Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127155
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que los planteos introducidos en los puntos III.2. y III.4. no reúne los requisitos esenciales, y en virtud de que el analizado en el punto III.3. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por Mariano Martín Gorosito y, en consecuencia, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado inc. "a" de la ley 24.557, como consecuencia del accidente in itinere acreditado en autos (v. fs. 119/137).
Para así decidir, tuvo por demostrado, con la prueba producida, que el actor, como consecuencia del infortunio sufrido el día 3 de agosto de 2017, padece una incapacidad del 48 % de la total obrera.
Asimismo, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo según el texto del art. 11 de la ley 27.348- solicitado por la demandada y realizó el cálculo del resarcimiento según las pautas allí establecidas.
Finalmente, dispuso implementar entre la fecha de "la toma de conocimiento de la incapacidad" hasta la sentencia una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual, y luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios, devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la ley 24.557, modif. por la referida ley 27.348.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 768, 770 y concordantes del Código Civil y Comercial; 6.3, 12 y concordantes de la ley 24.557 texto según ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 conf. art. 4, ley 25.561-; 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653; del decreto 659/96 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 1-III-2021).
II.1. Por un lado, denuncia un razonamiento absurdo en la decisión del juzgador al momento de determinar la relación de causalidad entre la incapacidad fijada por el experto médico y el accidente denunciado.
Expone que la única prueba meritada por el a quo no determinó que el grado de invalidez sea consecuencia del siniestro que se ventila en autos. A su vez, objeta al tribunal haber prescindido del análisis del expediente administrativo obrante en la causa, el cual -según añade- registra antecedentes médicos del trabajador a nivel columnario.
II.2. Por otro, cuestiona que el tribunal de grado haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado precepto plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
II.3. Seguidamente, objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según texto ley 27.348.
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
Controvierte el argumento dado por el juzgador de grado respecto a que una vez que el importe deja de quedar fijado a valores actuales, recobra su ámbito de actuación la aplicación de la tasa activa de interés legal prevista en el art. 12 apartado 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ello por cuanto afirma- la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial citado en la sentencia no refiere a un mecanismo de actualización de deudas, sino a un modo especial de computar los intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe destacar que, en la especie, el compareciente no especifica, a tenor de los agravios desplegados en la vía impugnativa, como estaría representado el valor del litigio ni cuantifica su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado ante esta instancia casatoria supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En ese sentido, esta Corte ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el mínimo fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 123.865, "R. M., P. A.", sent. de 13-VII-2021; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022 y L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023; e.o.).
III.1.b. En estas condiciones, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente recurso en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653. De allí que la función revisora extraordinaria se circunscribe a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-202; L. 124.102, "Jose", sent. de 21-X-2022 y L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023).
III.2. En ese marco, respecto al primero de los agravios que porta el recurso, dirigido a cuestionar el nexo causal entre la minusvalía determinada por el galeno actuante y el infortunio denunciado, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, por cuanto el impugnante trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019; L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020 y L. 129.902, "Almeira", resol. de 19-IX-2022), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes señalado.
III.3. Luego, y más allá del valor de lo cuestionado, lo cierto es que el cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -reformado por la ley 27.348- y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de 21-X-2022). En consecuencia, debe permanecer incólume este tramo del pronunciamiento (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.4. Finalmente, tampoco es de recibo el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia.
En efecto, debiendo resolverse la cuestión en el estrecho marco de análisis, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la recurrente siquiera ha denunciado como vulnerada doctrina legal alguna de esta Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la presente vía de impugnación (causas L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020; L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 128.489, "Domínguez", resol. de 29-VI-2022 y L. 130.101, "Alonso", resol. de 14-III-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que los planteos introducidos en los puntos III.2. y III.4. no reúne los requisitos esenciales, y en virtud de que el analizado en el punto III.3. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:45:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2023 09:38:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/11/2023 15:57:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:14:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2023 09:49:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/11/2023 12:41:56 hs. bajo el número RR-1519-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia