Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126627
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.627, "Carrizo, Sonia Isabel Natividad contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de 3-VIII-2020).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-VIII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por la señora Sonia Isabel Natividad Carrizo y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, con motivo de la minusvalía que contrajo como consecuencia del accidente in itinere que protagonizó el día 14 de marzo de 2017.
En lo que resulta relevante, declaró que la accionante resultaba acreedora de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de la ley 24.557, calculada según las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
En ese marco, cuantificó el ingreso base mensual del trabajador partiendo de lo informado por la accionada en el escrito electrónico de fecha 19 de febrero de 2020 -calculado conforme las pautas del apartado 1 del mentado art. 12- y arribó a la suma de $41.036,52, utilizando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). A este monto le aplicó, desde la fecha de la primera manifestación invalidante (en el caso, del accidente, 14 de marzo de 2017) y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva (fecha de su pronunciamiento), un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. art. 12, inc. 2, ley cit., totalizando la suma de $56.654,22), elevando el ingreso base de la actora a la suma de $97.690,22.
Sobre esa base, procedió a calcular el importe de dicha prestación dineraria, de acuerdo a las pautas mencionadas ($97.690,22 x 53 x 31,54% x -65/54-), arribando a un monto total de $1.965.659,29.
Establecida la suma total de condena en concepto de capital, se introdujo al análisis de los alcances de lo normado en el tercer párrafo del art. 11 de la ley 27.348.
A tal fin, examinó inicialmente el primer acápite del nuevo art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo y señaló que su incorporación supuso, por un lado, una migración del salario previsional al laboral que -en consonancia con el principio de primacía de la realidad- admite genuinamente la naturaleza salarial de la totalidad de los ingresos que percibe un trabajador como contraprestación de sus tareas; criterio que estimó aplicado por el Máximo Tribunal nacional y la Suprema Corte provincial. Ello así, por cuanto determinó que las garantías que protegen la intangibilidad del salario no solo encuentran apoyo en el citado art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino también -fundamentalmente- en el art. 14 bis de la Constitución nacional, en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en aquellas otras disposiciones que resguardan la indemnidad psicofísica del trabajador. Por otro lado, dijo también, importó abandonar la referencia salarial diaria mensualizada para considerar el promedio total de los salarios devengados y receptar la actualización mes a mes de cada una de las sumas determinadas con los criterios expuestos, aplicando para ello la variación del índice RIPTE.
Por su parte, indicó que el inc. 2 de aquella norma establecía que "...la suma así determinada en concepto de ingreso base [...] devengar[a] desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización (en el caso, de la presente sentencia), un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina", señalando, en tal sentido, que lo mencionado implicaba "...un claro supuesto de interés legal" (pág. 19).
En consecuencia, a través de una correcta interpretación de lo expuesto, meritó que "...la aplicación de tales intereses no supone una compensación por mora ni cumple una función punitoria, [sino que] [...] sólo parecen [...] destinados a sustituir al RIPTE como mecanismo de actualización del valor del ingreso base" (pág. cit.).
Sentado ello, sostuvo la inexistencia -entre ambos períodos- de superposición alguna de aplicación de tasa de interés activa, siendo que -a su criterio- los incs. 1 y 2 del citado art. 12 conducen a considerar el ingreso base a valores salariales actuales. En ese entendimiento, interpretó que el mecanismo utilizado por el legislador pretende justipreciar al mismo como una deuda de valor y no como una deuda de dinero; es decir, "...una prestación [...] que debe ser debidamente cuantificada en dinero a la fecha del pago" (pág. 20).
Dicho lo anterior, analizó que -según su interpretación- debía otorgársele al párrafo tercero de la norma bajo tratamiento, "...a los efectos de no incurrir en una operación disvaliosa que vulnere el derecho de propiedad de la accionada", en tanto, en el caso de aplicar la tasa de interés a la que allí se alude, "...sin dudas importaría plasmar una yuxtaposición de intereses mediante la aplicación de la tasa activa por similares períodos". Siendo ello así y en la inteligencia de que la aludida tasa activa tiene componentes propios de la actividad de las entidades financieras y bancarias que no se compadecen con los intereses que debe afrontar el deudor moroso, entendió que los intereses debían calcularse desde la fecha de exigibilidad del crédito (esto es, 14 de marzo de 2017) hasta el dictado de la sentencia, a una tasa pura del 6% anual (v. última pág. cit.).
Agregó que si bien dicha normativa, técnicamente no importa ser un mecanismo de indexación en el sentido literal del término, aun así, por tratarse de una ley especial y posterior, puede diferir de lo establecido por la ley 23.928.
De este modo, finalmente dispuso implementar sobre el capital de condena intereses moratorios calculados a una tasa pura del 6% anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito (en el caso, 14 de marzo de 2017) hasta la de su resolutorio (4 de agosto de 2020), y luego, que el importe resultante de la acumulación de capital y dichos accesorios devengue hasta el efectivo pago un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, todo ello con sustento en los arts. 770 del Código Civil y Comercial y 12 inc. 3 de la ley 24.557 (modif. por la referida ley 27.348; v. págs. 22 y 30).
II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco provincial interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 768, 770 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 y concordantes de la ley 24.557 -texto según el art. 11 de la ley 27.348-; 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme el art. 4 de la ley 25.561-; 44 inc. "d" y concordantes de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 24-VIII-2020).
II.1. En primer término, cuestiona el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348) esgrimido al contestar la demanda. Afirma que la decisión es absurda y afecta las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
Se agravia de la aplicación de la tasa de interés activa como mecanismo para actualizar el ingreso base mensual.
II.2. A su vez, objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo (texto según ley 27.348), asegurando nuevamente que se conculca el principio de razonabilidad.
Alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los citados precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí establecidas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
En ese entendimiento, manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo resulta absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia dictada por el tribunal de trabajo, la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
Afirma que la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial citado en la sentencia no refiere a un mecanismo de actualización de deudas, sino a un modo especial de computar los intereses.
III. El recurso no prospera.
III.1. El cuestionamiento dirigido a impugnar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -reformado por la ley 27.348- y, por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y la posterior estimación de la prestación dineraria, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de 21-X-2022).
De allí que ha de permanecer incólume este tramo del pronunciamiento de grado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Sentado lo anterior, tampoco es de recibo el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia.
III.2.a. Circunscripta la potestad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.369, "Chiodi", sent. de 30-XII-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 126.342, "Gaddi", sent. de 27-VI-2023 y L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023), puede observarse que los agravios traídos por el recurrente lucen insuficientes para neutralizar lo decidido en la instancia de grado.
III.2.b. Es que los argumentos que despliega el impugnante contra el modo en que el tribunal laboral aplicó el art. 12, inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, pretenden encontrar apoyo en su propia visión del caso en vinculación con la lectura que propone de las normas que refiere. Ello no alcanza para obtener la revocación de lo juzgado en el pronunciamiento objetado.
El discurso que trae el quejoso, con cardinal andamiaje en el inc. "c" del art. 770 del Código Civil y Comercial, parte de afirmar que la accionada a la fecha de la sentencia no incurrió en ningún supuesto de mora pues es obvio que al momento de su dictado no se verifica ninguna dilación en el pago de la liquidación ordenada judicialmente, como -asegura- exige la normativa aplicable.
Sin embargo, con tales afirmaciones se desentiende de que lo decidido por el órgano de origen se fundó en la interpretación realizada del contenido del mentado art. 12, inc. 3 de la ley 24.557 -texto modificado por la ley 27.348-; precepto que, en el entendimiento de que su aplicación no implicaba un mecanismo de indexación -como ley especial y posterior de la ley 23.928-, evaluó de forma conjunta con los incs. 1 y 2 del mismo artículo que -tal como dijo- ordenan actualizar el ingreso base mensual a la hora de cuantificar la prestación. De allí que -según precisó-resultaba evidente que la tasa de interés bancaria prevista en la norma en análisis no podía ser aplicada desde la fecha de la toma de conocimiento de la incapacidad, puesto que, de lo contrario, implicaría actualizar en el mismo período dos veces el importe del crédito.
Este último no es un dato menor si se considera que bajo esa inteligencia, también hubo de sostener que el punto de partida del cómputo de los intereses moratorios -situado en la exigibilidad del crédito- debía remontarse a la fecha de la primera manifestación invalidante; así, no aludió a ninguna hipótesis de incumplimiento de lo ordenado en la sentencia para aplicar la especial tasa de interés del último de los incisos del referido art. 12, más allá de que juzgó que debía operar -a causa de la "actualización" realizada del crédito- sobre el importe capitalizado y recién desde la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago.
III.2.c. Firme aquella motivación, pierde vigor el núcleo argumental sobre el cual pretende encontrar fundamento la impugnación.
Y en nada modifica la suerte adversa del recurso la reiterada remisión que efectúa el recurrente al mentado art. 770 del digesto civil y comercial, cuando una vez más pretende sortear el razonamiento del fallo para desconocer la" actualización" del crédito a la que allí se aludió conforme la lectura interconectada de los distintos preceptos del art. 12 de la ley laboral, tantas veces aquí citada.
III.2.d. Resta agregar, en línea con lo expuesto, que la doctrina legal cuya violación denuncia ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los del caso bajo análisis, lo que revela su falta de aptitud (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022 y L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023). Es que el impugnante acude a precedentes en los cuales en la decisión recurrida no se había abordado la cuestión bajo las aristas particulares relevadas aquí por el sentenciante.
III.2.e. En virtud de lo hasta aquí dicho, son aplicables las directrices que tachan de estéril al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento de grado (causas L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022 y L. 127.042, " L., M. L.", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Entonces, la insuficiencia en la fundamentación del medio de impugnación traído sella su suerte adversa, sin que quede margen para que esta Suprema Corte pueda ingresar en el análisis vinculado con el acierto sustancial de lo decidido por el órgano inferior en grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia