Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131476
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda promovida por la señora Vilma Estela Pérez y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" y 20 de la ley 24.557, con más la adición de intereses en la forma y el modo en que estableció (v. vered. y sent. de 19-V-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 9-VI-2023), ocasión en que se agravió del rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348- y, además, denunció la violación de la doctrina legal establecida por la Suprema Corte en materia de intereses moratorios.
El sentenciante de mérito, a su turno, lo denegó por considerar, en lo esencial, que el valor de lo cuestionado no superaba el exigido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, así como la inexistencia de doctrina sobre la interpretación del art. 12 de la ley 24.557, según ley 27.348, que configure la apertura de la instancia extraordinaria en los términos dispuestos por el art. 55 de la ley 11.653 (v. resol. de 11-X-2023), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 25-X-2023).
En sustancia, la recurrente alega que el cuestionamiento que porta el remedio extraordinario de impugnación excede el marco del estudio de su admisibilidad por configurar típicas cuestiones federales en los términos del art. 14 de la ley 48, argumento que, al momento de analizar los requisitos formales de admisión, fue soslayado por el tribunal de grado. Asimismo, reitera el agravio introducido en relación a la existencia de cuestión federal con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) para sortear la exigibilidad del requisito establecido en el referido art. 278 en relación al valor del litigio, como así también, aquel desplegado en torno a la denuncia de la doctrina que reputa violada en materia de intereses.
III. La queja prospera.
III.1. En principio, cabe resaltar que, en la especie, la impugnante no desconoce que el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L.126.959, "Rojas", resol. de 13-VII-2021).
No obstante ello, no puede soslayarse que el agravio dirigido a controvertir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, involucra, prima facie valorado, el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, tal como lo afirma la interesada.
En ese sentido, reiteradamente ha declarado esta casación que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, y 55 de la ley 11.653, debe introducirse en el tratamiento del mentado agravio, toda vez que -tratándose, prima facie valorado, de una cuestión federal- corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (CSJN, Fallos 308:490, in re "Strada"; Fallos 310:324, in re "Christou"; Fallos 311:2478, in re "Di Mascio"; S.C.B.A., cfr. doctr. causas L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016; L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017; L. 124.716, "Sosa", sent. 30-IX-2021 y L. 125.979, "Bogado", resol. de 20-XII-2021; e.o.).
Lo expuesto, en modo alguno importa adentrarse en el análisis de la fundabilidad -y suficiencia- de los agravios expuestos, que conciernen a las cuestiones federales que se denuncian y a la existencia, o no, de violación de la doctrina legal (art. 55 segundo párrafo in fine , ley 11.653).
III.2. En atención a lo dicho, carece de virtualidad el análisis de los restantes agravios desarrollados en el recurso de hecho traído de modo directo ante esta sede extraordinaria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Ac. 4.068/2022 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art.1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:11:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:13:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2024 13:02:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:04:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:20:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:17:00 hs. bajo el número RR-328-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia