Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130185
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
I. En lo que interesa, el Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda promovida por la señora Liliana Alejandra Ruiz y, en consecuencia, condenó a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires- en su carácter de empleadora autoasegurada a pagar la suma que indicó en concepto de prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent. de 2-VIII-2022).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la actora sufrió un accidente de trabajo el día 28 de marzo de 2019 al que calificó como " in itinere ", que le provocó una incapacidad psicofísica, permanente, parcial y definitiva del 31 % de la total obrera, en relación de causalidad directa y adecuada con el infortunio laboral denunciado.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. presentación del 23-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo el 29 de agosto de 2022, habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 1-VIII-2023).
Denuncia que el tribunal de origen omitió el tratamiento de cuestiones esenciales conducentes para la resolución del litigio. Concretamente, menciona que ha soslayado abordar el planteo de incompetencia introducido en el apartado II del escrito de contestación de demanda de fecha 11 de diciembre de 2020, referido a la falta de aptitud jurisdiccional de dicho organismo para conocer sobre el reclamo vinculado a la incapacidad psicológica invocada por la actora en el escrito de demanda, en tanto -sostiene- tal afección no fue oportunamente denunciada en sede administrativa, no habiendo en consecuencia dado cumplimiento con el tránsito previo y obligatorio previsto por el Título I de la ley 27.348.
Asimismo, alega una deficitaria valoración de las circunstancias fácticas y del material probatorio obrante en la causa, en claro detrimento al principio de congruencia.
III. De conformidad con lo dictaminado con el Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1.a. En principio corresponde recordar que, el remedio extraordinario de nulidad, sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023; e. o.).
III.1.b. Contrariamente a lo que se denuncia en el escrito recursivo, no se advierte que el juzgador hubiera omitido el tratamiento de las cuestiones esenciales denunciadas en los términos del citado art. 168 de la Constitución Provincial.
III.1.c. Al responder al interrogante planteado en la primera cuestión del veredicto, el tribunal a quo dispuso expresamente que "A raíz del evento descripto, se acompaña con la demanda dictamen médico emitido por la Comisión Médica N° 37 de Lanús en el expediente SRT 278225/19 como constancia de cumplimiento de la instancia administrativa previa establecida en el art. 1 de la ley 27.348".
De la lectura del pronunciamiento atacado surge que la cuestión que se dice preterida fue abordada por el tribunal de grado, aunque en sentido adverso a las pretensiones del interesado.
En rigor, bajo el reproche de una supuesta preterición, la recurrente intenta cuestionar el acierto de la interpretación llevada a cabo por el juzgador respecto del dictamen emitido por el perito psicólogo desinsaculado en autos, cuestionamiento que al igual que toda la alegación referida a la apreciación del material probatorio se encuentra detraído del acotado marco de conocimiento del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 128.780, "Teruel", resol. de 10-XI-2022; L. 128.952, "Ramos", resol. de 27-III-2023 y L. 129.114, "Silva", resol. de 27-VI-2023; e. o.)
III.2. También resultan ajenos al remedio en examen la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional y la supuesta transgresión del principio de congruencia derivada de eventuales decisiones ultra petita o errores in iudicando (causas L. 127.874, "Chelia", resol. de 1-IV-2022 y L. 129.394, "González", resol. de 10-IV-2023; e. o.).
III.3. Finalmente, tampoco son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución local citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 123.633, "Miño", resol. de 30-XI-2020; L. 126.568, "Insaurralde", resol. de 21-X-2022 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023; e. o.), hipótesis que no concurre en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/03/2024 09:59:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2024 09:36:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2024 11:09:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2024 15:32:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 08:18:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/03/2024 09:13:20 hs. bajo el número RR-129-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia