Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130775
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que los planteos introducidos en el punto III.1 no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el III.2 ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo, con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul rechazó la acción promovida por Jorge Alberto Ávila contra Fénix Tandil S.A. y Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la que pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y una reparación integral con fundamento en el derecho común por el accidente de trabajo in itinere que denunció haber padecido (v. veredicto y sentencia de fecha 4-V-2023).
Para así decidir, en primer lugar, acogió la excepción de prescripción opuesta por la codemandada Fénix Tandil S.A. respecto de los reclamos en concepto de haberes adeudados e indemnizaciones derivadas del despido. Ello, con sustento en que tales pretensiones no habían sido deducidas en oportunidad de articular el escrito de demanda a los fines de interrumpir la prescripción (v. cargo del 28-II-2018 en el documento que se adjuntó al escrito de fecha 26-III-2021), sino recién en su ampliación (v. presentación del 30-XII-2020), consecuentemente, a su respecto, se hallaba ampliamente cumplido el plazo bienal establecido en el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, en lo que atañe a la pretensión por la que se perseguía el cobro de una reparación integral con sustento en el derecho común, juzgó que el siniestro denunciado en autos había acaecido en circunstancias " in itinere ", sin injerencia ni participación alguna del principal ni de su aseguradora de riesgos del trabajo.
Sentado ello, agregó que, no pudiendo apartarse de los términos en que fue entablada la demanda en virtud del principio de congruencia, no habiéndose efectuado reclamo alguno a la aseguradora en relación a las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, no correspondía expedirse sobre la orden de pago presentada por esta última.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-V-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resolución del 29-VI-2023).
En su presentación denuncia la vulneración de las normas y la doctrina legal que cita, así como de los principios in dubio pro operario e iura novit curia .
Se agravia, en primer lugar, de que el a quo no hubiera considerado que la demanda incoada tuviera efecto interruptivo de la prescripción respecto de las indemnizaciones derivadas del despido.
Desde otroángulo, cuestiona el rechazo de la acción por daños y perjuicios deducidos en el marco del derecho común. Al respecto, objeta que se haya liberado a la aseguradora de la carga de reparar integralmente el menoscabo causado al trabajador por el infortunio sufrido.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1.a. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo que respecta al valor del litigio.
Conforme lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas L. 86.645, "Barroso" (sent. de 21-V-2008), L. 90.653, "Valdebenito" (sent. de 26-VIII-2009); L. 104.273, "Larrazabal y Montenegro" (sents. de 26-VI-2013), entre otras, frente a un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones, el monto del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las deducidas en la misma demanda. Bajo estos lineamientos, se ha sostenido que, con prescindencia del resultado que se obtenga en la sentencia de mérito, e independientemente de cuál sea la parte que intente transitar esta senda recursiva, el test de admisibilidad que habilita el ulterior análisis de la procedencia del remedio extraordinario no puede conducir a resultados disímiles, según se ejercite o no la opción de acumular todas las acciones (pretensiones) contra el mismo demandado (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC).
En el caso, se verifican distintos reclamos -no vinculados entre sí por relación de continencia, accesoriedad o subsidiariedad- cuya desestimación decretada en la sentencia llevó al recurrente a realizar una crítica diferenciada: de un lado, el relativo a la reparación integral por accidente de trabajo y, del otro, lo atinente a las indemnizaciones derivadas del despido.
III.1.b. Bajo tales lineamientos, cabe señalar que las sumas resultantes de la pretensión vinculada al reclamo por el distracto, no supera, individualmente considerada, el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de dicho aspecto de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.317, "Aquino", resol. de 23-VIII-2023).
En consecuencia, respecto del primer agravio traído, la competencia de revisión queda acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede -precisamente- en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021 y L. 130.687, "Cullari", resol. de 25-X-2023).
III.1.c. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el recurrente trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba -como lo son las vinculadas a determinar el comienzo del curso de la prescripción y su eventual interrupción o suspensión-, detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014; L. 117.224, "López", sent. de 22-IV-2015; L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016; L. 125.871, "Tejerina", resol. de 30-VIII-2021 y L. 129.347, "Navarro", resol. de 12-IX-2023).
Por lo demás, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.615, "Martínez", resol. de 19-XII-2018; L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 123.150, "Robles", resol. de 19-II-2020; L. 126.246, "Dieguez", resol. de 22-IX-2021 y L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023).
III.2. Por otro lado, si bien ningún reparo admite en cuanto a la admisibilidad del carril intentado en orden al valor del litigio, el reclamo referido al rechazo de la reparación integral también debe ser desestimado atento su marcada insuficiencia.
III.2.a. Reiteradamente ha expresado este Tribunal que el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios, resultan atribuciones privativas de los magistrados del trabajo, irrevisables en la instancia extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 119.392, "López", sent. de 27-VI-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 122.707, "Ostapowicz", resol. de 2-XI-2020; L. 125.245, "Barrios", resol. de 12-IV-2021 y L. 128.919, "Bustamante", resol. de 23-VIII-2023).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020; L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020 y L. 129.937, "Godoy Armoa", resol. de 4-X-2023).
III.2.b. En efecto, el recurrente, no denuncia la existencia del mentado vicio, debiendo recordarse que es técnicamente defectuoso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la interpretación efectuada por el tribunal de la instancia ordinaria en función que le compete privativamente, omitiendo la invocación del mencionado yerro sentencial (art. 279, CPCC y su doctrina; causas L. 124.434, "Cejas", resol. de 23-X-2020; L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
III.2.c. De todos modos, y sin perjuicio de la insuficiencia apuntada, cierto es que el interesado, en su lacónica presentación recursiva, sólo traduce la mera disconformidad con la conclusión alcanzada en la sentencia, sin concretar una réplica idónea que desvirtúe el razonamiento del sentenciante de grado, para quien el reclamo con fundamento en las normas del derecho civil implicaba la necesidad de invocar y demostrar los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual que se imputara tanto al empleador como a la aseguradora, y que, en el caso, esta tarea ha sido completamente omitida.
En esa línea, omite toda consideración sobre las conclusiones arribadas por el órgano de grado en cuanto a que el siniestro no se había producido por cosas inanimadas ni riesgosas o peligrosas usadas en el trabajo, ni por el hecho de ser un dependiente del empleador, como tampoco por la hipótesis del art. 1109 del anterior Código Civil. Asimismo, que, tratándose de un accidente in itinere , en relación a la aseguradora no se observaba la incidencia que pudiera tener el imputado incumplimiento a sus obligaciones de prevención y capacitación.
Al respecto, ha manifestado esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que -como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 118.643, "Gorozo", resol. del 26-VIII-2015; L. 121.174, "Fariña", resol. de 17-X-2018; L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VII-2020; L. 123.991, "Borrelli", resol. de 25-X-2021 y L. 129.368, "González", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013), entre otras-, acompaño lo decidido en el punto III.1 por los colegas que me preceden en la votación.
Luego, también adhiero a lo expuesto en el punto III.2. del voto inaugural del Acuerdo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que los planteos introducidos en el punto III.1 no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el III.2 ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2023 21:40:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:14:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:24:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:52:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:59:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/12/2023 14:24:57 hs. bajo el número RR-1615-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia