Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129636
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón rechazó la acción iniciada por el señor Javier Ignacio Marcos contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in-itinere que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 30-V-2022).
Para así resolver, tras destacar la validez constitucional del régimen establecido por el Título I de la ley 27.348, a la vez de lo resuelto por esta Corte en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), sostuvo que de las constancias obrantes en la causa surge que el plazo de 60 días hábiles administrativos establecido por el art. 3 de la mencionada ley 27.348 y por la resolución SRT 298/17 no se encontraba vencido a la fecha de la iniciación de estas actuaciones, por lo que no se hallaba expedita la vía judicial.
En tales condiciones, juzgó que el actor no dio cumplimiento con lo normado por el art. 2 de la citada ley 27.348, no habiendo transcurrido además el plazo previsto por su art. 3 para configurarse el silencio administrativo.
II. Contra dicha decisión el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-VI-2022), siendo concedido por el a quo en fecha 7 de septiembre de 2022.
En dicha presentación relata los antecedentes del caso y denuncia que el pronunciamiento de grado es absurdo, arbitrario y violatorio del principio de congruencia.
En ese orden, alega que se encuentran reunidos en autos la totalidad de los requisitos exigidos por el art. 1 de la ley 27.348 para tener por agotada la instancia administrativa previa y obligatoria allí prevista, hallándose ampliamente vencido al momento de la interposición de la presente acción el plazo de 60 días hábiles desde la primera presentación debidamente cumplimentada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sin perjuicio de otras consideraciones, corresponde observar -liminarmente- que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
III.2. En este contexto, se impone señalar que no se observa -en el caso- la concurrencia del mentado supuesto excepcional, toda vez que, además de referirse los agravios traídos a estrictas cuestiones de hecho y prueba, cuya definición es privativa de los jueces de grado y detraídas de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 127.605, "Pardo", resol. de 7-III-2022 y L. 127.564, "Pereyra", resol. de 27-V-2022), la única doctrina de este Tribunal que el recurrente cita en apoyo de su crítica se vincula al principio de congruencia, encontrándose también su examen marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023; e. o.).
III.3. Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Nuñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/03/2024 09:08:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2024 19:48:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 09:13:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 11:34:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 12:01:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/03/2024 13:56:37 hs. bajo el número RR-204-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia