Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130679
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores jueces doctores Soria, Genoud y Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Marcos Gabriel Carrera y, en consecuencia, condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que indicó en concepto de diferencia de indemnización por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva (v. pronunciamiento de fecha 1-XII-2022).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor tiene disminuida su capacidad laborativa en un 38,54% del índice de la total obrera. Luego, calculó la prestación dineraria que le correspondía percibir al trabajador ajustando el ingreso base mensual con el índice RIPTE de conformidad con lo establecido por el decreto 669/2019.
II. Contra dicha decisión, el actor interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 20-XII-2022), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. del 22-XII-2022).
En su presentación se agravia de la decisión del tribunal de grado con arreglo a la cual se estableció el ingreso base mensual aplicando retroactivamente el decreto 669/2019. Al respecto, argumenta que el fallo resulta contrario al principio que emana del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, y cita vulneradas doctrina legal de esta Suprema Corte. Alega también, la infracción al principio de congruencia, a cuyo fin menciona los precedentes que entiende transgredidos en la materia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 130.351, "Mier", resol. de 11-VII-2023), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.210, "Chiavetto", resol. de 9-VIII-2022).
Asimismo, el impugnante no ha expuesto razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
III.2. Sentado ello, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado respecto del agravio orientado a cuestionar la aplicación del citado decreto 669/2019, desde que la doctrina traída por el recurrente, en apoyo de su pretensión, no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 122.320, "Beneyto", resol. de 19-XII-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020; L. 126.871, "Salvador", resol. de 17-VIII-2021 y L. 128.387, "Rocha", resol. 26-IV-2022).
III.3. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.055, "Mier", resol. de 10-IV-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2024 21:39:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/05/2024 09:54:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:37:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:38:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:49:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:08:07 hs. bajo el número RR-661-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia