Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128460
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud dijeron:
I. El señor Jonatan Roberto Cañete promovió acción contra el dictamen de la Comisión Médica n° 31 de Zárate, emitida el 26 de noviembre de 2019 en el expediente administrativo n° 239622/19, iniciado con motivo de la determinación de la incapacidad respecto del accidente sufrido el día 18 de febrero de 2019 mientras prestaba tareas para Industrias Tricerri Hnos. e hijos Sociedad Anónima I.C.F.A.G.Y.F. Asimismo, solicitó la intervención de la justicia laboral de San Isidro con sustento en lo dispuesto por el art. 3 de la ley 15.057 (v. escrito de demanda electrónico de fecha 31-VII-2020).
II. Al presentarse al pleito Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo opuso -en lo que interesa- excepción de incompetencia en razón del territorio, basándose -en sustancia- en lo dispuesto por los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 y en la actuación previa de la Comisión Médica Jurisdiccional de la localidad de Zárate (v. presentación electrónica del 17-XII-2020).
III. El tribunal de trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro rechazó las excepciones de incompetencia territorial y cosa juzgada administrativa (v. resolución electrónica de fecha 29-VI-2021).
Para así decidir, respecto de la primera defensa nombrada, juzgó que el trabajador optó por iniciar la presente acción ante el tribunal de trabajo del lugar de prestación de tareas, conforme lo previsto por el art. 3 inc. "b" de la ley 11.653. Aclaró que lo dispuesto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 trata la competencia en razón de la materia.
Con relación a la excepción de cosa juzgada administrativa, valoró la documental aportada por la parte actora y lo manifestado por la accionada en su escrito de responde y tuvo inicialmente por acreditado que el titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica n° 31 de Zárate dictó la disposición de alcance particular con fecha 26 de noviembre de 2019, mediante la cual aprobó el procedimiento llevado a cabo concluyendo que el señor Jonatan Roberto Cañete no posee incapacidad respecto de la contingencia denunciada.
Luego, entendió que el trabajador eligió revisar en sede judicial dicho dictamen (conforme lo establece el art. 2 de la ley 27.348), iniciando la presente acción el día 31 de julio de 2020, es decir, dentro del plazo de 90 días hábiles contados desde la fecha de dictado de aquel acto administrativo.
IV. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 14-VII-2021), el que fue concedido en la instancia de grado (v. resolución de fecha 6-IX-2021).
En lo sustancial, destaca que el tribunal de trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro no resulta competente para entender en las presentes actuaciones, toda vez que por aplicación de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 27.348, corresponde que la causa sea tramitada ante la justicia del trabajo de la jurisdicción donde tiene domicilio la Comisión Médica que intervino, en este caso, la de la localidad de Zárate.
Sostiene que es erróneo el razonamiento del juzgador por el cual consideró que la acción fue iniciada dentro del plazo de 90 días previsto por la ley 15.057, ello así, toda vez que el actor fue notificado fehacientemente de la clausura del expediente administrativo con fecha 26 de noviembre de 2019, habiendo interpuesto la demanda el día 31 de julio de 2020, encontrándose por ende el plazo contemplado en la norma ampliamente cumplido.
Finalmente, defiende la validez constitucional de los arts. 1, 2 y 14 de la ley 27.348, y de la ley de adhesión 14.997.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el capital reclamado en la demanda- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021 y L. 129.801 "Andrada", resol. de 21-VI-2023; e.o.). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e. o.).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En ese contexto, se impone señalar que respecto de la objeción planteada en torno a la atribución de competencia territorial del tribunal de trabajo la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que el tratamiento del embate remite a cuestiones estrictamente procesales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018, L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020; L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022 y L. 130.085, "Pedrozo", resol. de 10-IV-2023). Para más, siquiera ha denunciado la recurrente doctrina legal vinculada con dicha temática, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022).
Cabe agregar, que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 127.711, "Zapata", resol. de 11-II-2022 y L. 130.710, "Moreira", resol. de 26-XII-2023).
III.3. En lo relativo a la argumentación direccionada a cuestionar el rechazo de la excepción de cosa juzgada administrativa, tampoco se observa la concurrencia del supuesto excepcional previsto por el citado art. 55 de la ley 11.653, desde que en la pieza recursiva se traen a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa de los tribunales de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -tales como son, en el caso, las vinculadas al modo de contabilizar el plazo previsto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 (causas L. 118.595, "Machado", resol. de 9-IX-2021; L. 127.700, "Guinea", resol. de 10-II-2022 y L. 129.740, "Miceli", resol. de 27-II-2023); incumpliendo -una vez más- el compareciente con la ineludible carga de invocar la transgresión de doctrina legal de esta Suprema Corte (causas cit.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que inauguran el acuerdo, dejando a salvo mi opinión en lo concerniente a la denunciada violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte -en el acotado marco de la excepción establecida en el mencionado art. 55 de la ley 11.653- comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas adjetivas o de forma (vertida, entre otras, en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, lo hago a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias tal como lo he decidido recientemente en la causa L. 123.841, "Tossi" (sent. de 29-X-2021) a la que, por razones de economía y celeridad, me remito.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2024 10:00:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2024 09:43:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2024 13:08:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2024 10:02:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2024 10:44:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/03/2024 10:59:39 hs. bajo el número RR-135-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia