Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130790
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron :
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por Miguel Ángel Contrera Gamarra contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en cuanto procuraba el pago de las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo por las dolencias incapacitantes que denunció padecer como consecuencia del accidente de trabajo in-itinere ocurrido el día 10 de febrero de 2021 (pronunciamiento de fecha 2-V-2023).
Para así resolver, entendió que habían transcurrido en exceso los plazos establecidos en el art. 12 de la ley 11.653 sin que la parte interesada -a pesar de la intimación que le fue cursada al respecto- haya activado la causa realizando actividad procesal útil para la prosecución del trámite de la causa.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 19-V-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 24-V-2023).
En lo esencial, denuncia absurdo y arbitrariedad, cuestionando la decisión del Tribunal de grado que decretó la caducidad de la instancia. En ese orden, afirma que, contrariamente a lo dispuesto en el fallo, su parte ha realizado actividad procesal útil para continuar con las actuaciones.
Por otro lado, objeta la imposición de costas a su parte, solicitando que, en atención a la naturaleza de la cuestión, se fijen por su orden.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, representado por la suma reclamada en la demanda, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141 (causas L. 121.818, "Ponce", resol. de 10-IV-2019 y L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 130.390, "Gurfinchel", resol. de 1-VIII-2023), razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
III.2. Así, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 122.338, "Alfonso", resol. de 29-V-2019 y L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020, L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018, L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022).
Del mismo modo, la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo no resulta hábil a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.169, "Ésposito", resol. 19-V-2022 y L. 130.065, "Tejera", resol. de 17-IV-2023).
Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 129.821, "Granda", resol. de 27-II-2023 y L. 129.690, "Franzone", resol. de 14-III-2023).
III.4. Finalmente, respecto de la objeción destinada a cuestionar la imposición de costas, el recurrente omite denunciar doctrina legal vinculada con dicha temática, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:44:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2023 09:38:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/11/2023 14:18:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:07:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:49:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/11/2023 12:40:45 hs. bajo el número RR-1506-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia