Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128793
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.793, "Ferreyra, Jorge Antonio contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in-itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan.
El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 5-X-2021).
Se interpuso, por Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-XI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Jorge Antonio Ferreyra y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, más la suma adicional que estableció con fundamento en el art. 20 del mismo cuerpo legal, ello, como consecuencia de la incapacidad que porta el actor derivada del accidente in itinere que protagonizó el día 8 de marzo de 2017.
En lo que reviste interés, en el veredicto, con sustento en las conclusiones establecidas en las pericias médica y psicológica, juzgó acreditado que, como consecuencia del mentado infortunio, el trabajador sufre de trastorno de secuelas de fractura de peroné que lo invalida en un 15%, guarismo que, incluyendo los factores de ponderación, elevó al 20,75% de la total obrera; y trastorno de ansiedad generalizado que lo incapacita en un 10% del mismo índice. Concluyó que la disminución de la capacidad laboral indemnizable ascendía al 30,75% de la total obrera (v. vered., págs. 2/3).
En dicho análisis, precisó que, pese a la impugnación formulada por la parte demandada, no habría de apartarse de las conclusiones brindadas por la perito psicóloga, pues consideró que el informe lucía fundado y resultaba claro. De este modo, sostuvo que correspondía desestimar aquel cuestionamiento porque se reducía a pretender disputarle a la experta sus funciones. Por otro lado, respecto de la pericia médica, estimó que en el escrito de fecha 10 de septiembre de 2020, la accionada se limitó a cuestionar el modo de calcular la incidencia del factor edad, tópico que consideró debía desestimarse en tanto -conforme lo hizo el galeno- el mismo no debía cuantificarse en forma proporcional sobre la incapacidad sino directa (v. vered., pág. 3).
Luego -verificada la contingencia cubierta por la Ley de Riesgos del Trabajo, la incapacidad y la fecha de la primera manifestación invalidante- declaró que el accionante resultaba acreedor de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, calculada según las pautas establecidas por el art. 12, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348 (v. sent., pág. 4).
Posteriormente, se abocó a analizar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la demandada respecto del mencionado art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348). Sobre ello, afirmó que la norma utiliza dos mecanismos de ajuste diferentes, que tienen ámbitos de aplicación temporal distintos: durante el año anterior a la fecha de la primera manifestación invalidante mediante el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- (art. 12, inc. 1); y desde ese momento y hasta la determinación de la indemnización por conducto de la tasa activa del Banco Nación (art. 12, inc. 2). Estos, destacó, son compatibles con el carácter de deudas de valor puesto que -según argumentó- en la ocasión en que resulta determinada la liquidación de la indemnización, lo que adeuda la demandada no es una suma líquida de dinero, sino una prestación que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago (v. sent. fs. 6/10).
Expuso que la ley 27.348, por ser posterior, especial y más favorable al sujeto protegido constitucionalmente, desplaza a la ley 23.928 de igual jerarquía (v. págs. 11/12).
Manifestó que no resultaban aplicables al caso los precedentes L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) de este Tribunal denunciados por la demandada, ni el fallo "Massolo" de la Corte federal, en tanto habían sido elaborados en base a un marco normativo disímil al que se presentaba en la especie. Por el contrario, argumentó que esta Suprema Corte admitió en la causa C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018) la fijación del importe indemnizatorio a valores actuales, haciéndose cargo de la flexibilización que (incluso en ausencia de ley especial expresa que desplace su aplicación) ha debido hacerse de la prohibición plasmada en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (v. sent. pág. 14).
Entendió que tampoco le asistía razón a la demandada, al denunciar que el art. 11 de la ley 27.348 era confiscatorio y violatorio del derecho de propiedad por consagrar "un triple esquema de indexación". Ello, porque -conforme lo dicho en párrafos anteriores- los mecanismos de ajuste previstos en los incs. 1 y 2 del art. 12 de la ley 24.557 no se superponen, sino que se complementan, se configura una única actualización que se realiza en dos períodos diferentes y por medio de dos herramientas distintas (v. sent. págs. 15/17).
Agregó que, al introducir esa regulación, el poder legislativo no hizo sino efectivizar lo que venía sosteniendo la doctrina y la jurisprudencia al tratar la validez constitucional del art. 12 en su redacción anterior (v. sent. págs. 17/18).
Por los argumentos expuestos, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según art. 11, ley 27.348) incorporado por la parte demandada y procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557 (v. sent. págs. 24/26).
A su vez, con fundamento en el art. 20 del mismo cuerpo legal, ordenó pagarle al accionante el monto que indicó en concepto de costo del tratamiento de psicoterapia (v. sent. pág. 26).
Cuantificadas ambas prestaciones, el tribunal señaló que en tanto la legitimada pasiva no había pagado en tiempo y forma la indemnización, correspondía adicionar al capital de condena los intereses moratorios devengados entre la fecha de exigibilidad del crédito y la del efectivo pago. Fue allí que consideró aplicable el art. 12, inc. 3 de la ley 24.557 -conforme el texto dado por la ley 27.348-, el cual -interpretó- "...opera como una norma especial que determina una tasa legal en materia de intereses moratorios, en los términos del art. 768 inc. b) del Código Civil y Comercial..." , desplazando así, tanto a la prevista en el art. 48 de la ley 11.653 -texto según ley 14.399- por ser una ley nacional posterior y resultar más favorable al trabajador, como a la fijada por esta Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), toda vez que, a diferencia del presente caso -continuó expresando- lo dicho allí lo fue ante la ausencia de una ley nacional especial en materia de intereses moratorios (v. sent. págs. 26/27).
A continuación, estableció a partir de cuándo correspondía aplicar al capital de condena la tasa activa del Banco de la Nación Argentina prevista en la norma indicada. En ese trance, aclaró que cabía diferenciar entre los créditos reconocidos en esta sentencia fijados a valores actuales (prestación del art. 14, inc. 2, apartado "a", ley 24.557), de aquellos otros que, en cambio, fueron fijados a valores históricos, es decir, a la fecha de la primera manifestación invalidante (art. 20, ley 24.557). En lo que respecta a este último rubro (cuantificado a valores vigentes al 8-III-2017), ordenó que devenguen intereses desde esa misma fecha y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (indicó, conforme el art. 12, inc. 3, LRT; v. sent. pág. 28).
En cambio, en lo que se vincula con la prestación del art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley de infortunios laborales, consideró que el mentado art. 12, inc. 3 de la misma ley debía ser interpretado en forma sistemática con los inc. 1 y 2 que ordenan actualizar el ingreso base mensual a la hora de cuantificar la prestación (v. ult. pág. cit.). A partir de ello, precisó que resultaba evidente que la tasa de interés bancaria prevista en la norma en análisis no podía ser aplicada desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad, puesto que, de lo contrario, implicaría actualizar en el mismo período dos veces el importe del crédito (v. sent. pág. 30). En ese marco, y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte (entre ellos, C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), concluyó que, desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad y hasta el dictado de la sentencia, el importe de condena debía ser incrementado con intereses a una tasa "pura" del 6% anual. Seguidamente, decidió que la suma obtenida en dicho cálculo se capitalice conforme los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, debiendo devengar -desde el momento del fallo y hasta el efectivo pago- un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (v. sent., págs. 30/32).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 22 y 23, y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 10, 15, 39 inc. 3, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 768 y 770 incs. "b" y "c" del Código Civil y Comercial de la Nación; 1, 3, 6 apartados 1, 2 y 3, 11 apartado 4, 12 -texto según ley 27.348-, 14 apartado 2 inc. "b", 20 y 30 de la ley 24.557; 3 y 9 de la ley 26.773; 34 inc. 4, 163 incs. 4, 5 y 6, 331, 354 inc. 1, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 37, 38, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 18-XI-2021).
II.1. En primer lugar, aduce que el juzgador al determinar el porcentaje de incapacidad que padece la actora, incurrió en absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos y las constancias objetivas de la causa, que evidencia la ausencia de un acto jurisdiccional válido.
Indica que el fallo de origen definió el litigio mediante una mera remisión a las conclusiones arribadas por las pericias médica y psicológica, sin efectuar una valoración concreta de las mismas ni de la impugnación formulada por su parte respecto de la última de ellas.
Manifiesta que el a quo tuvo por contestadas las observaciones realizadas al informe pericial psicológico, sin embargo -destaca- ninguna de ellas fue evacuada por la galena. En tal sentido, manifiesta que dicha experticia no puede ser considerada como una pieza procesal válida.
II.2. Impugna la decisión del tribunal de establecer como fecha de toma de conocimiento la misma en la que acaeció el siniestro.
Señala que esa decisión resulta absurda, en tanto de la lectura de los escritos constitutivos surge que al momento de iniciada la demanda y de contestada la misma, el daño no se hallaba consolidado, lo cual -afirma- fue expresamente reconocido por el propio trabajador al evacuar el traslado del art. 29 de la ley 11.653.
II.3. Alega que el sentenciante efectuó una errónea interpretación del texto del art. 20 de la ley 24.557, porque modificó las prestaciones en especie allí establecidas en beneficio del trabajador, transformándolas en una indemnización dineraria. Asegura que estas no son compensables en dinero.
II.4. Cuestiona que el tribunal haya desestimado el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 (texto dado por el art. 11 de la ley 27.348) plasmado al contestar la demanda.
Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño.
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
II.5. Objeta a su vez la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según texto ley 27.348.
Alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí establecidas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma, en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
Controvierte el argumento dado por el juzgador de grado respecto a que una vez que el importe deja de quedar fijado a valores actuales, recobra su ámbito de actuación la aplicación de la tasa activa de interés legal prevista en el art. 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ello por cuanto -afirma- la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial citado en la sentencia no refiere a un mecanismo de actualización de deudas, sino a un modo especial de computar los intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1. La crítica que formula el recurrente en torno al porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo debe desestimarse.
III.1.a. Tiene dicho esta Suprema Corte que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales del trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo la acreditación del absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. 11-V-2021 y L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022). Con análogo razonamiento, asimismo ha sostenido que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, excepto que se demuestre aquel extremo vicio valorativo (causas L. 122.102, "González", sent. de 7-IX-2020; L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021 y L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023).
III.1.b. Bajo tales directrices, el agravio se revela insuficiente, pues el recurrente no logra acreditar la configuración del absurdo.
El impugnante parte de su subjetiva opinión en orden a la eficacia probatoria que a su entender correspondería asignarle a los dictámenes médico y psicológico y a las explicaciones dadas en el último de ellos, blandiendo su mera disconformidad con el modo en que fueron analizados por el tribunal; en gran medida, insiste en un cúmulo de señalamientos que fueron oportunamente incorporados en las impugnaciones formuladas por la parte demandada en la instancia y atendidos por el a quo, en una labor jurisdiccional que -pueda compartirse o no- no exhibe los graves yerros que habilitarían su revisión extraordinaria.
En rigor, en la crítica expuesta el interesado sólo se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de las facultades que -por regla- le resultan privativas; la objeción trasunta -en definitiva- el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de la prueba según el personal criterio valorativo del impugnante, método que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
Dable es recordar que este vicio valorativo no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias del expediente (causas L. 123.516, "Ramos", sent. 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
III.1.c. Asimismo, la crítica por conducto de la cual el quejoso impugna la falta de respuesta a sus observaciones por parte de la perito psicóloga también resulta inhábil para dar sustento al agravio. Es doctrina de esta Corte que las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia y aun aquellas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluídas, resultan ajenas a la instancia extraordinaria, desde que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causa L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021).
III.2. Igualmente, inatendible deviene el cuestionamiento dirigido a objetar la fecha de toma de conocimiento fijada por el tribunal de grado.
III.2.a. Tiene dicho esta Corte que determinar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad constituye una cuestión de índole fáctica reservada a la apreciación de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser denunciado y eficazmente demostrado (causas L. 120.002, "Suvia", sent. de 27-VI-2018; L. 120.760, "Fleita", sent. de 9-XI-2020 y L. 125.965, "Gaute", resol. de 10-V-2021; e.o.).
III.2.b. En el caso, el tribunal interviniente, teniendo en cuenta las características del siniestro sufrido por el actor, que provocó de inmediato secuelas en su integridad psicofísica, estimó que, tanto la primera manifestación invalidante de la contingencia, como la toma de conocimiento de la incapacidad, se produjeron concomitantemente a su acaecimiento, es decir, el día 8 de marzo de 2017 (v. vered. pág. 4).
Sentado ello, cabe advertir que el interesado no logra rebatir la conclusión que impugna, ya que los cuestionamientos que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión personal en orden a la valoración de los medios probatorios y a las conclusiones arribadas por el sentenciante; recuérdese que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo ni tampoco puede este Tribunal sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (causas L. 120.332, "L., V. D.", sent. de 26-V-2021 y L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; e.o.).
Luego, no se advierte que el quejoso cumpla eficazmente con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial para abastecer el recurso en esta parcela de su impugnación, al punto que en la pieza recursiva ni siquiera se llega a especificar cuál sería la correcta fecha de toma de conocimiento de la incapacidad.
III.3. Tampoco es de recibo la objeción vinculada con el crédito que el tribunal declaró procedente con fundamento en el art. 20 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
La crítica que porta el medio de impugnación, que pretende adquirir vigor postulando que las prestaciones en especie establecidas en beneficio del trabajador no son compensa
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.