Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128657
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.657, "Zenol, Roberto Carlos contra Ministerio de Producción - Astillero Río Santiago. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Torres, Kogan, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 15-XII-2021).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-II-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Roberto Carlos Zenol y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 como consecuencia de la incapacidad derivada del accidente de trabajo in itinere que protagonizó el día 19 de octubre de 2017.
En lo que aquí interesa, a los fines de calcular la prestación en cuestión, calculó el ingreso base con arreglo al primer párrafo del art. 11 de la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017) modificatorio del art. 12 de la ley 24.557, y declaró asimismo aplicables las previsiones del segundo tramo del citado artículo en cuanto dispone que desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, es decir, desde el 19 de octubre de 2017 (fecha del accidente) y hasta la fecha del pronunciamiento, el monto del ingreso base considerado por la suma de $58.532,55 devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina equivalente a dicho período, alcanzando entonces la suma de $102.855,97, todo lo cual conforma un ingreso base mensual de $161.388,52 ($58.532,55 + $102.855,97) -párrafos 1 y 2 del actual art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo-. Luego consideró que, así constituido el esquema normativo de aplicación, con las pautas determinadas, la indemnización por la que progresa la demanda asciende a la suma de $4.072.902,03 ($161.388,52 x 53 x 31,5% x 65/43; art. 14 inc. 2 apartado "a", ley 24.557).
A partir de ese guarismo y de las pautas establecidas en la primera norma citada (art. 14 inc. 2 apdo. "a"), determinó que la indemnización que le correspondía percibir al actor por la incapacidad permanente parcial que padece ascendía al monto de $4.072.902,03 (v. sent., pág. 7).
Establecido el importe de condena en concepto de capital, procedió a analizar los alcances de lo normado en el tercer párrafo del art. 11 mencionado.
A tal fin, señaló que la incorporación al primer acápite del nuevo art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo supuso: a) una migración del salario previsional al laboral que -en consonancia con el principio de primacía de la realidad- admitía genuinamente la naturaleza salarial de la totalidad de los ingresos que percibe un trabajador como contraprestación de sus tareas realizadas; conforme al criterio aplicado por el Máximo Tribunal nacional y provincial. Ello así, porque las garantías que protegen la intangibilidad del salario, no solo encuentran apoyo en el citado art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino también y -fundamentalmente- en el art. 14 bis de la Constitución nacional y en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 95 y en aquellas otras que resguardan la indemnidad psicofísica del trabajador; b) abandonar la referencia salarial diaria mensualizada para considerar el promedio total de los salarios devengados y c) la actualización mes a mes de cada una de las sumas determinadas con los criterios expuestos, aplicando para ello la variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; v. sent., págs. 11/13).
Por otra parte, indicó que mediante el apartado segundo de aquella norma se dispuso que "la suma determinada en concepto de ingreso base [...] devengará desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización (en el caso, de la presente sentencia) un interés equivalente al promedio de la tasa activa Cartera General Nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina". En este punto, destacó que "...lo dicho, constituye un claro supuesto de interés legal..." (sent., pág. 14.).
Sobre esa definición, concluyó que la aplicación de tales intereses no supone una compensación por mora ni cumple una función punitoria, ya que interpretó (en consonancia con la visión aportada por Mario E. Ackerman sobre el tópico) que los acrecidos están destinados a sustituir al índice RIPTE como mecanismo de actualización del valor del ingreso base (v. sent., pág. cit.).
Puntualizó que no existe entre ambos períodos superposición en la de aplicación de la tasa activa, resaltando que los incs. 1 y 2 del citado art. 12 conducen a considerar el ingreso base a valores salariales actuales. Interpretó entonces que el mecanismo utilizado por el legislador pretende justipreciar al mismo, como una deuda de valor y no una deuda de dinero; es decir, una prestación que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago (v. sent., pág. 15).
Luego, al analizar el alcance que -en su interpretación- debía otorgarse al párrafo tercero de la norma bajo tratamiento, consideró que "a los efectos de no incurrir en una operación disvaliosa que vulnere el derecho de propiedad de la accionada", aplicar en el caso la tasa de interés a la que allí se alude "...sin dudas importaría plasmar una yuxtaposición de intereses mediante la aplicación de la tasa activa por similares períodos" . Así, en la inteligencia de que la aludida tasa activa tiene componentes propios de la actividad de las entidades financieras y bancarias que no se compadecen con los accesorios que debe afrontar un deudor moroso, interpretó que, desde la fecha de exigibilidad del crédito (19 de octubre de 2017) hasta el dictado de la sentencia, los intereses moratorios debían ser calculados a una tasa pura del 6% anual (v. sent., pág. 16).
Agregó que si bien dicha normativa, técnicamente no importaba un mecanismo de indexación en el sentido literal del término, aun así, las actuales previsiones de la ley 27.348, como ley especial y posterior, bien pueden diferir de lo establecido en una norma de igual jerarquía, como resulta ser la anterior ley 23.928 (v. sent., pág. cit.).
De este modo, dispuso que el capital de condena ($4.072.902,03) debía recibir intereses moratorios calculados a una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito (19 de octubre de 2017) hasta la de la sentencia (15 de diciembre de 2021) y, luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios ($5.089.229,56), devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, ello, con sustento en los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la ley 24.557 (modif. por la referida ley 27.348; v. sent., págs. 24 y 27).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 768, 770 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según el art. 11 de la ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme el art. 4 de la ley 25.561-; 44 inc. "d" y concordantes de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 2-II-2022).
II.1. En primer término, cuestiona el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (según el texto de la ley 27.348) esgrimido al contestar la demanda.
Afirma que la decisión fue gestada a partir de un razonamiento absurdo y arbitrario, que evidencia la ausencia en el caso de un acto jurisdiccional válido.
Manifiesta que lo argumentado por el tribunal no es suficiente para considerarla constitucionalmente válida si no puede superar el test de razonabilidad.
Agrega que la prohibición establecida por la ley 23.928 no se limita a los mecanismos de indexación, sino que se extiende a todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Asevera que la incoherencia que deviene de dicha norma no puede justificarse con el razonamiento de que el legislador intentó desalentar la judicialización de los conflictos por accidentes laborales. Entiende que lo señalado genera una notoria afectación de las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17, 19 y 28, Const. nac.).
Sostiene que tampoco encuentra asidero afirmar -tal como lo hizo el sentenciante- que el art. 11 de la ley 27.348 redefinió los "'importes' pasibles de ajustes, vivificando los arts. 8 y 17.6 de la ley 26.773", cuando tales normas -alega- fueron expresamente derogadas por el art. 21 de la primera norma citada. Aduce que lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 11 conculca los derechos de su representada, en tanto su implementación no refleja la liquidación de una indemnización justa.
Pone de resalto que no existe una mínima proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido. Afirma que la carencia de proporcionalidad entre el sistema general de reparación y el especial diseñado por la ley 27.348, se revela con facilidad a partir de los montos que arroja la determinación del ingreso base mensual determinado en el veredicto y el que fijó el tribunal por aplicación del nuevo art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Expresa que dicho resultado jamás podría haber sido alcanzado por un empleado como el actor en la hipótesis de haber sufrido el mismo accidente fuera del ámbito laboral, lo que demuestra que los principios protectorios del derecho del trabajo han traspasado los límites de la razón.
Cuestiona lo afirmado por el sentenciante al categorizar a la deuda salarial como una deuda de valor.
Argumenta que la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual, jamás podría reflejar la variación real de un salario durante el período de su aplicación; ello así, en tanto el precio que cobra un banco por prestar dinero (tasa activa) responde a razones ontológicamente distintas a la remuneración.
Manifiesta que, a diferencia de lo señalado en el fallo de grado, la ley especial no impone al empleador el pago de una "deuda salarial" cuando el trabajador sufre alguna de las contingencias allí previstas, sino que solo coloca al ingreso base mensual como uno de los factores preponderantes para establecer la reparación.
II.2. A su vez, objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según ley 27.348).
Alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí establecidas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
III. El recurso no prospera.
III.1. El cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -reformado por la ley 27.348- y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de 21-X-2022).
Entonces, ha de permanecer incólume este tramo del pronunciamiento (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Sentado lo anterior, tampoco es de recibo el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia.
III.2.a. Circunscripta la potestad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 3-III-2020 y L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021), puede observarse que los agravios traídos por el recurrente lucen insuficientes para neutralizar lo decidido en la instancia de grado.
III.2.b. Es que los argumentos que despliega el impugnante contra el modo en que el tribunal laboral aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, pretenden encontrar apoyo en su propia visión del caso en vinculación con la lectura que propone de las normas que refiere. Ello no alcanza para obtener la revocación de lo juzgado en el pronunciamiento.
El discurso que trae el quejoso, con cardinal andamiaje en el inc. "c" del art. 770 del Código Civil y Comercial, parte de afirmar que la accionada a la fecha de la sentencia no incurrió en ningún supuesto de mora, pues es obvio que al momento de su dictado no se verifica ninguna dilación en el pago de la liquidación ordenada judicialmente como -asegura- exige la normativa aplicable.
Sin embargo, con tales afirmaciones se desentiende de que lo decidido por el a quo se fundó en la interpretación que realizó del contenido del mentado art. 12 inc. 3 de la ley 24.557 -texto modificado por ley 27.348-; precepto que, en el entendimiento de que su aplicación no implicaba un mecanismo de indexación -como ley especial y posterior de la ley 23.928- evaluó de forma conjunta con los incs. 1 y 2 del mismo artículo que -tal como dijo- ordenan actualizar el ingreso base mensual a la hora de cuantificar la prestación. De allí que -según precisó-, resultaba evidente que la tasa de interés bancaria prevista en la norma en análisis no podía ser aplicada desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad, puesto que, de lo contrario, implicaría actualizar en el mismo período dos veces el importe del crédito.
Este último no es un dato menor si se considera que bajo esa inteligencia, también hubo de sostener que el punto de partida del cómputo de los intereses moratorios -situado en la exigibilidad del crédito- debía remontarse a la fecha de la primera manifestación invalidante; así, no aludió a ninguna hipótesis de incumplimiento de lo ordenado en la sentencia para aplicar la especial tasa de interés del último de los incisos del referido art. 12, más allá de que juzgó que debía operar -a causa de la "actualización" realizada del crédito- sobre el importe capitalizado y recién desde la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago.
III.2.c. Firme aquella motivación, pierde vigor el núcleo argumental sobre el cual pretende encontrar fundamento la impugnación.
Y en nada modifica la suerte adversa del recurso la reiterada remisión que efectúa el recurrente al mentado art. 770 del digesto civil y comercial, cuando una vez más pretende sortear el razonamiento del fallo para desconocer la "actualización" del crédito a la que allí se aludió conforme la lectura interconectada de los distintos preceptos del art. 12 de la ley laboral tantas veces aquí citada.
III.2.d. Restaría agregar en línea con lo expuesto, que la doctrina legal cuya violación denuncia ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los del caso bajo análisis, lo que revela su falta de aptitud (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022 y L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023). Es que el impugnante acude a precedentes en los cuales en la decisión recurrida no se había abordado la cuestión bajo las aristas particulares relevadas aquí por el a quo .
III.2.e. En virtud de lo hasta aquí dicho, son aplicables las directrices de esta Corte que tachan de estéril al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento de grado (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018 y L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; e.o.).
Entonces, la insuficiencia en la fundamentación del medio de impugnación traído sella su suerte adversa, no quedando margen para que esta Suprema Corte pueda ingresar en el análisis vinculado con el acierto sustancial de lo decidido por el órgano inferior en grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2023 09:59:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 10:24:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 11:02:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/02/2024 08:59:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/02/2024 09:37:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/02/2024 10:32:31 hs. bajo el número RS-3-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia