III-2023; e.o.).
En tal sendero, el recurrente sostiene que el juzgador incurrió en absurdo cuando se pronunció sobre las lesiones que padece la actora. De un lado, porque declaró acreditadas algunas de ellas (en la mano derecha y zona lumbar), que -en su opinión- no habían sido invocadas en el escrito inicial, sino que recién fueron identificadas con posterioridad en la pericia médica. Del otro, desde que se apoyó en las conclusiones establecidas en ese medio probatorio, en forma mecánica, desoyendo las observaciones realizadas por la demandada en lo relativo al origen biológico, preexistente y ajeno al siniestro de las afecciones de la columna cervical y del hombro derecho.
Sin embargo, las críticas traídas no resultan susceptibles de conmover lo resuelto.
III.1.b.i. Es que, respecto del primer cuestionamiento ensayado, al objetar la interpretación de los términos del reclamo contenido en la demanda, debió haberse sustentado no solo en la denuncia -y condigna demostración- del vicio de absurdo en la valoración de dicho escrito constitutivo del proceso, sino también en la violación del principio de congruencia y de las normas procesales que se vinculan a dicho postulado.
En efecto, sabido es que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto solo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017; L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 121.825, "Bigal", sent. de 25-VIII-2021; L. 125.324, "Gara", sent. de 17-X-2022).
No obstante, en el caso y como anticipé, dicha carga no fue satisfecha (art. 279, Cód. cit.).
En este sentido, ha declarado esta Suprema Corte que deviene insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, fundado -en rigor- en la presunta vulneración del principio de congruencia, omite denunciar la transgresión del referido postulado y de las normas rituales que lo receptan (causas L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; L. 126.664, "Tejerina", sent. de 14-III-2023; e.o.).
III.1.b.ii. Por lo demás, el segundo reproche traído, vinculado a la valoración del informe pericial médico tampoco luce eficaz para acreditar el invocado vicio de absurdo, toda vez que a través de la reiteración de las observaciones que a dicho medio probatorio ya habían formulado en la instancia ordinaria (v. presentación electrónica de fecha 12-VI-2019), y que aquí se aducen soslayadas, la interesada parte de su subjetiva opinión en torno a la eficacia probatoria que correspondería asignarle al referido dictamen, sin conseguir desvirtuar ni su validez ni su conducencia -conferidas por el tribunal de mérito- para fundamentar el grado de incapacidad padecido por la señora Amarante (art. 279, Cód. cit.).
El embate expuesto se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de las facultades que -por regla- le resultan privativas y trasunta -en definitiva- el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias a partir de su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
III.2. Por otro lado, el cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -reformado por el art. 11 de la ley 27.348- y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de 21-X-2022; e.o.), por lo que este tramo del pronunciamiento debe permanecer incólume (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), en tanto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído tampoco porta nuevos agravios o argumentos que, por su peso o fuerza convictiva, puedan conducir legítimamente a un nuevo examen sobre lo resuelto a su respecto.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:29:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 12:26:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2023 10:07:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2023 10:24:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2023 08:47:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/10/2023 09:13:31 hs. bajo el número RS-119-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia